A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México, ningún responsable ha sido condenado por la justicia y, sobre todo, todavía no se sabe qué les hicieron a los jóvenes, por qué, ni dónde están.
Por eso los familiares conmemoran un nuevo aniversario de la tragedia con jornadas en las que exigen una justicia que no llegó durante las presidencias de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y que es un desafío para Claudia Sheinbaum, quien ha prometido que presentará avances cruciales de la investigación de un caso que le mostró al mundo la imparable tragedia de desapariciones que hay en México. En 2014, ya eran más de 30.000. Hoy, superan las 130.000.
🇲🇽🪧12 años sin respuestas y 43 jóvenes desaparecidos: Así se prepara la marcha por Ayotzinapa en Ciudad de México
— Errete en Español (@erreteespanol) September 26, 2026
Padres de los 43 desaparecidos encabezarán la Marcha Nacional acompañados de diversos colectivos y organizaciones en apoyo. pic.twitter.com/CqSAWgDKlY
"Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga", es el nombre elegido por familiares y activistas para esta semana en la que se recuerda lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
Testimonios recogidos por Tlachinollan, una reconocida organización de derechos humanos, dan cuenta del dolor que siguen transitando los familiares. "Los 12 años han sido muy difíciles, no quisiéramos seguir caminando más y queremos ya una respuesta de las autoridades, pero niegan e inventan sus mentiras históricas que hacen mucho daño", afirmó Hilda Legideño, madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño.
El mismo reporte reveló que, en estos 12 años, ya son ocho los padres y madres de Ayotzinapa que han muerto sin saber el destino de sus hijos. El resto, con el duelo irresuelto a cuestas, sigue en marchas, protestas y reuniones intermitentes con Sheinbaum.
Una de las principales movilizaciones de esta semana fue la que realizaron en Iguala, frente al campo militar que ocupaba el 27 batallón de infantería y a donde los padres y madres denuncian que, la noche trágica, fueron llevados 25 de los 43 jóvenes desaparecidos. Ahí, exigieron que el Ejército entregue 853 folios que guarda sobre el caso Ayotzinapa, y que contienen valiosa información que podría ayudar a saber qué pasó con las víctimas.
El horror
La noche del 26 de septiembre de 2014, jóvenes que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más pobres, tomaron camiones de larga distancia para viajar a una manifestación a la Ciudad de México, pero en la terminal de autobuses de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.
En la cacería, que continuó a lo largo de la madrugada, participaron policías municipales, estatales, federales y militares. El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón, estudiaba en Ayotzinapa y tenía 22 años. También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos con edades que oscilaban de los 17 a los 25 años.
Desde entonces, solo han sido recuperados los restos de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, pero se desconoce el paradero de los otros 40.
También ha habido cientos de detenciones policías, militares y presuntos narcotraficantes, pero decenas terminaron liberados porque fueron sometidos a torturas y el resto de los casos no avanza en tribunales. Entre los civiles, los arrestos de mayor impacto político han sido los del exfiscal Jesús Murillo Karam y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Sin embargo, en todo este tiempo no ha habido ninguna condena firme por la desaparición masiva que conmocionó a México, que tuvo repercusión internacional y que derivó en la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que dependía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que, en sus informes, documentó las falencias cometidas por las autoridades en todos sus niveles.
De hecho, durante el Gobierno de López Obrador el entonces secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que Ayotzinapa era "un crimen de Estado", pero las investigaciones, que habían logrado avances sustanciales, se frenaron cuando llegaron a apuntar hasta el Ejército.
