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"Ninguna compañía telefónica se opuso a entregar registros de clientes a la NSA"

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La corte encargada de supervisar los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU. aseguró hoy que dichos programas "son legales y constitucionales" y que ninguna compañía se opuso a entregar registros de sus clientes.
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La corte, creada por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) publicó hoy un documento con fecha de 29 de agosto y recién desclasificado por dicho tribunal, en el que su jueza, Claire Eagan, explica sus razones para volver a autorizar la recogida de registros telefónicos "de los proveedores de servicios telefónicos especificados". 

Eagan se refería al programa de la NSA apoyado, según el Gobierno de EE.UU., en la sección 215 de la 'Patriot Act' (Ley antiterrorista de 2001), por el que la NSA puede examinar a diario y de forma ilimitada los registros telefónicos de millones de clientes de las empresas Verizon, ATT y Sprint durante tres meses. 
 
De acuerdo con AP, en el documento Eagan declara que el programa de vigilancia telefónica "es legal y no viola los derechos de los estadounidenses", dado que la protección de la privacidad garantizada por la Constitución de ese país "no se aplica a los archivos empresariales, como los registros de llamadas telefónicas".

Asimismo, la jueza reveló que ninguno de esos gigantes de las telecomunicaciones se ha resistido nunca a obedecer una orden de la justicia para que entregaran los registros de sus clientes a la NSA. "Hasta ahora, ningún poseedor de registros que recibiera una orden de entregar metadatos telefónicos en masa ha cuestionado la legalidad de ese tipo de orden", expresó la letrada. 

El director de la Inteligencia Nacional de EE.UU., James Clapper, celebró en un comunicado que el memorando hable de la recogida de registros telefónicos como algo "legal y constitucional". 
 
Sin embargo, el portavoz del grupo de derechos civiles Unión Para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Jameel Jafeer, consideró que la opinión judicial "no es convincente en absoluto", aseverando que el dictamen solo "confirma el disparate de confiar los derechos de privacidad a una corte que solo escucha los argumentos del Gobierno".  
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