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Lavabit apela contra el Gobierno de EE.UU. por exigirle la entrega de claves

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Lavabit, el servicio de correo electrónico empleado por Edward Snowden, inicia su batalla legal contra el Gobierno de EE.UU. La compañía apeló una orden judicial que le exigía entregar las claves SSL que protegían el tráfico de la página web.
"El Gobierno propuso examinar y copiar los registros más sensibles y protegidos de Lavabit pese a que esas claves no eran objeto de contrabando, no eran fruto de un crimen, no se usaron para cometer ningún crimen y no constituían la prueba de ningún crimen. A pesar de eso, el Gobierno obtuvo una orden para registrar y confiscar la propiedad de Lavabit simplemente porque creía que la información le sería útil", apunta la apelación, citada por el portal Wired.

El pasado mes de agosto el servidor Lavabit, con sede en Texas, se vio obligado a cerrar tras negarse a eludir sus propios sistemas de seguridad para cumplir con las órdenes recibidas del Gobierno de EE.UU. de rastrear la dirección IP de Internet de un usuario de este servidor en el marco de la investigación de ciertos delitos.  

Entonces, el nombre del usuario en cuestión se ocultó, pero entre los delitos que se investigaban figuraba la violación de la Ley de Espionaje, lo que, según los expertos, daría a entender que el usuario en cuestión sería el denunciante de la NSA, Edward Snowden.
   
Según la orden, la finalidad era investigar a tan solo una persona. No obstante, la entrega de las contraseñas permitiría a las autoridades acceder a la información de todos los usuarios. En concreto, la apelación subraya que las claves SSL permitirían al Gobierno de EE.UU. leer o incluso 'espiar' a cualquiera de las 400.000 personas que usaban Lavabit, pero las autoridades insisten en que ese no era su objetivo.
 
Tanto el fundador del servicio, Ladar Levison, como su abogado están sujetos a una orden de silencio que les impide hablar sobre los detalles del caso. 

Con el cierre de Lavabit, Levison perdió su fuente de ingresos. Sin embargo, mediante una campaña de financiación colectiva logró recaudar 90.000 dólares para costear la apelación. Una apelación que deberá recibir una respuesta por parte del Gobierno estadounidense el próximo 4 de noviembre.
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