Alcaldes de EE. UU. contra la ley de Arizona y por la reforma migratoria
La Conferencia de Alcaldes de EE. UU. aprobó hoy sendas resoluciones que condenan la controvertida ley SB1070, que criminaliza a los indocumentados en Arizona, y piden que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral, informó la agencia EFE.
Las resoluciones no vinculantes se aprobaron durante la reunión anual de alcaldes estadounidenses en la ciudad de Oklahoma City, Estado de Oklahoma, y figuraron entre decenas de medidas sometidas a votación durante el encuentro.
"Con esto queda marcada la posición de los alcaldes sobre el tema de la inmigración. El siguiente paso será enviar estas resoluciones y documentos aprobados por la Conferencia de Alcaldes al Congreso y la administración de Obama, para que sirvan como recomendaciones para los responsables de las políticas", dijo una fuente anónima de la Conferencia.
La ley en cuestión, que entrará en vigor el próximo 29 de julio a menos que lo impida un tribunal federal, criminaliza la presencia ilegal en Arizona y permite que la policía, al hacer una detención, pregunte sobre el estatus migratorio de quienes sospeche que son indocumentados.
La resolución 41 del alcalde de Phoenix (ciudad que, curiosamente, está en el Estado de Arizona), Phil Gordon, rechaza la SB1070, respalda las demandas presentadas en contra de la ley y pide que la Conferencia presione al Congreso para que ponga en marcha, con apoyo bipartidista, una reforma migratoria integral. Gordon dijo que con este voto, la Conferencia ha enviado una clara señal de condena de la ley y de cualquier esfuerzo por inspirar medidas similares en otros estados.
"No sólo es un mensaje poderoso sino que ahora (la Conferencia) se ha convertido en un poderoso grupo de presión", dijo Gordon, al señalar que los alcaldes de Nueva York, Mike Bloomberg, y de Chicago, Richard Daley, apoyaron su resolución.
La resolución 42 del alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, por su parte, también pide aumentar las presiones políticas para una reforma migratoria que incremente la seguridad fronteriza e incluya una "tolerancia cero" contra los pandilleros, contrabandistas e indocumentados que cometan crímenes en suelo estadounidense.
También solicita que esa reforma promueva la reunificación familiar, incremente las sanciones a empresas que contraten a indocumentados y cree un programa de trabajadores huéspedes en base a las demandas del mercado laboral en EE. UU.
Además, apoya una vía para la legalización de los alrededor de doce millones de inmigrantes indocumentados en el país, siempre y cuando éstos aprendan inglés, no tengan antecedentes penales, paguen sus multas, estén al día con sus impuestos y se pongan "al final de la cola" para obtener su residencia permanente.
Varios de estos puntos forman parte de una propuesta marco presentada en el Senado pero que aún no figura en el calendario legislativo.