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La Fiscalía presenta querellas contra Artur Mas por la consulta del 9N
La Fiscalía General de España ha presentado este viernes una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por delitos cometidos durante el proceso participativo del 9N, informa el periódico 'El País'.
La Fiscalía General acusa a Mas de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones durante el proceso participativo del 9N.
A las 12.20 (hora española), el registro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido la denuncia, firmada por el Fiscal Superior, José María Romero de Tejada.
La querella también afecta a la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, acusadas de los mismos delitos.
Así, Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado, ha decidido presentar las acusaciones, respaldadas casi de manera unánime por la Junta de Fiscales el pasado miércoles, por todos los delitos que propuso en un principio contra los tres dirigentes.
El fiscal jefe catalán ha tenido que presentar la denuncia por orden del fiscal general del Estado, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Cataluña) a acusar al presidente de la generalitat.
Torres-Dulce basó la acusación de delito por desobediencia en su desprecio a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional contra la consulta celebrada el 9-N, alegando afirmaciones como “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno”.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que puede existir delito de malversación alegando que “se han realizado gastos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito” y que las actuaciones del Gobierno catalán son “ontológicamente ajenas a la función pública”. En cuanto al delito de prevaricación, derivaría de “la continuada actividad adminisitrativa destinada a dar soporte material y personal al proceso suspendido".
Si finalmente, y tras el consiguiente procedimiento una vez registrada la querella, Artur Mas es llamado a declarar como imputado, habrá de acudir personalmente al interrogatorio, ya que la prerrogativa de la declaración por escrito está limitada a los casos en los que declara como testigo.
A las 12.20 (hora española), el registro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido la denuncia, firmada por el Fiscal Superior, José María Romero de Tejada.
La querella también afecta a la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, acusadas de los mismos delitos.
Así, Eduardo Torres-Dulce, el fiscal general del Estado, ha decidido presentar las acusaciones, respaldadas casi de manera unánime por la Junta de Fiscales el pasado miércoles, por todos los delitos que propuso en un principio contra los tres dirigentes.
El fiscal jefe catalán ha tenido que presentar la denuncia por orden del fiscal general del Estado, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Cataluña) a acusar al presidente de la generalitat.
Torres-Dulce basó la acusación de delito por desobediencia en su desprecio a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional contra la consulta celebrada el 9-N, alegando afirmaciones como “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno”.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que puede existir delito de malversación alegando que “se han realizado gastos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito” y que las actuaciones del Gobierno catalán son “ontológicamente ajenas a la función pública”. En cuanto al delito de prevaricación, derivaría de “la continuada actividad adminisitrativa destinada a dar soporte material y personal al proceso suspendido".
Si finalmente, y tras el consiguiente procedimiento una vez registrada la querella, Artur Mas es llamado a declarar como imputado, habrá de acudir personalmente al interrogatorio, ya que la prerrogativa de la declaración por escrito está limitada a los casos en los que declara como testigo.
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