Guatemala defiende sus derechos laborales ante la crítica de EE. UU.
La Secretaría de Trabajo en la Administración federal estadounidense solicitó al Gobierno de Guatemala información sobre el cumplimiento de los derechos laborales de sus ciudadanos, en el marco del Tratado de Libre Comercio que unía a los dos estados junto a otros centroamericanos. La respuesta guatemalteca expresó una 'extrañeza' respecto al documento y la forma en que fue expedido.
Según Estados Unidos, “Guatemala no está cumpliendo con sus obligaciones respecto a la aplicación efectiva de su legislación sobre el derecho de asociación, el derecho de organizarse y negociar colectivamente, y las condiciones aceptables de trabajo”. Washington solicitó al Gobierno de Guatemala, en forma pública, unas 'consultadas laborales' para constatar el respeto de los derechos laborales en este país centroamericano.
El documento al que refiere la Secretaría había sido firmado entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América en 2004 y está conocido como CAFTA-RD por las siglas de su denominación oficial completa. Y la petición como tal, se basa en ciertas denuncias presentadas aún en abril de 2008 por varias organizaciones laborales guatemaltecas y una internacional, donde se quejaban de la falta de aplicación efectiva de la legislación laboral del mencionado país.
La denuncia no concretizaba los hechos referidos de aquella práctica aplicativa, al mismo tiempo que aseguraba que las empresas y los trabajadores de EE. UU. compitiesen en una situación de igualdad y se respetasen los derechos laborales en los países con los cuales tenían una relación comercial.
Dicha 'extrañeza' que causó la comunicación recibida y sobre todo la forma de hacerla pública se debió a que las autoridades de Guatemala siempre aceptaban, según la Cancillería de este país, las consultas ministeriales y manifestaba que las mismas ofrecerían una buena oportunidad para evaluar las prácticas de protección laboral. Con esta razón en el país mesoamericano sospecharon que en la Casa Blanca pudieran existir consideraciones políticas ajenas al tratado mencionado.
No obstante, la parte guatemalteca reiteró “su firme compromiso con la protección de los derechos laborales” en el país. Se admite en la respuesta la existencia de “dificultades legales e institucionales” para asegurar un régimen de protección plena, pero en este sentido se acentúa la ausencia de cualesquiera respuestas por parte del mismo Departamento de Trabajo de EE. UU. a las cartas de propuestas constructivas que Guatemala le había enviado anteriormente.
Al mismo instante que sucedió la bronca, se dio a conocer que el jurista español Carlos Castresana que encabezaba desde 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), decidió concluir anticipadamente su mandato como jefe de ese organismo. Según su propia declaración, se iba del país con la sensación de haber dejado “la tarea incompleta”.