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En Argentina se investigarán los crímenes del franquismo

Publicado: 4 sep 2010 14:03 GMT

Ayer en Argentina se reabrió la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura de Francisco Franco. Así, un tribunal de apelaciones de Buenos Aires respondió a las reclamaciones de los organismos humanitarios y familiares de víctimas del franquismo.

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Ayer en Argentina se reabrió la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura de Francisco Franco. Así, un tribunal de apelaciones de Buenos Aires respondió a las reclamaciones de los organismos humanitarios y familiares de víctimas del franquismo.

Hace dos meses la jueza federal  María Servini de Cubría denegó investigar las causas de un grupo de familiares de origen español. Ella archivó la querella, presentada el pasado mes de abril, al amparo de un dictamen del fiscal Federico Delgado que decía que "en España se están investigando esos hechos y esto no tiene base probatoria”, según dijo a la agencia EFE el abogado Ricardo Huñis.

El tribunal declaró nula esa resolución y aceptó la petición de la querella para que por vía diplomática se pida a España que informe si en los tribunales nacionales se están investigando éstas y otros crímenes de lesa humanidad entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.  El tribunal de apelaciones, La Cámara  Federal de Buenos Aires, reconoce la jurisdicción de la justicia argentina porque se trataría de delitos universales que no prescriben. Además, la denuncia se basa en el principio de “jurisdicción universal” que rige sobre los delitos de lesa humanidad.

Las causas fueron abiertas por el conocido juez español Baltasar Garzón, que llevaba la investigación de los crímenes de franquismo que permanecían impunes a causa de la ley de amnistía de 1977. Argentina es sede judicial del caso después de que Garzón fuera apartado de sus funciones por prevaricación en mayo de este año.

La querella pidió listas de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante los tiempos de dictadura, e información sobre “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas”.

Entre las demandas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

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