Los republicanos planean endurecer la posición de inmigrantes en EE. UU.

La comunidad hispana en Estados Unidos comenzó a sentir ya los efectos de un nuevo balance de fuerzas entre los demócratas y los republicanos en el país. En el año 2011 en sus más de 20 estados se prevén debates sobre la aplicación de leyes, parecidas a la Ley de Arizona, que endurezcan significativamente la posición de los inmigrantes ilegales en el territorio estadounidense. Y, con la mayoría republicana en las cámaras legislativas, esos nuevos reglamentos tienen toda la posibilidad de entrar en el poder.

La posición de los indocumentados pronto puede resultar gravemente empeorada en Georgia, Mississippi, Texas, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Florida y la lista todavía está fuera de conclusión. En todos esos estados ahora se preparan o ya están preparados los documentos que potencialmente llevarán a múltiples deportaciones de los inmigrantes ilegales, que ahora viven en la nación.

El gobernador de Texas, por ejemplo, denomina como uno de sus fines básicos acabar con así nombradas 'ciudades-santuarios', es decir, las localidades que -oficialmente o no- disponen de regímenes suaves para los inmigrantes. Habitualmente son pobladas por una gran comunidad de hispanos, que soportan a los recién llegados, y la policía allí no suele preguntar del estatus migratorio en cualquier ocasión.

Mientras tanto un legislador tejano, miembro de la Casa de Representantes Leo Berman, vino con el proyecto de la ley que pretende evitar que se hable español en el estado y que los documentos en su territorio sean escritos en cualquier idioma, excluyendo inglés.

Los demócratas anunciaron que en total serán presentadas, en la próxima sesión de la Cámara Baja de Texas, unas 40 leyes dirigidas contra los inmigrantes ilegales, informa AP. Los republicanos argumentan, que los indocumentados presentan el segundo problema más actual tras la economía, y que en mucho esos problemas están conectados. Estiman que el estado gasta al año en la gente que se encuentra de un modo ilegal en el territorio unos 5.000 millones de dólares, al dedicar este dinero a los programas sociales y de salud.

Los procesos parecidos suceden en el estado de Nebraska. Allí el senador Charlie Janssen preparó una iniciativa, según la cual no solo la policía recibirá los derechos de preguntar sobre el estatus migratorio de la persona que viole otras leyes -por ejemplo, la velocidad en el carro- sino los que no son ciudadanos de los EE. UU. tendrán que tener siempre consigo los documentos que confirmen su legalidad. Más de eso, según el proyecto: albergar, esconder o transportar a un 'sin papeles' también se convertirá en un delito, aunque menor.

A su vez, en Florida, el nuevo gobernador Rick Scott inmediatamente tras su llegada al poder ordenó que las empresas de su  demarcación apliquen el sistema federal 'E-Verify' para comprobar si la persona que están contratando se sitúa legalmente en el país. De tal manera, si contratan a un inmigrante ilegal, perderán la licencia de negocios.

Es natural, que las iniciativas así produjeron mucha polémica en suelo norteamericano. Múltiples organizaciones dentro del país acusan a los republicanos de atentar contra los derechos humanos y de recaer en una discriminación racial y nacional.

También recuerdan, que muchos sectores de la economía, como labores domésticas, jardinería, agricultura, restaurantes, dependen casi totalmente del trabajo de estos ciudadanos. “Ellos suministran cientos de millones de dólares de productos y servicios en el estado”, comenta a EFE Gary Walk, miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida. "Nuestro nuevo gobernador y sus legisladores pueden frenar el odio si ellos se comprometen a mantener a Florida unida. Pero ellos necesitan escuchar", concluyó.