El Senado de Arizona debate nuevas medidas antiinmigrantes
En el Senado de Arizona se debatirán este miércoles dos proyectos de ley, encaminados a negar automáticamente la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Según informa la agencia EFE, una de ellas, la SB 1308, otorgaría un acta de nacimiento con un distintivo a los hijos de inmigrantes indocumentados, mientras que la segunda, la SB 1309, definiría a un ciudadano de Arizona como un ciudadano de Estados Unidos, nacido en este país y que por lo menos uno de sus padres sea ciudadano por nacimiento o naturalizado.
El partido republicano, impulsor de esta iniciativa, argumenta que los inmigrantes ilegales utilizan a sus hijos nacidos en el país, para recibir beneficios públicos. Mientras que los demócratas interpretan que con esta iniciativa se negaría la ciudadanía incluso a los hijos de ciudadanos estadounidenses que tengan doble nacionalidad.
Otra iniciativa que será debatida este miércoles es la presentada por el senador republicano Russell Pearce, que afectaría a los inmigrantes indocumentados que reciben beneficios del estado. Los republicanos impulsan este proyecto, argumentando que la inmigración ilegal le cuesta anualmente al estado de Arizona unos 2.000 millones de dólares.
De aprobarse, este estatuto se uniría a la controvertida ley de inmigración de esa administración, que ya provocó una enérgica oposición del partido demócrata, quien sostiene que esta iniciativa es una estrategia política personal.
“Deberíamos estar pensando en darle un giro a la economía de Arizona y en no buscar un puesto más alto”, dijo el senador Richard Miranda, citado por Associated Press.
La iniciativa exigiría a los centros médicos de ese estado confirmar que el paciente que solicite atención médica resida legalmente en el país.
Además la medida endurece los requisitos para que los empresarios verifiquen si sus empleados están en condiciones de trabajar en el país, y aquellos que utilicen identificaciones falsas serían castigados con seis meses de prisión.
Con esta iniciativa se exige también a las escuelas reunir información sobre el estatus legal de los estudiantes y los reporten a las autoridades. Asimismo, los inmigrantes ilegales tampoco podrán conducir un vehículo, en caso contrario se incautará el automóvil y se castigará con una pena de 30 días de cárcel al conductor indocumentado.
Pero esto no es todo, además al entrar en vigor este proyecto de ley, se exigirá a las agencias públicas que revisen el estatus migratorio de las personas que alquilen una propiedad, y en el caso de un indocumentado, la agencia deberá desalojarlo del inmueble.
Medidas similares han sido presentadas en estados como Misisipi, Indiana, Texas, Oklahoma y Dakota del Sur.