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Los negocios de Arizona se alzan contra las leyes antiinmigrantes

Publicado: 29 mar 2011 12:00 GMT

Las consecuencias económicas en que incurrió Arizona al aprobar el año pasado la ley contra inmigrantes indocumentados han llevado a las cámaras de comercio y los empresarios de ese Estado norteamericano a unirse en contra de que se propongan leyes similares. La ley SB1070, que fue aprobada

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Las consecuencias económicas en que incurrió Arizona al aprobar el año pasado la ley contra inmigrantes indocumentados han llevado a las cámaras de comercio y los empresarios de ese Estado norteamericano a unirse en contra de que se propongan leyes similares.

La ley SB1070, que fue aprobada en abril pasado, criminaliza a los inmigrantes sin papeles y, aunque sus puntos más severos fueron suspendidos por vía judicial, causó una oleada de protestas en varias partes del país y en el extranjero que desembocaron incluso en el boicot de negocios y mercancías procedentes de Arizona o que llevan el nombre de este Estado.

De acuerdo con un análisis del Centro para el Progreso Americano (CAP) con sede en la ciudad de Washington, el boicot económico en contra de Arizona ha tenido un costo para el Estado de más de 140 millones de dólares.

Glenn Hammer, presidente y consejero delegado de la Cámara de Comercio de Arizona, dijo que el boicot tomó por sorpresa a muchos negocios, que se han reunido para rectificar el serio problema de imagen. "Esta es una coalición de 22 cámaras de comercio de Arizona y 60 dueños de negocios que están tratando de decirle a la legislatura estatal 'es suficiente, ya no más'", dijo Hammer.

El grupo de empresarios tomó el primer paso el pasado 17 de marzo cuando envió una carta al líder del senado estatal de Arizona, el republicano Russell Pearce, en la que expresaron su descontento con el efecto que ha tenido la ley SB1070 en la economía local y la posibilidad de que este efecto se agudice más si se continúan aprobando leyes similares.

Activistas locales consideran que esta carta fue un punto decisivo para que cinco iniciativas de ley fueran rechazadas por el pleno del senado estatal, incluyendo dos que pretendían negar la ciudadanía inmediata a los hijos de inmigrantes indocumentados.

"De ninguna manera queremos decir que favorecemos la inmigración indocumentada, pero creo que este es un tema que debe de enfrentar el Gobierno federal y no los estados", enfatizó Hammer.

Las cámaras de comercio están dispuestas inclusive a ir a Washington y llevar su mensaje a los legisladores federales que tienen en sus manos el poder de impulsar una reforma migratoria.

La ley de migración aprobada en Arizona facultaría a los policías del Estado a detener e interrogar a cualquier persona que por su aspecto físico parezca un inmigrante indocumentado. La normativa establece que la inmigración ilegal es un delito estatal y quien no pueda presentar sus documentos podría ser condenado a 6 meses de prisión.

Aparte de protestas, la ley incitó iniciativas similares en algunos otros estados del país.

Según el CAP, Arizona perdería unos 48.000 millones de dólares de su economía estatal si expulsara a todos los inmigrantes indocumentados que viven en el Estado.

Se estima que hay al menos 11 millones de indocumentados en EE. UU.

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