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Uruguay anula la ley de amnistía para criminales de la dictadura

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El presidente de Uruguay, José Mujica, anunció que no recurrirá a su derecho al veto en el tema de la suspensión de la ley de amnistía aprobada por el Senado el 12 de abril.
Uruguay anula la ley de amnistía para criminales de la dictadura

El presidente de Uruguay, José Mujica, anunció que no recurrirá a su derecho al veto en el tema de la suspensión de la ley de amnistía aprobada por el Senado el 12 de abril.

El martes el Senado uruguayo votó a favor de anular la Ley de Caducidad, que impedía el enjuiciamiento de efectivos acusados de haber violado los derechos humanos durante el último gobierno militar entre los años 1973 y 1985. La reforma fue aprobada tras 12 horas de acalorado debate con 16 legisladores del Frente Amplio -la coalición gobernante de izquierdas- a favor frente al rechazo de 14 senadores de los partidos Nacional y Colorado de oposición conservadora, así como del disidente oficialista Jorge Saravia.

El senador del Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro votó a favor del proyecto "por disciplina partidaria", pero anunció que estaba en desacuerdo con la mayoría y renunció a su escaño "para garantizar su derecho y su libertad". El político precisó que la suspensión de la Ley contradice los resultados de los referendos populares realizados en 1989 y en 2009, en los que los uruguayos se pronunciaron explícitamente a favor de mantener la norma en vigor.

Saravia, por su parte, acentuó que la abolición no contribuirá "a encontrar a los desaparecidos" durante la dictadura militar. Subrayó: "Al hacer esto se juega con el dolor de la gente".

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada en 1986. Estaba destinada a "concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional" y anulaba la capacidad de la Justicia uruguaya de castigar a los responsables de delitos contra la humanidad durante la dictadura.

Según comentó Rafael Michelini, senador del Frente Amplio cuyo padre fue asesinado en Buenos Aires en 1976, en su época la Ley de Caducidad entró en vigor porque "entre el valor de la paz y la justicia, se optó por la paz" y acentuó que ahora llegó "el momento de optar por la justicia".

Al ser ratificada por el Senado, la iniciativa pasó su mayor obstáculo. Ahora el último trámite es una nueva votación en la Cámara de Representantes, prevista actualmente para finales de mayo. Sin embargo, se considera que es una pura formalidad ya que en noviembre pasado ya se aprobó la reforma en esta Cámara. La última etapa será llevar el documento a manos de Mujica para que lo firme.

Una vez conocidos los resultados de la votación, la oposición insistió en que el presidente debe vetar la normativa si quiere cumplir con sus mensajes de la campaña electoral de 2009. José Mujica, por su parte, recordó que a la hora de asumir el Gobierno aclaró que es "enemigo del veto por una cuestión de principios". Subrayó: "No es una decisión del Ejecutivo vetar una ley del Parlamento. Le guste o no le guste".

Al llegar al poder en 2005, la izquierda autorizó los primeros procesos contra militares. Desde entonces en Uruguay se abrió un total de 16 juicios, entre ellos contra los exdictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry. Muy pronto se planteó también la iniciativa de anular la amnistía como tal.

Una vez en vigor la nueva legislación, llevará al banquillo de los acusados a decenas de personas. Se estima que durante la dictadura militar en Uruguay 'desaparecieron' unas 200 personas.

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