El Gobierno uruguayo anulará los decretos que frenaron los procesos contra los militares
El Gobierno de Uruguay anunció que esta semana anulará con un decreto todos los actos administrativos de gestiones anteriores que impiden investigar varios crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) en ese país.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó que este decreto se basa en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y anulará los actos administrativos dictados por anteriores gobiernos, que impedían investigar 88 casos de violaciones de derechos humanos bajo el amparo de la Ley de Caducidad, que permitió la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
La revocatoria de los actos administrativos habilitará la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso, o si corresponde o no desarchivar los expedientes, según ha explicado Breccia.
Asimismo, indicó que el decreto a firmarse el jueves o viernes próximo, “se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos” realizó por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.
En febrero pasado el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al Estado uruguayo por este caso. El fallo “dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación” y además establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica.