La marcha estudiantil en Chile acaba con enfrentamientos con la policía
La marcha estudiantil en la capital chilena desembocó en fuertes disturbios y enfrentamientos con los carabineros.
La protesta, que reunió a unas 30.000 personas entre estudiantes, obreros, jubilados, ecologistas y otras agrupaciones sociales, fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile por tercera vez en el último mes en demanda del fortalecimiento de la educación pública.
Estaba previsto que el acto central se desarrollase en la Plaza de Los Héroes. Durante la manifestación, que se llevó a cabo a lo largo de la avenida central de Alameda, los grupos de manifestantes llevaron a cabo coreografías e hicieron sonar tambores.
Sin embargo, la marcha acompañada con semejantes elementos culturales, se convirtió en una batalla campal con los policías cuando los estudiantes llegaron a una zona no autorizada para la concentración. Los carabineros lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión y los manifestantes respondieron con cócteles molotov, piedras y palos.
Según la agencia EFE, la manifestación dejó un saldo de al menos 62 detenidos y unos 50 heridos, 35 de ellos carabineros.
El presidente del país, Sebastián Piñera, llamó a los manifestantes al diálogo pidiendo poner fin a la violencia.
"Estoy convencido de que llegó el momento de terminar con la violencia, las tomas, los paros, que tanta destrucción y tanto daño han causado, y reencontrarnos con el camino del diálogo, los acuerdos y la acción", afirmó el mandatario.
A principios de julio Piñera trató de encontrar un compromiso con los estudiantes, anunció la creación de un fondo de 4.000 millones de dólares y propuso "un gran acuerdo nacional por la educación" con el fin de mejorar la calidad, el acceso y la financiación de la educación superior.
Sin embargo estudiantes y profesores no quedaron satisfechos con la propuesta y siguen exigiendo aumentar los recursos para la educación, abaratar los precios del transporte público para este sector, mejorar las condiciones de los créditos que deben pagar los universitarios para financiar sus carreras, reducir las desigualdades en las escuelas públicas y no promover la privatización del sector.