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La justicia de EE. UU. censura el espionaje del Gobierno a celulares privados

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La justicia estadounidense empieza a reaccionar ante el espionaje del Gobierno a sus ciudadanos a través de sus teléfonos móviles, un asunto que ha tenido un gran impacto en la sociedad.

La justicia estadounidense empieza a reaccionar ante el espionaje del Gobierno a sus ciudadanos a través de sus teléfonos móviles, un asunto que ha tenido un gran impacto en la sociedad.

El pasado mes de julio, el jefe antiterrorista del país norteamericano, Matthew Olsen, confirmó ante el Senado que los servicios de inteligencia pueden espiar a los estadounidenses usando las señales de sus teléfonos inteligentes.

Uno de los primeros casos de prohibición de esta práctica tuvo lugar en Nueva York, el pasado 22 de agosto. El juez Nicholas Garaufis del Distrito Este de Nueva York decidió que debe haber una causa creíble para que los servicios de seguridad soliciten la información de los celulares privados.

Fue la respuesta de la corte a la petición del Gobierno federal de obligar a la compañía Verizon Wireless a presentar datos de la ubicación del teléfono de un sospechoso.

El Gobierno aprovecha que la mayoría de la población siempre tiene su celular a mano, por lo que es fácil obtener información sobre su ubicación, recogida por las torres de telecomunicaciones. Muchos consideran que las acciones del Gobierno son ilegales, ya que violan la Cuarta Enmienda, que prohíbe allanamientos y arrestos no autorizados.

En el documento emitido por el tribunal, Garaufis incluso compara la situación con el control de los pensamientos por parte del Gobierno que se relata en la novela de George Orwell1984, advirtiendo que “vigilar nuestros movimientos con nuevas tecnologías y recopilar los datos sobre la ubicación de nuestros celulares sin respetar la Cuarta Enmienda acercaría EE. UU. a Oceanía”.

Ese mismo día, los legisladores del estado de California también aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que obliga a tener una autorización especial para acceder al contenido de los celulares privados.

Sin embargo, el proyecto de ley dicta que en casos excepcionales la policía no necesitará permiso especial, como por ejemplo cuando considera que la información del teléfono es necesaria para prevenir algún crimen.

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