El Senado español aprueba definitivamente la reforma constitucional
La reforma de la Constitución española fue aprobada definitivamente por el Senado, después de que lo hiciera el Congreso el 2 de septiembre. La modificación del artículo 135 de la Carta Magna fue respaldada por la Cámara alta sin aceptar las enmiendas que las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas habían presentado.
Esta reforma fue propuesta por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, con el telón de fondo de la grave crisis económica actual. Su objetivo es garantizar la estabilidad presupuestaria estableciendo la exigencia de alcanzar un déficit público cercano a cero en el año 2020. La medida causó mucha polémica, ya que para una parte de la sociedad española supondrá el establecimiento de más recortes sociales y laborales para los ciudadanos.
La reforma recibió el apoyo de los dos partidos mayoritarios, el gubernamental PSOE y el conservador Partido Popular. Para apelar la decisión del Parlamento, los diputados y senadores pueden pedir un referéndum durante el plazo fijado hasta el próximo 22 de septiembre. El referéndum se convocará solo si lo solicitan 35 miembros del Congreso o 26 del Senado, es decir, una décima parte de cada Cámara.
La celebración de una consulta popular es exigida por los partidos de izquierda, nacionalistas, los grandes sindicatos y el movimiento de los 'indignados' o Movimiento 15-M. La reforma es criticada por la rapidez con la que se ha tramitado: fue propuesta el 22 de agosto por el jefe del Gobierno e inmediatamente aceptada por el líder de la oposición, Mariano Rajoy. El proceso de tramitación se aceleró para concluir la reforma antes de que se disuelvan las Cortes a finales de septiembre.
Algunos expertos ven en esta nueva reforma una posible salida de la crisis, mientras que otros se oponen rotundamente a ella. Juan Díez-Nicolás, director del Instituto de Opinión Pública, cree que esta medida podría ayudar a España a reducir sus deudas y subraya que ahora son tan grandes que las tendrán que pagar las siguientes generaciones.
Por su parte, el analista económico José Antonio Vega considera que con la aprobación de esta iniciativa la población se sentirá más insegura. Explica que anteriormente cuando había problemas con el gasto público, esto no implicaba la reducción de los gastos sociales.