Egipto viola los derechos de las ONG para satisfacer al ojo que le vigila desde Washington

Hoy se ha reanudado el juicio contra el ex presidente egipcio Hosni Mubarak y cientos de personas exigen castigar al ex dirigente. A pesar de su derrocamiento, no han cesado los problemas internos del país, las protestas populares no han terminado y entre los indignados con el nuevo Gobierno ahora aparecen las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Computadores portátiles, teléfonos móviles, y un sinfín de documentos… Todos estos objetos de las organizaciones no gubernamentales fueron confiscados durante algunos allanamientos policiales. Aunque las autoridades egipcias se niegan a calificarlos como tales. Subrayan que se trató de una investigación legítima al trabajo de ciertas organizaciones sospechosas de operar sin permiso. Sin embargo, los miembros del Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura y los Profesionales del Derecho (ACIJLP, por sus siglas en inglés) no recibieron ninguna explicación oficial.

"No sabemos qué estaban buscando. Les dijimos que podíamos darles todo lo que quisieran pero entraron y revolvieron por todas partes sin darnos una explicación. No entendemos si lo que necesitaban eran los informes o algo más", contó a RT Abdel-Wahab, integrante del ACIJLP en El Cairo.

"El régimen de Mubarak no actuó contra las organizaciones de derechos humanos"

Al quedar ante las puertas cerradas de lo que antes era su oficina, los defensores de los derechos humanos no podían creer la irónica situación que les tocaba vivir. Durante el Gobierno de Hosni Mubarak, acusado de corrupción y represión de la libertad de expresión, nunca les había sucedido algo parecido. Pero ahora, que supuestamente su país lucha por la democracia, han tenido que soportar este atropello.

"Es algo nuevo para nosotros. El régimen de Mubarak no tomó una decisión contra las organizaciones de derechos humanos, por eso esto es una experiencia nueva para nosotros", sostiene Nasr Ameen, jefe del ACIJLP en El Cairo.

"Otros países presionan a Egipto"

Tras las rigurosas inspecciones de la semana pasada, las relaciones entre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que ahora controla el país, y los países occidentales se han 'calentado'. EE. UU. y Alemania denunciaron las auditorías. Pese a esta preocupación de Occidente sobre lo que sucede en Egipto, algunos creen que la intromisión extranjera conlleva más daños que beneficios.

"No me gusta el modo en que otros países presionan a las autoridades de Egipto. Este tipo de presión solo debería ser ejercida por los propios egipcios. Y por nosotros, como organización de derechos humanos tenemos que controlar la situación", afirma la directora ejecutiva del ACIJLP, Hoda Abdel-Wahab.

Varios activistas en Egipto creen que con estos allanamientos las autoridades tratan de castigarles por las acusaciones de fracaso en la implementación de reformas democráticas. Los expertos aluden a su vez que las autoridades egipcias se inquietan cada vez más por 'el ojo que les vigila' desde Washington. Y que el propósito real de esas acciones es averiguar si el patrocinio norteamericano se usa para desestabilizar a Egipto.

"Presenciamos una tendencia entre las opiniones de los militares y los altos cargos, que están desilusionados con la antigua amistad con Occidente. Posiblemente estén buscando evidencias para probar que los disturbios en las calles y en la plaza de Tahrir estuvieron promovidos de alguna manera por esas ONG", considera el analista político Mark Almond.

"A Washington no le conviene que haya un permanente descontento"

Aunque Estados Unidos siempre subraya la importancia de las relaciones con Egipto como uno de los protagonistas claves en Oriente Medio, detrás de estas expresiones diplomáticas podrían existir otros motivos que les muevan a apoyar a este país africano.

"Washington no quiere estabilidad. Le conviene que haya un permanente descontento y así puede usarlo como palanca en toda la región", cree el analista político William Engdahl.

Las autoridades egipcias prometieron a Washington suspender los registros y devolver las propiedades a las organizaciones no gubernamentales. Pero la resonancia del caso parece que no pasará sin dejar huella.