Reabren la investigación de la matanza de mil campesinos salvadoreños en 1981
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este 23 de abril celebra su 45º período de sesiones extraordinarias, va a examinar "una de las más grandes masacres de América Latina", como definen los defensores de derechos humanos a la carnicería del Mozote durante la Guerra Civil de El Salvador.
El 10 de diciembre de 1981 el ejército salvadoreño llegó al alejado cantón de El Mozote, compuesto por unas 25 casas, en el marco de su ‘Operación Rescate’ contra la güerilla paramilitar del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). A su llegada, los soldados interrogaron a los lugareños. Durante la noche mantuvieron a la población civil encerrada en sus casas, y a la mañana siguiente reanudaron los interrogatorios. Aquel mismo 11 de diciembre los autóctonos fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y, finalmente, los niños.
Entre el 11 y el 13 de diciembre en la zona del Mozote, los cantones La Joya y Cerro Pando y los caseríos La Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo incluidos, fallecieron más de 900 campesinos salvadoreños. La cifra aumenta si se tienen en cuenta las víctimas no identificadas.
Las primeras noticias sobre la masacre del Mozote afloraron un mes y medio después en ‘The New York Times’ y ‘Washington Post’. Ambos reportajes, que recogían el testimonio de algunos supervivientes de la tragedia, hablaban de una gran matanza de civiles indefensos a manos de las Fuerzas Armadas del país. El conservador ‘Wall Street Journal’, al igual que las autoridades estadounidenses, pusieron en duda la veracidad de la información. Por su parte, el gobierno salvadoreño negó todas las acusaciones aduciendo que se trataba de un intento de perjudicar la imagen del país llevado a cabo por periodistas de tendencia comunista.
El gobierno continuó negando la masacre hasta 1992, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense, un grupo de antropólogos experimentados por su labor en la exhumación de víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983), desenterraron en la zona numerosas osamentas. Tras analizar rigurosamente los orificios de bala, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que habían quedado los cuerpos, confirmaron que se hallaban ante los restos de una masacre.
En aquel entonces, el Gobierno de El Salvador cambió la postura: dejó de negar la matanza, pero constató la desaparición de los archivos militares de la época, lo que hacía imposible identificar a los responsables de la carnicería. También argumentó que, aunque se lograra determinar su identidad, los autores habrían estado amparados por la Ley de amnistía que otorga la extinción de la responsabilidad penal sobre crímenes de guerra, y, por lo tanto, no estarían sujetos a juicio.
La situación cambió recientemente, cuando el presidente actual del país, Mauricio Funes Cartagena, pidió perdón a los familiares de las víctimas a mediados de enero de 2012. Mencionó como responsables de la matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, al lugarteniente José Azmitia y al teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres.
"El Ejército sometió a muchas de las víctimas a tortura y violaciones sexuales. Aproximadamente la mitad de las víctimas eran niños y niñas (...) Cientos de víctimas sobrevivientes tuvieron que desplazarse de manera forzada y desde entonces no han regresado a su comunidad", señala el texto de la demanda que será examinada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta semana.
El documento reclama determinar quiénes fueron los responsables de la masacre y aplicarles las sanciones correspondientes. Solicita también que se mejoren las condiciones de vida en las zonas afectadas, que permanecen abandonadas desde hace 30 años. Según detalla la abogada Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en el marco de las audiencias serán presentados tres testimonios de supervivientes de las matanzas.
La guerra civil de El Salvador, que se prolongó entre los años 1979 y 1992, costó vida a unas 75.000 personas, desapariciones incluidas. Se estima que hasta un 80% de las víctimas de los crímenes de guerra fueron civiles. El conflicto armado concluyó en enero de 1992, con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su legalización como parte del sistema político del país.