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El Senado paraguayo destituye al presidente Fernando Lugo

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El Senado paraguayo ha destituido al presidente Fernando Lugo con sólo 4 votos en contra. La policía usó gases lacrimógenos y balas de goma contra los partidarios del presidente destituído.
El Senado paraguayo destituye al presidente Fernando Lugo
Fernando Lugo aceptó la destitución y comentó que se despide “como presidente”, pero “no como ciudadano”. El ya ex presidente comentó que acepta la decisión del parlamento, aunque considera que la ley ha sido “torcida como una frágil rama al viento”.

"Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, salgo por la puerta del corazón de mis compatriotas", agregó el ya ex presidente. "Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe", sino que es "la Historia paraguaya y su democracia la que ha sido herida profundamente", concluyó Lugo.

El ex mandatario llamó a sus partidarios a comportarse de forma pacífica, para que "la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país".

Los legisladores paraguayos rechazaron los argumentos de Unasur a favor de Lugo, al que acusaron de politizar las Fuerzas Armadas y desempeñar mal sus funciones de presidente.

La jefatura del Estado la ocupará provisionalmente el actual vicepresidente Federico Franco, que gobernará Paraguay hasta abril del 2013.

En la Plaza de Armas de Asunción se congregaron unas 5.000 personas para apoyar al presidente en este difícil momento. Junto a los manifestantes también se encuentran varios ministros del Gobierno actual.



Un grupo de partidarios del presidente destituido intentó acceder por la fuerza en el Congreso y la policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos.

El procurador de la República, Enrique García, defensor del presidente, dijo durante su intervención que "el juicio político es arbitrario, inadmisible e ilegal". "Se vició integralmente este procedimiento, razón por la cual, debe suspenderse este juicio político", prosiguió.

Además, García afirmó que “las horas establecidas son insuficientes para plantear la defensa”, lo que viola el proceso entero.

Hay voces que ven en el proceso contra presidente un mero pretexto para destituirlo. “Yo creo que tanto la Cámara de diputados como los observadores encontraron una excusa perfecta para destituir a Lugo tras más de tres años de intentos de desestabilizarlo”,  dijo a RT Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional.



Horas antes el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, había presentado una “acción de inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema para suspender el proceso político a que está siendo sometido.

El jueves el mandatario celebró una reunión con el secretario general de Unasur y los ministros de los países miembros. Alarmado por la situación que vive Paraguay, Unasur convocó una reunión extraordinaria para debatir la crisis. La organización ha apoyado al presidente Lugo y el objetivo de su llegada, según el canciller brasileño, es "asegurar el derecho de defensa de la democracia".
 

 

"He conversado con muchos mandatarios y, por supuesto, nos preocupa lo que está ocurriendo en Paraguay", dijo en un comunicado el presidente chileno Sebastián Piñera, que señaló que el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, se encuentra junto a la delegación de cancilleres de la Unasur que viajó a Asunción para tratar el asunto.
 
El secretario general de la organización, Alí Rodríguez, calificó lo que está sucediendo de “una ruptura del orden democrático”, ya que -afirma- “no se respeta el debido proceso”. "Evaluaremos en qué medida será posible mantener la cooperación con Paraguay”, concluyó.

 

A su vez, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, declaró que el organismo podría incluso llegar a cerrar fronteras con Paraguay en el caso de que Lugo sea destituido. Correa afirmó que el bloque podría "no reconocer al nuevo Gobierno e incluso llegar al cierre de fronteras", situación contemplada por "la cláusula democrática de la Unasur".

El juicio político arrancó tras la muerte de 17 personas durante el desalojo de campesinos de las tierras que, a juicio de las autoridades, ocuparon ilegalmente. Entre los 17 muertos 11 son campesinos y 6 representantes de las fuerzas de seguridad.    

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