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Arizona despoja a jóvenes inmigrantes de ayudas públicas
La gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, firma una orden que prohíbe a los jóvenes inmigrantes indocumentados -cuya deportación ha sido prorrogada por Obama-, beneficiarse de algunas ayudas públicas.
La orden fue firmada el miércoles por la gobernadora Jan Brewer, que había calificado la medida ordenada por el presidente Barack Obama -que permite a los inmigrantes jovenes 'posponer' la deportación por dos años para poder finalizar su carrera estudiantil o obtener experiencia laboral- de "aministía clandestina".
El miembro de la 'Unión del barrio', Ronald Góchez, cree que la introducción de una nueva iniciativa antimigratoria en Arizona es un mal ejemplo para otros estados, ya que promueve el racismo.
Con la introducción de esta medida, los ilegales no podrán obtener un carné de conducir o documentos de identificación. La medida es una respuesta a la nueva iniciativa que entró en vigor y que permite a los jóvenes en situación ilegal solicitar la suspensión de su deportación al menos durante 2 años. Mientras tanto, la llamada Dream Act sigue sin ser aprobada.
Según Ronald Góchez , la medida no supone “ningún coste" para el estado de Arizona, cuya gobernadora -asegura- "quiere quitarle cualquier tipo de beneficio” a la gente de su comunidad.
La aprobación de la orden radica en una motivación política, ya que -asegura el experto- Jan Brewer quiere ganar apoyo en su Partido Republicano.
La orden de Brewer fue condenada por la Unión Estadounidense de Derechos Civiles, aunque Gochez opina que tales organizaciones no pueden hacer casi nada, ya que no cuentan con mucho poder legislativo.
El miembro de la 'Unión del barrio', Ronald Góchez, cree que la introducción de una nueva iniciativa antimigratoria en Arizona es un mal ejemplo para otros estados, ya que promueve el racismo.
Con la introducción de esta medida, los ilegales no podrán obtener un carné de conducir o documentos de identificación. La medida es una respuesta a la nueva iniciativa que entró en vigor y que permite a los jóvenes en situación ilegal solicitar la suspensión de su deportación al menos durante 2 años. Mientras tanto, la llamada Dream Act sigue sin ser aprobada.
Según Ronald Góchez , la medida no supone “ningún coste" para el estado de Arizona, cuya gobernadora -asegura- "quiere quitarle cualquier tipo de beneficio” a la gente de su comunidad.
La aprobación de la orden radica en una motivación política, ya que -asegura el experto- Jan Brewer quiere ganar apoyo en su Partido Republicano.
La orden de Brewer fue condenada por la Unión Estadounidense de Derechos Civiles, aunque Gochez opina que tales organizaciones no pueden hacer casi nada, ya que no cuentan con mucho poder legislativo.
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