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La indignación española reta al Gobierno con la acción Rodea el Congreso
El descontento ciudadano moviliza a los españoles en la protesta Rodea el Congreso, que carga contra los políticos acusados de tener "secuestrada la democracia" y busca la dimisión del Ejecutivo y el arranque de un nuevo proceso constituyente.
Convocada por la Coordinadora 25-S y la plataforma ¡En Pie!, la protesta contempla diversas acciones y reuniones que desembocarán a las seis de la tarde (hora local) en 'el rodeo' de la Cámara Baja, donde, como es habitual cada martes, se celebra la sesión plenaria semanal de los diputados.
Según dijeron activistas a nuestra corresponsal, que se encuentra en el lugar de los hechos, mientras los manifestantes se movilizan, sus autobuses han sido interceptados por la Policia y todos han sido identificados.
De este modo, la iniciativa busca rescatar simbólicamente la sede de la soberanía española, que es víctima, aseguran, de "un secuestro llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con la colaboración de la mayoría de los partidos políticos".
(AFP/Dominique Faget )
Asimismo, el movimiento 15-M ha llamado a los ciudadanos de toda España a sumarse a la acción para “luchar por un nuevo modelo político, económico y social, y parar la agresión contra los derechos sociales, laborales y de las mujeres, el medio ambiente y los servicios públicos".
(EFE)
Aunque los organizadores de la acción han asegurado que su intención no es "ocupar el Congreso" sino "rodearlo" y "andar alrededor", y que no impedirán el tránsito de los diputados ni interrumpirán el funcionamiento de la institución, la Policía ha decidido blindar el edificio con tres anillos de seguridad con más de 1300 agentes antidisturbios.
(twitter.com/Madrid_RT)
Además, se les recordó a los manifestantes que el artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso de los Diputados cuando esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
Los activistas insisten en que sus actuaciones "no son ilegales" y dicen que no tienen intención de "imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del Congreso, sino visibilizar su secuestro fáctico por los poderes económicos".
(twitter.com/Madrid_RT)
(EFE)
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Según dijeron activistas a nuestra corresponsal, que se encuentra en el lugar de los hechos, mientras los manifestantes se movilizan, sus autobuses han sido interceptados por la Policia y todos han sido identificados.
De este modo, la iniciativa busca rescatar simbólicamente la sede de la soberanía española, que es víctima, aseguran, de "un secuestro llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con la colaboración de la mayoría de los partidos políticos".
(AFP/Dominique Faget )
Asimismo, el movimiento 15-M ha llamado a los ciudadanos de toda España a sumarse a la acción para “luchar por un nuevo modelo político, económico y social, y parar la agresión contra los derechos sociales, laborales y de las mujeres, el medio ambiente y los servicios públicos".
(EFE)
Aunque los organizadores de la acción han asegurado que su intención no es "ocupar el Congreso" sino "rodearlo" y "andar alrededor", y que no impedirán el tránsito de los diputados ni interrumpirán el funcionamiento de la institución, la Policía ha decidido blindar el edificio con tres anillos de seguridad con más de 1300 agentes antidisturbios.
(AFP/Dominique Faget )
Ante la iniciativa pacífica de la ciudadanía, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sugirió que "la última vez que se rodeó el Congreso fue por el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981 por unas personas que querían taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y querían ocupar la casa que es de todos".
(twitter.com/Madrid_RT)
Además, se les recordó a los manifestantes que el artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso de los Diputados cuando esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
Los activistas insisten en que sus actuaciones "no son ilegales" y dicen que no tienen intención de "imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del Congreso, sino visibilizar su secuestro fáctico por los poderes económicos".
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(EFE)
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