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Experto: La nueva ley "pretende criminalizar la protesta social en Chile"
El anuncio del presidente chileno, Sebastián Piñera, de nuevas iniciativas legislativas, especialmente dar "urgencia" a la ley Antiencapuchados y defender la aplicación de la Ley Antiterrorista en la región de la Araucanía, podría atentar contra los derechos de ciertas categorías de chilenos.
Las declaraciones presidenciales llegan dos semanas después de la sucesión de varios ataques en el territorio de la Araucanía, que se cobraron algunas víctimas mortales.
Por su parte Félix Madariaga, activista y defensor de derechos humanos, cree que estas leyes solo criminalizarían las protestas sociales en Chile.
"Estamos hablando de la famosa Ley Hinzpeter. Esta ley está impulsada desde septiembre del año 2011 cuando comenzaron a fluir las protestas estudiantiles en Chile. Es una ley que no ha sido apoyada por casi ningún parlamentario", empieza el experto.
Félix Mandariaga destaca el carácter represivo de las iniciativas legislativas del presidente: "La ley antiterrorista busca criminalizar a todos los que no estén de acuerdo con el sistema político chileno y fue creada para reprimir a los estudiantes y a los mapuches".
"Y si se llegase a aprobar esta ley sería macabro porque los dirigentes sociales podrán estar tres años en la cárcel. Los que llamen a una protesta social, a una protesta legítima, una protesta es un derecho humano, sería criminalizado en Chile", concluye Madariaga.
Por su parte Félix Madariaga, activista y defensor de derechos humanos, cree que estas leyes solo criminalizarían las protestas sociales en Chile.
"Estamos hablando de la famosa Ley Hinzpeter. Esta ley está impulsada desde septiembre del año 2011 cuando comenzaron a fluir las protestas estudiantiles en Chile. Es una ley que no ha sido apoyada por casi ningún parlamentario", empieza el experto.
Félix Mandariaga destaca el carácter represivo de las iniciativas legislativas del presidente: "La ley antiterrorista busca criminalizar a todos los que no estén de acuerdo con el sistema político chileno y fue creada para reprimir a los estudiantes y a los mapuches".
"Y si se llegase a aprobar esta ley sería macabro porque los dirigentes sociales podrán estar tres años en la cárcel. Los que llamen a una protesta social, a una protesta legítima, una protesta es un derecho humano, sería criminalizado en Chile", concluye Madariaga.
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