Suiza dijo “no” a abogados para animales

Los votantes de la Confederación Suiza, en un referendo popular, hoy rechazaron la propuesta del derecho de los animales a ser representados por un abogado.  

Un 71% de los habitantes del país votaron en contra de la iniciativa de la asociación Protección de los Animales en Suiza (PSA), que hace dos años pudo recoger más de 149 mil firmas para forzar la celebración de una consulta popular vinculante que obligara a decidir una ley para que todos los cantones contaran con un defensor oficial de animales.

Al comentar la situación, el abogado del centrista Partido Popular Cristiano, Jakob Buechler, dijo: “El pueblo suizo ha dicho claramente que nuestras leyes de protección de animales son tan buenas que no necesitamos abogados de animales”.  

Según las leyes de protección animal, modificadas hace dos años, Suiza cuenta con la legislación más severa en este ámbito. Cerdos, peces dorados, periquitos y otros animales llamados "sociales" no pueden ser mantenidos solos, y los caballos y vacas deben pastar periódicamente fuera de sus establos. Los dueños de perros tienen que recibir un entrenamiento especial para aprender a cuidar a sus mascotas.

Pero, de acuerdo con el diputado del Partido Verde, Geri Müller, la medida rechazada hubiera dado “voz propia” a los animales porque, de ser maltratados, “no tendrán ninguna forma de ser defendidos ante la Justicia”.

Tiana Angelina Moser, una abogada del Partido Liberal Verde, dijo que los activistas buscarán ahora otras formas para asegurarse de que las leyes contra el abuso a los animales sean aplicadas apropiadamente y que los abusadores sean castigados.

Hoy en día Suiza cuenta con tan solo un abogado que representa los intereses de animales, Antoine F. Goetschel, quien en sus declaraciones dijo representar a unos 150.200 animales anualmente en Zurich, mientras que en otros cantones apenas un puñado de casos va a los tribunales cada año.

La actual ley suiza prevé hasta tres años de prisión por maltrato animal, aunque en la inmensa mayoría de los casos los culpables acaban pagando multas de unos 300 euros promedio.