Los bosques de la Amazonía, amenazados más que nunca
Mientras los delegados de unos 200 países del mundo siguen reunidos en la ciudad sudafricana de Durban intentando acordar compromisos para hacer frente al cambio climático y avanzar en la renovación del Protocolo de Kioto, un acuerdo que fija objetivos para reducir la emisión de gases invernaderos, Brasil aprobó su polémico Código Forestal.
El documento ya apoyado en la Cámara de Diputados por una aplastante mayoría, fue votado este martes en el Senado. Con 58 votos a favor y 8 en contra, la reforma que flexibiliza las normas para preservar la vegetación y abre la puerta a una amnistía para deforestadores obtuvo luz verde.
El Código disminuye el territorio que no puede ser deforestado, las así llamadas Áreas de Protección Ambiental Permanente (APP) - los bosques ribereños, las cimas de las colinas y las áreas de reserva legal- cuando estén situados en propiedades privadas. Por ejemplo, las zonas protegidas a la vera de los ríos que actualmente suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasan a ser de solamente de 15 metros. La nueva legislación permitirá, además, a los hacendados que durante los últimos 10 años deforestaron zonas protegidas por la ley mantener su actividad agrícola y ganadera, eludir el pago de sanciones si regularizan sus propiedades en un plazo determinado.
En el país que tiene la cabaña bovina más importante del mundo y el mayor cultivo de café y cuya industria factura miles de millones de dólares con productos como soja, caña de azúcar y pastos para el ganado, la reforma puso a la sociedad en pie de guerra. Si el sector agropecuario sostiene que sin nuevas áreas aptas para agricultura Brasil no podrá desarrollar su pleno potencial económico, los ecologistas argumentan que las tecnologías modernas permiten aumentar la productividad en las superficies ya existentes. La única esperanza de los activistas ambientales es que a la hora de ratificar la nueva ley la presidenta Dilma Rousseff la vete.
El nuevo Código deja vulnerable entre 400.000 y 700.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía, según diferentes estimaciones, un territorio que equivaldría a España más Portugal o Suiza y Austria completas. En su comunicado respecto al asunto, la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil manifestó: “La ley condena a regiones enteras del país a convivir con ríos agonizantes, manantiales sepultados y especies en extinción”.
Según calcula un grupo de catedráticos brasileños en su carta conjunta que publicaron en la revista Science en julio pasado, una vez puesta en marcha la reforma, llevaría a un importante aumento de las emisiones de gas carbónico y pondría en peligro de extinción a, al menos, 100.000 especies. En el mundo moderno, se considera que la deforestación provoca cerca del 18% de las emisiones de dióxido de carbono.
La aprobación de la legislación se produjo tan solo un día después de que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) situara a la deforestación en la Amazonía brasileña entre agosto de 2010 y julio de 2011 en su nivel más bajo de los últimos 22 años.