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Los contratistas del Pentágono apuntan a Irán

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Al menos 13 importantes empresas internacionales han manifestado su deseo de volver al mercado iraní en los próximos meses, pese a que esto pondría en riesgo contratos muy lucrativos que tienen con el Pentágono de más de 107.000 millones de dólares.
Los contratistas del Pentágono apuntan a Irán
Mientras los gigantes aeroespaciales como Boeing y General Electric, que tienen contratos con el Departamento de Defensa por valor de 87 y 12 millones de dólares, respectivamente, se muestran interesados en hacer negocios en Irán, algunos legisladores estadounidenses opinan que las empresas deben escoger entre el Pentágono y Teherán. 

"E incluso si su actividad técnicamente no está 'registrada' por nuestras leyes de sanciones existentes, estas empresas deben saber que el Congreso los está observando", advierte el demócrata Brad Sherman, citado por el diario 'The Washington Free Beacon'
Estas empresas deben saber que el Congreso los está observando 

Si bien la legislación estadounidense prohíbe a las empresas con contratos federales hacer negocios con Irán, una disposición del acuerdo provisional sobre el programa nuclear iraní alcanzado en Ginebra alivia algunas de las sanciones que pesan sobre Teherán, permitiendo esta actividad de forma limitada en la industria petrolera o automotriz, entre otros. 

"Estoy profundamente preocupado por los informes acerca de que las empresas estadounidenses están explorando la posibilidad de reanudar negocios con Irán", dice el republicano Peter Roskam. 

No obstante, apenas fue firmado el acuerdo interino por un plazo de seis meses, las delegaciones comerciales acudieron al país persa. Transcurrido un mes desde las conversaciones en Ginebra, la petrolera italiana Eni informó que se reunió con el ministro de petróleo de Irán. Iniciativas similares de cooperación emprendieron las empresas BP, Renault, Merk, entre otras.
 
Mientras tanto, el ejemplo de China, que este año se ha convertido en el mayor socio comercial de Teherán con un balance comercial no relacionado con el petrolero que supera los 13.000 millones de dólares, demuestra que los beneficios comerciales pueden colapsar el régimen de sanciones.
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