España y Argentina, ¿a punto de romper relaciones?
"Cualquier agresión contra Repsol, violando los principios de seguridad jurídica, será considerada como una agresión contra el Gobierno español, que tomará las medidas que considere oportunas", anunció este viernes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Expertos opinan que el Gobierno español no debería entremeterse en el conflicto, porque se trata de una compañía privada.
Su declaración se produjo después de haberse reunido con el embajador de Argentina en Madrid, donde hablaron sobre los planes de las autoridades argentinas de expropiar la petrolera YPF, filial de Repsol.
"El peor de los escenarios sería una ruptura, y no solo en términos económicos, sino de las relaciones fraternales que mantienen desde hace décadas ambos países", advirtió el diplomático. Sin embargo, acentuó que aún confía en que pueda haber una solución negociada a partir del "sentido común y el diálogo".
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, comunicó en la rueda de prensa del Consejo de ministros que el Gobierno español está "trasladando a todos los niveles" del Ejecutivo argentino su "preocupación" con la situación en el país y "la gravedad del momento actual". Dijo que España defenderá "con todos los instrumentos a su alcance" sus "intereses generales", en el caso de una intervención en la empresa.
No precisó qué acciones se encararían. Según ella, "las medidas no se anuncian, se adoptan". "Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará", puntualizó.
El Gobierno español no debería 'meter las narices'
Ante las advertencias por parte del Gobierno español a Argentina, el analista político Julio César Gambina expresó a RT que España no debería interponerse y presionar el asunto dado que se trata de una compañía privada.
"Argentina tiene derecho soberano para tomar una medida unilateral como podría ser la nacionalización", explicó el experto aludiendo a que en los últimos 10 años la compañía no ha reinvertido en nuevos desarrollos de búsquedas de reservas petroleras o de pozos concesionados a la empresa Repsol.
En este mismo sentido, el experto agregó que con la privatización de la principal empresa argentina YPF, el país empezó a exportar cuantiosa cantidad de petróleo y de gas hasta que tuvo que importar millones de dólares en combustible.
¿El inicio de un final?
Estos dos avisos representan un nuevo paso en la escalada de tensiones entre España y Argentina en medio de una ola de rumores agitada en Buenos Aires respecto de un eventual envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar la otrora compañía petrolera estatal, privatizada en la década del 90.
En ese contexto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con los gobernadores de las provincias que disponen de reservas de crudo para analizar las alternativas para impulsar un incremento en los niveles de extracción, con el objetivo de lograr el autoabastecimiento que permita corregir el actual déficit de la cuenta energética del país sudamericano.
A finales del año pasado la mandataria argentina acusó a YPF por no reinvertir las ganancias obtenidas, provocando una caída en la producción, y de ser la culpable de que su Gobierno tuviera que importar más de 9.000 millones de dólares en combustible.
La empresa niega las acusaciones e intenta recomponer la relación con las autoridades presentando nuevos planes de inversión. Pero ya son seis las provincias que revocaron licencias a YPF en una docena de áreas, mientras que otras dos conminaron a la compañía a aumentar sus inversiones bajo amenaza de cancelarles los permisos de explotación. Las nuevas anulaciones de contrato programadas harían perder a YPF más de un cuarto de su producción total.