El proceso independentista del pueblo catalán, impulsado a través de la convocatoria al voto el 1 de octubre y soportado en la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, ha tropezado con una resistencia inclemente del gobierno presidido por Mariano Rajoy, cuyas medidas confirman que la Constitución de Francisco Franco sigue vigente en su esencia.
El dictador gobernó con mano de hierro al país. Cifras aproximadas indican que murieron cerca de 150.000 personas sólo entre 1936 y 1943, según documentos desclasificados y diversos historiadores, en tiempos de Guerra Civil y violencia generalizada que sufrieron tanto republicanos como otros opositores y miembros de organizaciones políticas o sindicales.
En aplicación de una estrategia política, cultural, social, económica y laboral, se aplicaron multas, incautación de bienes, embargos de cuentas bancarias, despidos de puesto de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. Se anuló la libertad de expresión mediante la censura a los medios de comunicación, junto con la prohibición de reunión y la prisión o muerte como media impajaritable. La represión fue el estandarte.
Coherente con tal legado, Mariano Rajoy ha ordenado un paquete represivo que incluye la obligación, para los alcaldes investigados por avalar el referéndum, de presentarse a declarar ante juzgados y fiscalía, so pena de sanción. De igual modo, suspende por esa vía la autonomía financiera de Cataluña y toma el control de sus cuentas, al solicitar a los bancos que controlen estrictamente todos los movimientos del Ejecutivo catalán y condicionar el pago de sueldos a miles de funcionarios, servidores públicos y proveedores.
Además, la Guardia Civil ha incautado miles de carteles de propaganda de la Generalitat, de notificaciones para las mesas electorales y tarjetas censales, todo en el marco de registros en empresas de distribución, imprentas y medios de comunicación, amén de detenciones arbitrarias.
No hacen falta esfuerzos para recordar al régimen fascista cuando las fuerzas de seguridad requisan urnas, papeletas y propaganda, cierran sitios web informativos del referéndum e, incluso, prohíben actos a favor de la consulta. Sustraertarjetas censales y notificaciones electorales, incrementar el registro en medios de comunicación e imprentas, censurarlos, bloquearlos o cerrarlos, son medidas dirigidas a atemorizar. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a TV3, la televisión pública catalana, que limite sus informaciones sobre el referéndum de autodeterminación.
La Generalitat, por su parte, ha insistido en la continuación del proceso y ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo español para evitar perder su autonomía financiera. Oriol Junqueras, vicepresidente del sistema autonómico catalán, expone que el congelamiento de las cuentas tiene como fin acabar con la autonomía de Cataluña, decisión que sólo podría tomarse mediante el artículo 155 de la Constitución, lo que exigiría un debate previo y la votación de la mayoría absoluta en el Senado. Junto con la comunidad catalana, muchos sectores de España han apoyado la lucha por los derechos civiles de Cataluña, a lo que se suman advertencias de líderes internacionales sobre el camino que puede tomar este proceso si no se recurre a la prudencia.
En un país donde el neoliberalismo o capitalismo salvaje se ha asentado en sus límites extremos, especialmente a partir del ex presidente Felipe González -camino ratificado con Rajoy-, y donde se estima que cincuenta y ocho mil nuevos ricos y un millón cuatrocientos mil nuevos pobres son el resultado de los últimos cuatro años, habría que preguntarse qué ocurrirá ahora.
En el caso de que se impida la votación por medio de la violencia estatal, es muy factible que la situación interna se agrave y obligue a un estado de excepción, toque de queda y mayor agresión, debido a la previsible respuesta de la ciudadanía catalana. Como se sabe, los resultados de la consulta, antes de la represión de Rajoy, podrían haber negado la independencia; ahora es factible que un sector mayoritario la apruebe, dados los atropellos contra la población, su libertad y derechos.
Es factible, también, que un porcentaje opuesto a la independencia no vaya a votar, y se incremente con aquellos que temen por sus familias y vidas y a las sanciones de la maquinaria estatal.
Si la situación fuese incontrolable podría también suceder que, cooptando al Partido Socialista Obrero Español, se active el artículo 155 de la Constitución nacional para suspender la autonomía de Cataluña y quitarle todas las competencias transferidas por el Estado, dejándola inerme financieramente y sin poder real. Todo ello agudizaría sin freno la escalada represiva y las impredecibles consecuencias.
Independientemente del resultado, todo pueblo tiene el derecho a manifestar su propio pensamiento, el cual puede ser aprobado o no. Un gobierno inteligente debería tener la capacidad de concertar una autonomía, en vez de provocar la real secesión. Seguramente los catalanes, en su mayoría, no desearon nunca una situación extrema como la que ha conducido a muchos no independentistas a considerar seriamente esa alternativa, tras ser agredidos por un gobierno central que viola, incluso, su derecho al salario. Así, el único camino razonable, propio de los estadistas serios, es concertar un diálogo para avanzar en proyectos que garanticen el bienestar de España y la autonomía justa de Cataluña.
Cuando algunas ciudades amanecen con carteles que muestran al dictador Franco pidiendo no votar en el referéndum independentista, parece ser que un régimen heredero del franquismo nuevamente ha renacido de las cenizas.