Así como ningún ser humano consciente puede dejar de sentirse agredido ante la desaparición forzada de 43 estudiantes (cuyo gobierno después de 40 días “no descubre donde están”), de igual modo, nadie puede permitir que sólo algunos sean responsabilizados de una autoría colectiva.
Seis hechos son fundamentales para comprender la masacre de 43 estudiantes en Iguala, los cuales permiten entender la situación desde una óptica que va más allá de la información que propician los Medios internacionales funcionales pues la orden es propiciar el desorden comunicacional con el fin de oscurecer la realidad y, por tanto, no identificar estructuralmente la verdadera situación que vive el país azteca.
Primero, es extraño en términos investigativos que, después de 40 días aproximadamente, el mundo ni la nación sepa con claridad que ocurrió con los estudiantes secuestrados de modo forzado, siendo un número suficiente para que no se pueda esconder en una simple casa o prisión.
Extraoficialmente se ha establecido que éstos jóvenes fueron asesinados, no sin antes calcinarlos de modo brutal, por parte de la policía y grupos de sicarios pertenecientes al cartel Guerreros Unidos.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido a buscar la verdad, capturar a los responsables y castigarlos… pese a que después de cinco semanas y media aún no se sabe que ocurrió. En pleno siglo XXI se oscurece lo ocurrido o se piensa que el planeta está conformado por una generación idiota puesto que lo que se dice en cadena nacional es cómo se capturó a un "supuesto implicado" (cuando se conoce con certeza que es responsable directo de esta masacre), intentando hacer creer que las "fuerzas militares" son inteligencia alta cuando el tiempo de captura demoró cerca de un mes, siendo que todos las agencias lo perseguían.
Segundo, se da como autor intelectual al alcalde de Iguala y a su esposa como la instigadora, con el fin de terminar la investigación allí y no desarrollar el análisis hacia las redes de corrupción municipales, de gobernación y estatales, todas implicadas en un genocidio continuo de mexicanos inermes.
En realidad lo que existe en México es una estructura de protección mutua donde los carteles se defienden-también atacan-con las policías locales y relaciones a nivel nacional, a la vez que las fuerzas militares controlan las zonas donde puede haber insubordinación con el fin de neutralizar a los contradictores del gobierno. Los partidos tradicionales son parte del entramado ya que sus intereses son protegidos en la medida que no obstaculice los negocios ilícitos, no sólo de la droga, sino de las empresas transnacionales cuyas ganancias deben estar aseguradas a través del orden constitucional represivo si es necesario.
Lo evidente es que el "pez" más pequeño es el alcalde y su esposa, y la masacre es el hecho que colma la paciencia ciudadana. Aunque existe una red de tráfico de agresividad e influencia que está oculta o se desea desaparecer a través del castigo a este personaje.
Tercero, los autores intelectuales no lo son sólo de estos asesinatos sino de un genocidio que entrega más de treinta mil muertos sólo el año 2014 y de los cuales se desvanece la información.
El estamento estudiantil y profesoral ha sido junto con las clases trabajadoras el más agredido, del cual el campo aporta una cantidad ingente de ejecutados y cuyas fosas en Iguala son simplemente una parte mínima de lo que ocurre en la nación. No sin razón, cada año fallecen en condiciones "especiales" más de doscientos estudiantes universitarios, la mayoría por causas desconocidas y supuestamente propias de accidentes, violencia cotidiana, asaltos individuales o en situaciones autobuscadas para la eliminación. La UNAM, alma mater de la educación, ha sido la fuente e inspiración de dirigentes que han enarbolado las banderas de la soberanía e igualdad y por cuya razón los gobiernos neoliberales, especialmente, la controlan férreamente identificando a todo activista que se convierta en ser pensante o con apoyo de grandes grupos en la institución.
Cuarto, los gobiernos pasados y ahora el de Peña Nieto, ha asumido las banderas del neoliberalismo a ultranza con el fin de no perder los negocios extra patria que son desde donde proceden los recursos para las familias que dominan la nación.
Ello implica la aplicación de la política de subsidiariedad, similar a la planteada por el general Augusto Pinochet en Chile y seguida por los países del Tratado del Pacífico, por la cual se hace viable la privatización de la soberanía a través de la venta del territorio tanto en sus riquezas básicas como en sus carreteras, negocios que impiden el desarrollo agroindustrial o simplemente la entrega concesionada de los terrenos que sean productivos en cualquiera de sus modalidades.
Lo anterior ha provocado los niveles más altos de miseria y, por tanto, la protesta social reprimida con el asesinato. Los guarismos extraoficiales y cercanos a la realidad plantean que más del 40% de la población vive en límites cercanos a la miseria mientras que otro porcentaje similar está por sobre ese límite aunque permanentemente endeudado para sobrevivir.
Quinto, el estudiantado se ha convertido, de modo similar a otros países, en la cara visible de un baluarte que dignifica los derechos humanos y el acceso a los servicios fundamentales como educación, salud, vivienda, laboralidad, puesto que han desarrollado una alta potencialidad de convocatoria "asustando" a las élites que prefieren a discentes callados, haciendo filas ante el llamado de la campana, y de ningún modo ejerciendo el deber de pensar o disentir. Los jóvenes eran un símbolo de resistencia.
Por ello, han sido masacrados infinidad de veces alumnos de diversos niveles y ésta parece ser una coyuntura para estremecer a la sociedad que los expolia inmisericordemente.
Sexto, la élite mexicana ha desarrollado una alta capacidad para combinar el uso del sicariato con la ética o moral religiosa, de tal modo que han interpretado a la sociedad como un objeto de uso de la cual pueden extraer lo que deseen. Es decir, sin sentimientos razonables han empleado su poder para incrementar los más altos niveles de corrupción estatal con el fin de guiar la conciencia colectiva a realizar una operación matemática: a mayor corrupción del estado, mayor entrega de los recursos a los complejos financieros que son, supuestamente, eficientes y transparentes.
Ha sido exitoso el intento de diferenciar mafias, carteles, paramilitares u otros, de la élite dominante, para lo cual los Medios han cooperado flexiblemente acallando su conciencia crítica periodística y aceptando diseminar las órdenes ideológicas obligadas.
Ante este panorama complejo aunque no tan difícil de entender como lo es la unión de sectores diversos que confluyen para garantizar la riqueza particular independientemente de sus “rubros”, la fuerza armada del tipo que sea-estatal, sicariato, de carteles, cotidiana-contribuye a garantizar un desorden ordenado con el objeto de continuar esquilmando a México.
Lo cierto es que el presidente Enrique Peña Nieto, pese a algunas voces que lo instan a renunciar o someterse a la justicia con base en la conciencia ética, ha planeado nuevos viajes al extranjero, molestamente detenidos por lo sucedido, por lo cual se prevé que la Fiscalía, encargada de investigar y bajo su mandato, mantendrá el proceso vigente hasta que se pueda enterrar bajo los escombros de la muerte álgida de estos jóvenes.
Las tres posibilidades que se abren son las siguientes: una, que el boom mundial simplemente sea acallado al establecer como responsable único al exalcalde, Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, junto con el cartel Guerreros Unidos. Así, los muchachos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa serán redimidos con la culpabilidad de sus ejecutores. Ese es el destino final que el gobierno actual intentará darle, sin intervenir en el modelo neoliberal causante de los conflictos en la sociedad ni modificando la política de asedio a los activistas y militantes de partidos progresistas.
Dos, que este atroz caso sea condenado mundialmente, sin responsabilizar al mandatario y, por el contrario, alabando su disposición a la "solución definitiva" (¡!!), aunque se mantenga un espíritu de movilización que conlleve a la reflexión de amplios sectores sociales que comprendan en el tipo de sociedad que viven y los riesgos que conlleva pensar diferente.
Tres, que el movimiento social adquiera un carácter ideológico nítido y se centre no únicamente en pedir un juicio al presidente, sino avanzar hacia el cambio de modelo transformando la política en un campo de avanzada social. El hecho que cinco movimientos guerrilleros han anunciado su integración ha significado de inmediato la sindicación de líderes importantes con el fin de propiciar su eliminación, causando mayor temor en la población. Ello hace augurar la profundización del conflicto y la respuesta de los agredidos.
Lo legítimo es que alzar la voz en defensa de la juventud exterminada por sectores que propician los negocios por sobre la vida, defendidos por el aparato estatal y reconociendo en el neoliberalismo una causa enorme de la descomposición que atraviesa la sociedad mexicana, significa creer que el movimiento social no descansará hasta obtener justicia plena, conseguir el poder electoral para ganar en el parlamento el derecho a construir nuevas leyes de equidad y, finalmente, continuar la senda de una Latinoamérica en porvenir con vientos de integración con otras potencias que desean también avanzar en soberanía dignificada. Es el camino que la razón y los derechos humanos indica a la sociedad.