Entre las presiones de EE.UU. y la defensa de su soberanía: las líneas rojas de México frente a la crisis del fentanilo

Carmen Parejo Rendón

Las relaciones entre EE.UU. y México siempre han estado atravesadas por una frontera. La primera de ellas fue una frontera movible., ya que EE.UU. usurpó gran parte del territorio mexicano para construir el mapa de lo que es hoy ese país.

Por otra parte, la actual frontera que divide a ambos países puede ser, sin lugar a dudas, uno de los puntos más calientes del planeta. Al trasiego de drogas también debemos añadir el tráfico de seres humanos, de armas, la inmigración clandestina, entre otros. Por un lado, encontramos elementos habituales de cualquier zona fronteriza; por otro, la división entre el norte y el sur (no tanto en sentido geográfico como en sentido político); y, por último, el punto de conexión de unas relaciones no siempre fáciles entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos. Decía el presidente mexicano Porfirio Díaz: "México, tan lejos de dios y tan cerca de los EE.UU.".

En la construcción de lo que consideran su 'patio trasero', EE.UU. ha contado con momentos de resistencia por parte de su vecino del sur. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917 declaró el petróleo como propiedad de la nación. Durante el Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) se promulgó la Ley de Petróleo y, con ello, el carácter de utilidad pública de esta industria. Con la nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938, las relaciones bilaterales con EE.UU. entraron en el pico más alto de tensión y se profundizó un embargo contra el país. Sería apenas durante la Segunda Guerra Mundial cuando las relaciones entre México y EE.UU. encontrarían de nuevo vías de entendimiento, a través del desarrollo de distintos acuerdos bilaterales entre ambos países.

Otro elemento a tener en cuenta ha sido la autonomía histórica de la política internacional mexicana. La 'Doctrina Estrada' de 1930, que toma su nombre del titular de Exteriores durante el Gobierno de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), Genaro Estrada Félix, se basa en el principio de no intervención y del derecho de autodeterminación. Esta doctrina, aún vigente en la política internacional mexicana, es la base de una neutralidad activa que respondió a la negativa de las naciones extranjeras a reconocer los gobiernos posrevolucionarios del país.

En el cambio de paradigma que impulsa López Obrador podemos destacar la nacionalización del litio; y el asilo político tanto para Evo Morales como para la familia del presidente depuesto de Perú, Pedro Castillo.

Si bien es cierto que, en las últimas décadas, durante lo que se conoce como los gobiernos neoliberales mexicanos, estos dos principios —el de la soberanía de sus recursos y el de la no intervención— se esfumaron a través de cambios constitucionales, acuerdos de libre comercio o seguidismo directo de la política internacional estadounidense, también debemos señalar que, tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, son precisamente estos elementos los que se están poniendo sobre la mesa para la recuperación de la soberanía mexicana y la llamada 'Cuarta Transformación'.

Como ejemplos de este cambio de paradigma podemos destacar la nacionalización del litio, anunciada recientemente por el Gobierno mexicano; la denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su implicación en el golpe de Estado en Bolivia en 2019; o el asilo tanto para Evo Morales como para la familia del presidente depuesto de Perú, Pedro Castillo.

Aunque hasta el momento no se ha producido ningún enfrentamiento serio de forma directa, seríamos muy inocentes si, con estos antecedentes y ante este nuevo escenario, creyésemos que la actual situación de México no preocupa y —con razón— a los intereses de su vecino del norte.  

Presentados los protagonistas, analicemos los hechos.

La intención militar en el país vecino

En enero, dos congresistas republicanos estadounidenses, Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, presentaron una propuesta para que se autorice el uso del Ejército de EE.UU. en la lucha contra los cárteles mexicanos.

La propuesta pasó desapercibida hasta que William Barr, exfiscal de EE.UU. durante la Administración de Donald Trump, insistió en esta idea en un artículo publicado por The Wall Street Journal, destacando: "Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento". Y añadió: "Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, López Obrador no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que EE.UU. tome medidas efectivas".

La carga política de las palabras de Barr es indiscutible. Por un lado, señala directamente al actual presidente de México y a la soberanía del país como un hándicap en la "lucha contra las drogas"; por otro, exalta a la más que cuestionada figura de Calderón.

Recordemos que el 23 de febrero de este mismo año, el que fue secretario de Seguridad Pública de México durante el Gobierno de Calderón, Genaro García Luna, fue condenado por un tribunal estadounidense por narcotráfico y crimen organizado. Durante el juicio, tanto el nombre de Calderón, como de agentes estadounidenses de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por su sigla en inglés), salieron a la palestra vinculados con el auge del Cártel de Sinaloa.

EE.UU., en un operativo que no contaba con el conocimiento del Gobierno mexicano, introdujo armas en el país latinoamericano, con el fin de rastrearlas y dar con los carteles de la droga, sintomático del poco respeto que tanto demócratas como republicanos tienen hacia la soberanía de México.

Durante años se acusó a Calderón precisamente de usar este cártel para fomentar una guerra entre esas organizaciones criminales en territorio mexicano, como parte de su política contra el narcotráfico. Aún siguen apareciendo fosas comunes en México, consecuencia de la violencia desatada por esta política.

Poco respeto a soberanía de México

También es reseñable, en relación con las palabras de Barr, el ataque que profiere hacia las "prioridades estadounidenses" en esos años. Durante esta etapa, bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), se produjo el escándalo sobre la venta de armas de EE.UU. a cárteles mexicanos, en una operación conocida como 'Rápido y furioso'. 

En junio de 2012, Obama utilizaría por primera vez en su mandato el llamado "privilegio ejecutivo" para impedir la entrega de una serie de documentos sobre esta operación a la Comisión de la Cámara de Representantes, controlada entonces por los republicanos, que investigaba el asunto. Fue este otro episodio más de las complejas relaciones entre los dos países vecinos. EE.UU., en un operativo que no contaba con el conocimiento del Gobierno mexicano, introdujo armas en el país latinoamericano, teóricamente con el fin de poder rastrearlas y dar con los carteles de la droga, sintomático del poco respeto que tanto demócratas como republicanos tienen hacia la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante este escenario, el actual presidente de México hace pública una misiva enviada a su homólogo chino, el presidente Xi Jinping, en relación con el tráfico de fentanilo: "Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos (haciendo referencia a las amenazas de los congresistas republicanos) sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país".

De entrada, no es algo extraño que un Estado pida colaboración a otro con el fin de trabajar en la lucha contra el crimen organizado internacional. A su vez, no es casual que la misiva se dirija al Gobierno chino, ya que desde EE.UU. tratan de vincular al país asiático (considerado por ellos mismos como su principal rival a batir) con el tráfico de fentanilo a través de México.

Lo destacable en este caso no es el hecho en sí, sino el interés del presidente mexicano por hacer pública esa comunicación. Un interés que, además, dado el escenario complejo a nivel internacional entre EE.UU. y China, denota de nuevo esa necesidad de remarcar la defensa de la soberanía de México. Y sirve también para hacer públicas a nivel internacional las presiones y amenazas que están recibiendo por parte de su país vecino.

El presidente mexicano lanza un nuevo mensaje de soberanía al plantear su propia hoja de ruta al respecto de esta cuestión, y fija claras las fronteras con su país vecino y su forma de hacer las cosas. 

En la mañanera del pasado 11 de abril, el presidente mexicano volvió a insistir en la cuestión de cómo se debe manejar, bajo su punto de vista, la lucha contra la drogadicción. En esa línea, presentó un programa desde la óptica de la prevención y de la apuesta por la salud pública.

A fin de cuentas, este siempre fue un problema de oferta y demanda. EE.UU. tiene un problema interno con el consumo de sustancias, actualmente se destaca el fentanilo, que solo ha sabido enfrentar con balas. El resultado ha sido el aumento de la violencia, de la corrupción y el uso de las cadenas de producción y distribución de la droga para justificar la injerencia estadounidense en otros países.

El presidente mexicano lanza un nuevo mensaje de soberanía al plantear su propia hoja de ruta al respecto de esta cuestión, y fija claras las fronteras con su país vecino y su forma de hacer las cosas.