Teniendo en cuenta acontecimientos recientes, algunos podrían considerar que España es un referente en relación al derecho al asilo político en el mundo. Basta ver el claro afán por cuidar al máximo los detalles para fletar, a principios de este mes, un avión de las Fuerzas Aéreas para trasladar al opositor venezolano Edmundo González Urrutia hasta Madrid, aunque ya había un acuerdo entre gobiernos y los salvoconductos estaban en orden. Sin embargo, esta no es la práctica habitual.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señaló en su informe anual que España se sitúa, de hecho, a la cola en la Unión Europea en relación al reconocimiento de asilo.
El pasado 9 de septiembre, solo un día después de la llegada del político venezolano, al aeropuerto de Barajas en Madrid arribó Rabah Bacha, junto con su marido y su hija pequeña, Aziza, de un año y medio. Tanto ella como su familia provenían de El Aaiún, en los territorios saharauis ocupados por Marruecos, para huir de la persecución de la policía marroquí.
Rabah sufrió un aborto en abril de este mismo año. Ahora, ella y su familia solicitan el reconocimiento del derecho a asilo por parte de las autoridades españolas, convencidos de que una vuelta al territorio dominado por el régimen marroquí será sinónimo de una detención y probablemente de una desaparición forzosa.
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, ACAPS y NOVACT, presentó en junio un informe donde documentó 133 vulneraciones de derechos fundamentales de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, solo durante el año 2023.
El de Rabah Bacha no es un caso aislado. Como ella, casi 40 saharauis se encuentran ahora mismo retenidos en Barajas, a la espera de que les sea reconocido el derecho a asilo.
Las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos, las agresiones físicas, los insultos, la confiscación de teléfonos y la disolución violenta de manifestaciones políticas, son solo algunas de las vulneraciones de derechos que presentó este informe y que muestran una práctica sistemática de persecución contra el pueblo saharaui por parte de la fuerza ocupante.
El de Rabah Bacha no es un caso aislado. Como ella, casi 40 saharauis se encuentran ahora mismo retenidos en Barajas, a la espera de que les sea reconocido el derecho a asilo en la que aún hoy es considerada por Naciones Unidas como potencia administradora del Sáhara Occidental.
El Reino de España, en ese sentido, estaría incumpliendo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que fuerza a la responsabilidad de proteger como potencia administradora al pueblo saharaui durante el proceso de descolonización aun no concluido. Por si este escenario fuese poco, desde el gobierno español se anunció que se iniciaron trámites para la deportación de al menos 10 de los ciudadanos saharauis retenidos en Barajas.
El Reino de España estaría incumpliendo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que fuerza a la responsabilidad de proteger como potencia administradora al pueblo saharaui durante el proceso de descolonización aún no concluido.
El proceso de descolonización de España que sí que concluyó fue el de Venezuela, hace ya más de doscientos años. Sin embargo, en ese caso, el gobierno español sí considera que tiene derecho a interferir en los asuntos internos de un territorio soberano.
El pueblo saharaui se encuentra fracturado y dividido entre tres: los territorios libres, que están bajo la autoridad del Frente Polisario y se ubican dentro del territorio del Sáhara Occidental, fuera de los muros ilegales construidos por Marruecos; los campamentos de refugiados, donde la población sobrevive en la región de Tinduf en la vecina Argelia; y, finalmente, los predios bajo ocupación marroquí.
En esa última zona están los principales núcleos de población saharaui, pero sus recursos, como las minas o los caladeros de pesca, son explotados de manera ilegal por la fuerza ocupante.
El pueblo saharaui también ha sido saqueado de sus recursos económicos. Son pobres o, mejor dicho, están empobrecidos. Por tanto, no pueden acceder a las 'visas doradas' que alegremente expide el Reino de España al "exilio rico" venezolano, a cambio de hacer una inversión inmobiliaria de más de 500.000 euros.
Del mismo modo, esta fractura también afecta en el plano jurídico a la solicitud de asilo. Los trámites para los saharauis son complejos, la dificultad de conseguir la documentación ha llevado a que muchos acaben iniciando, a su vez, el procedimiento paralelo que les concede el estatuto de apátrida.
Ese procedimiento tampoco está exento de complicaciones, como denunciaban unas preguntas presentadas recientemente en el Congreso de los Diputados por el partido político del Bloque Nacionalista Galego (BNG), donde exponían que estas solicitudes, a diferencia del asilo, no proporcionan documentación que permita posteriormente trabajar, vivir y evitar la exclusión social en España o el acceso a la sanidad pública cuando se precisa de tratamientos médicos urgentes.
España, en el caso saharaui, al igual que con Venezuela, está usando el derecho a asilo —un derecho internacional de carácter humanitario— dentro de su propia agenda política y geopolítica.
Si bien, el reconocimiento de la apatridia es habitual en la mayoría de los casos de los saharauis procedentes de los campamentos de refugiados en Argelia, el Estado español tiende a rechazar esta solicitud cuando es iniciada por saharauis que proceden de los territorios ocupados por Marruecos, ya que, bajo su punto de vista, esos ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a la nacionalidad marroquí.
Marruecos, como fuerza ocupante, tiene interés en la asimilación de los saharauis como connacionales, del mismo modo que esta nacionalidad impuesta es rechazada por el pueblo víctima de esa colonización.
En ese sentido, España entra directamente en cuestiones políticas, más allá de los trámites burocráticos, ya que si bien no ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), bajo el argumento de que todavía no se produjo el referéndum de autodeterminación previsto por Naciones Unidas para el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, sí que está admitiendo de facto esta ocupación marroquí, al hacer una lectura simplista de la cuestión de la nacionalidad de los saharauis que proceden en los territorios ocupados.
España, en el caso saharaui, al igual que con Venezuela, está usando el derecho a asilo —un derecho internacional de carácter humanitario— dentro de su propia agenda política y geopolítica.
No olvidemos que, de forma paralela a estos hechos, el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch. A través de su cuenta en X, el presidente español comentaba este encuentro festejando el "magnífico estado de las relaciones bilaterales". En palabras de Sánchez, los vínculos están en sus "mejores en décadas".