Desde el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el camino de su gobierno no ha sido sencillo. Prácticamente todas las reformas sociales presentadas por el presidente, y que se encontraban en su programa electoral, han sido tumbadas por las demás fuerzas políticas.
Entre sus propuestas destaca la reforma de la salud, tan necesaria en un país como Colombia, donde el acceso a la medicina hace parte de la geografía social de la desigualdad, sobre todo entre zonas urbanas y zonas rurales.
Esos tropiezos contrastan con la esperanza que rodeó la inédita llegada al poder de un político izquierdista, que se festejó en un país que adolece de altos índices de violencia y severas inequidades en todos los ámbitos.
Contra el presidente Petro no solo se inició una guerra política, sino también una guerra mediática. La concentración de los medios de comunicación colombianos en pocas manos, la mayoría de ellos en poder de la oligarquía —e incluso de transnacionales de la comunicación, como el Grupo Prisa (España), dueño de Caracol y de otros medios— que temían perder el control sobre los recursos del país, activó una intensa campaña de desprestigio contra el presidente.
En la guerra abierta contra Petro se han destacado periodistas colombianos como Vicky Dávila, de Revista Semana, o Néstor Morales, de Blu Radio, que, siguiendo la estela de los medios de comunicación de la extrema derecha internacional, llevan dos años activando bulos y campañas contra el presidente, no solo sin aportar pruebas, sino sin rectificar cuando la patraña es descubierta.
Estos periodistas han creado incluso escenarios de confusión que ocultan los verdaderos escándalos de la política colombiana, incluidos los intereses y las irregularidades administrativas que salpican a estos grandes medios de comunicación.
En medio de este escenario, finalmente llegamos a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos contra la campaña presidencial de Petro, el pasado 8 de octubre.
La constitución colombiana establece que el CNE solo tiene un mes después de los comicios para iniciar una investigación sobre cualquier anomalía que considere se haya llevado a cabo durante el período electoral, tanto en campaña, como en las votaciones. En este caso, han pasado dos años.
Los aportes económicos por los que el CNE insta una investigación tampoco corresponden realmente a la campaña, sino a los recursos que recibió uno de los partidos, Colombia Humana, que hacía parte de la coalición electoral.
En ese sentido, no existiría ninguna irregularidad, según lo que establecen las leyes colombianas de financiación de partidos políticos, ya que el monto que habría recibido el Partido Colombia Humana corresponde a los recursos que se usaron para la fiesta de celebración de la victoria electoral, es decir, unos hechos ajenos a la financiación de la campaña, tal como ha aclarado el propio Petro, que defiende sy inocencia.
Una de las contradicciones del CNE es que no tiene competencia para abrir ningún tipo de investigación, menos aun dos años después de las elecciones.
Por otra parte, el CNE no tiene competencia para abrir ningún tipo de investigación contra el presidente y menos después de dos años de las elecciones. La Cámara de Representantes sería la única que podría autorizar una investigación al fuero presidencial. Algo que, de momento, no ha ocurrido.
Atendiendo a estos hechos, podemos intuir que el 'lawfare' es el siguiente paso de la derecha colombiana en su campaña para derrocar a Petro e impedir cualquier reforma social en el país.
Aunque este mecanismo de guerra judicial para derrocar políticos que representan alternativas no es exclusivo de América Latina, sí es necesario tener en cuenta que es en este territorio donde en los últimos años se ha desarrollado de forma más efectiva.
Aunque la guerra judicial no es exclusivo de América Latina, sí es necesario tener en cuenta que es en este territorio donde en los últimos años se ha desarrollado de forma más efectiva.
Haciendo un recorrido rápido, podemos recordar otros casos como el lawfare contra López Obrador, cuando era alcalde de la Ciudad de México; la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil; los ataques judiciales contra Cristina Fernández en Argentina; el asedio contra Rafael Correa en Ecuador, o el uso de esta herramienta para "legalizar" golpes de Estado, como ocurrió en Honduras, Paraguay o Bolivia.
Además, las acciones contra Petro se producen en un escenario regional concreto. El 9 de octubre, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó al expresidente Correa, junto a su esposa y sus hijos (algo insólito), en la lista de no elegibles para acceder a la visa estadounidense. Del mismo modo, aplicaron esa medida al exvicepresidente Jorge Glas, quien actualmente se encuentra secuestrado por el Estado ecuatoriano, que ha impedido incluso el contacto con su equipo legal, tras la irrupción ilegal de la fuerza pública —al mando de Daniel Noboa— en la embajada mexicana, donde se encontraba asilado.
Igualmente, todas las estrategias de desestabilización contra la República Bolivariana de Venezuela se mantienen activas desde el intento de golpe, usando las elecciones presidenciales de julio de este mismo año.
La ofensiva contra Petro se construye como una pirámide. En la base se encuentra la oligarquía colombiana, que se niega a cualquier reforma social que cuestione sus privilegios. Sobre eso, se asienta el temor a la integración latinoamericana, como un elemento que garantizaría la soberanía política ante los embistes de las oligarquías patrias y de sus amos internacionales. Por último, la cúspide no es más que la necesidad de EE.UU. de mantener bajo control lo que considera su 'patio trasero', más aún en un escenario general que cuestiona, cada vez de manera más profunda, su hegemonía internacional.