Las mentiras matan. En 1976, Castor Uriarte Aguirreamalloa publicó 'Bombas y mentiras sobre Guernica', un título que, sin necesidad de demasiadas explicaciones, dejaba escrita una verdad histórica que sigue pesando sobre nuestro presente: las bombas nunca caen solas. Primero cae la bomba, después cae la mentira; o quizá habría que decirlo al revés, porque muchas veces la mentira prepara el terreno para que la bomba pueda caer sin que tiemble ninguna conciencia. En Guernica, como después en tantos otros lugares del mundo, no bastó con destruir una ciudad: había que disputar también el relato de su destrucción.
Casi noventa años después, Venezuela conoce bien esa secuencia. El 3 de enero de este año fue bombardeada por EE.UU. y su presidente, Nicolás Maduro, secuestrado. Pero a este hermoso país, sometido durante más de veinte años a una agresión multifacética, a sanciones, sabotajes, cerco económico, operaciones políticas y guerra mediática, ahora también le tembló la tierra. Y ni siquiera ahora, cuando la tragedia se impone con la brutalidad desnuda de los escombros, los de siempre han dejado de violentar a la República Bolivariana con sus mentiras.
La tierra tiembla sin preguntar y sin saber siquiera de fronteras; menos aún de gobiernos. Cuando tembló Japón en 2011, la cobertura internacional habló durante años de disciplina, dignidad, prudencia y respeto ante una tragedia que dejó más de 20.000 muertos o desaparecidos; incluso los análisis académicos sobre la prensa japonesa destacaron un tratamiento especialmente factual y contenido. Pero cuando tiembla Venezuela, los mismos que nunca respetan su soberanía tampoco parecen dispuestos a respetar su dolor. Si las autoridades limitan el acceso a una zona de rescate, si se impide grabar en determinados espacios, si se intenta evitar que la muerte sea convertida en mercancía visual, la sospecha ya está escrita antes de que se compruebe nada. ¿Ni siquiera ahora, cuando la tierra se ha abierto bajo los pies del pueblo venezolano, van a respetarlo un poco?
A este hermoso país, sometido durante más de veinte años a una agresión multifacética, a sanciones, sabotajes, cerco económico, operaciones políticas y guerra mediática, ahora también le tembló la tierra.
Otra mentira que mata es la ocultación del impacto de las mal llamadas sanciones para que un Estado pueda prevenir y reforzar su infraestructura. Porque ahora, cuando la tragedia ya se ha impuesto, aparecen los mismos gobiernos que durante años han causado daños materiales a Venezuela anunciando ayuda humanitaria, enviando equipos de rescate o presentándose ante el mundo como benefactores. EE.UU. anunció el envío de equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria; la Unión Europea activó también su Mecanismo de Protección Civil para desplegar asistencia de emergencia. Bienvenida sea toda mano que ayude a sacar a una persona viva de los escombros.
Pero la mejor manera de ayudar a un país no es asfixiarlo durante años y después posar entre las ruinas con chaleco de cooperante.
La mejor manera de ayudar a Venezuela —y a cualquier pueblo del mundo— es no destruir su economía, no bloquear sus recursos, no impedirle acceder a financiación, repuestos, maquinaria, tecnología, combustible o materiales con los que reforzar hospitales, viviendas, carreteras, sistemas eléctricos, redes de agua e infraestructuras públicas. La relatora especial de Naciones Unidas Alena Douhan ya lo advirtió en 2021: las sanciones sectoriales impedían obtener ingresos y usar recursos para mantener y desarrollar infraestructura y programas sociales, con un efecto devastador sobre la población venezolana.
Unas mal llamadas "sanciones" que solo se han "aliviado" en dos ocasiones. Ocurrió en 2022 con Joe Biden con un objetivo evidente: tratar de separar a Venezuela de uno de sus aliados estratégicos y buscar suministros energéticos alternativos a Moscú. Y vuelve a ocurrir ahora, con Donald Trump, aunque lo de ahora no puede llamarse "alivio" sino un robo pistola en mano. Y, en este caso, la pistola no es una metáfora literaria: es exactamente la posición en la que se encuentra Venezuela desde aquel nefasto 3 de enero. Mientras el suelo se abre, las mentiras siguen cayendo. Como cayeron las bombas.
Y por si todo esto fuera poco, otra mentira que mata es la que pretende encima criminalizar las políticas públicas de vivienda en Venezuela. En La Guaira cayeron y quedaron dañados edificios de distinto tipo: viviendas públicas o privadas, comercios, estructuras antiguas, construcciones sobre suelos vulnerables y barrios enteros, que lo que compartían era que estaban situados en la misma franja física donde el doble terremoto golpeó con más violencia. El temblor tampoco distingue entre lo público y lo privado. Aunque los medios sí, pero con otros fines. No es casualidad que este haya sido asunto de titulares en medios sensacionalistas como The Sun, que habló de edificios supuestamente sostenidos por 'Styrofoam' (poliestireno expandido), una palabra colocada en portada para que el lector imagine viviendas hechas de corcho blanco, edificios de juguete entregados a los pobres por un Estado irresponsable. Ni tampoco es casualidad que el conservador ABC de España titulara: 'Las viviendas sociales de Hugo Chávez se desploman como castillos de arena'.
Política que cambió vidas
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido una de las políticas sociales más importantes del proceso bolivariano. Nació en 2011 para responder a una emergencia habitacional histórica: el hacinamiento, la infravivienda, los ranchos levantados sobre laderas inestables, las viviendas sin condiciones mínimas de dignidad y una absoluta anarquía urbanística heredada del boom petrolero, de las migraciones internas y de décadas de abandono institucional hacia los sectores populares. El Estado venezolano levantó una política pública que ha superado los cinco millones de viviendas entregadas y que cambió la vida de muchas familias para siempre.
Es la forma actual de una maquinaria mediática controlada por el gran poder económico, atravesada por intereses de capitales transnacionales.
Doble tarea tienen estos medios en medio de la tragedia: seguir agrediendo a Venezuela y, a la vez, criminalizar el derecho a la vivienda y la responsabilidad pública de garantizarlo, justo en un mundo con graves problemas de acceso a una vivienda digna.
Pero esa doble tarea incluso en medio de una tragedia no es una casualidad ni un hecho aislado. Es la forma actual de una maquinaria mediática controlada por el gran poder económico, atravesada por intereses de capitales transnacionales y sostenida, demasiadas veces, sobre periodistas precarizados, mal pagados, exprimidos, obligados a producir mercancía ideológica a la velocidad que impone el patrón. Así han ido vaciando al periodismo de su sentido más hermoso. Porque el periodismo, cuando es digno de ese nombre, puede ser una profesión bella y revolucionaria: sirve para buscar la verdad, para incomodar al poder, para poner palabras donde los pueblos solo reciben silencio.
Pero cuando se arrodilla ante los dueños del dinero, cuando convierte el dolor en negocio y la mentira en arma de guerra, deja de informar y empieza a participar del crimen. Venezuela lo sabe desde hace casi treinta años. Primero mintieron para preparar el golpe, después para justificar sanciones, luego para blanquear saqueos, secuestros, bombas y bloqueos. Ahora mienten también sobre los escombros. Las mentiras matan. Y quienes viven, mandan y se enriquecen mintiendo actúan, una y otra vez, como asesinos en serie.