Un mes y medio después de la tragedia de Ceuta, el ruido continúa creciendo mientras las personas van desapareciendo de la escena. Primero fueron los migrantes, convertidos indistintamente en invasores, armas humanas o cifras. Después llegó la batalla sobre los avisos del CNI. Ahora son los documentos desclasificados, la Audiencia Nacional, las acusaciones de traición, Marruecos y las responsabilidades políticas.
Cada actor parece haber encontrado en Ceuta una pieza adecuada para su propio relato. Mientras tanto, lo fundamental sigue quedando en segundo plano: más de un centenar de personas murieron tratando de cruzar una frontera y miles permanecieron después durante días sin una atención institucional adecuada.
La desclasificación acordada por el Gobierno resulta, de hecho, desconcertante desde el punto de vista de sus propios intereses. Todo hacía pensar que la publicación serviría para respaldar su versión y cerrar la controversia. No ha ocurrido así. Los documentos demuestran que sí existieron avisos previos: el 29 de julio el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaba una convocatoria para entrar al día siguiente "por valla y mar", señaló la enorme difusión potencial de los grupos implicados y trasladó información similar a la Guardia Civil y a los servicios de inteligencia marroquíes. Lo que esos informes no anticiparon fue la dimensión final de la entrada.
El Gobierno se aferra ahora precisamente a la magnitud. Nadie había previsto más de 70.000. Pero esa explicación solo alcanza para discutir qué pudo hacerse antes y durante las primeras horas del 30 de julio. No explica lo que sucedió después. El propio Ejecutivo sostiene que entre el 90 % y el 95 % de quienes habían cruzado la frontera regresó a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas. El 3 de agosto, el Gobierno de Ceuta calculaba que permanecían en la ciudad entre 3.000 y 5.000 personas. A esas alturas el Estado ya no se enfrentaba a una multitud imposible de absorber, sino a varios miles de personas cuya atención podía organizarse mediante un dispositivo extraordinario. Sin embargo, había gente que llevaba días sin comer, durmiendo en calles, montes y playas, mientras vecinos de los barrios populares se ocupaban de ofrecer agua, comida y ayuda básica.
El Gobierno se aferra ahora precisamente a la magnitud. Nadie había previsto más de 70.000. Pero esa explicación solo alcanza para discutir qué pudo hacerse antes y durante las primeras horas del 30 de julio. No explica lo que sucedió después.
Y todo ello mientras grupos de extrema derecha e influencers alimentaban en redes un clima de miedo, odio y enfrentamiento que terminó traducido en episodios de violencia racista y que amenazaba directamente la convivencia de una ciudad tan diversa como Ceuta.
Ahí está uno de los grandes fracasos que la discusión sobre la inteligencia amenaza con ocultar. El Estado pudo ser desbordado durante unas horas; después tardó demasiado en hacerse cargo de quienes habían quedado bajo su responsabilidad. Y no hablamos únicamente de comida o alojamiento. Hablamos de identificación, asistencia jurídica, solicitudes de protección internacional, menores solos y personas particularmente vulnerables.
La judicialización tampoco puede analizarse fuera de contexto. La jueza María Tardón ha asumido la investigación de la Audiencia Nacional al apreciar posibles delitos relacionados con la integridad territorial, homicidios, lesiones, derechos de ciudadanos extranjeros y organización criminal. En la causa participan como acusaciones populares Iustitia Europa, PP, Vox y Hazte Oír. El informe policial solicitado por la magistrada, conocido públicamente a través de los medios de comunicación el 2 de septiembre, sostiene que la entrada fue planificada y apunta a participación de agentes marroquíes, aunque no identifica a los responsables últimos.
Habrá recursos para acogida, pero también cámaras térmicas, sistemas de vigilancia, boyas, drones submarinos, retornos y un mayor despliegue de las agencias europeas. Es decir, ante una crisis producida precisamente en el marco de la externalización fronteriza, la respuesta vuelve a ser reforzar la misma arquitectura de frontera.
No se trata de negar que esos indicios deban investigarse. Deben investigarse hasta el final. Pero tampoco puede ignorarse el escenario político en el que esta causa aterriza: una judicialización creciente de la lucha contra Pedro Sánchez y un bloque de oposición que ha encontrado en los tribunales una prolongación de su estrategia parlamentaria. El propio 2 de septiembre, mientras aquel informe ocupaba titulares, las concentraciones convocadas formalmente en solidaridad con Ceuta fueron utilizadas abiertamente por Vox para señalar como culpables no solo a Marruecos, sino también al Gobierno. En Madrid participaron Feijóo y Abascal, se escucharon acusaciones de traición y periodistas de RTVE sufrieron acoso y agresiones de grupos de extrema derecha.
La respuesta institucional, sin embargo, tampoco sale de ese círculo. Bruselas acaba de conceder a España 114,7 millones de euros: 82,7 millones del Fondo de Asilo, Migración e Integración y otros 32 millones para gestión de fronteras y visados. Habrá recursos para acogida, pero también cámaras térmicas, sistemas de vigilancia, boyas, drones submarinos, retornos y un mayor despliegue de las agencias europeas. Es decir, ante una crisis producida precisamente en el marco de la externalización fronteriza, la respuesta vuelve a ser reforzar la misma arquitectura de frontera.
Y alrededor de la frontera aparece, inevitablemente, el negocio. El 31 de agosto, en plena conmoción, El Español publicaba en su Observatorio de la Defensa —una sección que el propio medio identifica expresamente como contenido patrocinado— un artículo titulado: "Así ganaría España una guerra con Rabat por Ceuta". El propio artículo reconocía que una invasión militar marroquí era "extremadamente improbable", pero dedicaba páginas a describir cazas, fragatas, submarinos, misiles, bases y capacidades militares españolas. La obscenidad no está solo en el titular. Está en un ecosistema político, mediático y económico capaz de convertir incluso una tragedia humanitaria en un nuevo argumento para el rearme.
Unos quieren convertir a los migrantes en soldados enemigos. Otros quieren demostrar que gestionaron correctamente una crisis que los hechos muestran que no supieron atender. La Unión Europea responde con más frontera; la oposición con más castigo; el Gobierno con más seguridad; la industria militar con nuevos mercados.
Indra ocupa un lugar privilegiado en ese proceso. El Gobierno ha convertido a la compañía participada por el Estado en una de las grandes tractoras de la nueva industria militar española: solo los contratos de artillería adjudicados a la UTE formada por Indra y EM&E ascienden a 7.240 millones de euros, acompañados de 3.000 millones en préstamos públicos. Y el pasado 1 de septiembre el Consejo de Ministros volvió a movilizar 1.483 millones para el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa.
Ese es quizá el punto donde los distintos relatos terminan encontrándose. Unos quieren convertir a los migrantes en soldados enemigos. Otros quieren demostrar que gestionaron correctamente una crisis que los hechos muestran que no supieron atender. La Unión Europea responde con más frontera; la oposición con más castigo; el Gobierno con más seguridad; la industria militar con nuevos mercados.
Pero ninguna cámara térmica puede eliminar la desigualdad que empuja a miles de jóvenes a jugarse la vida. Ningún dron submarino resolverá las guerras, la pobreza y las relaciones de dependencia que atraviesan gran parte del mundo. Y ninguna externalización fronteriza puede garantizar estabilidad permanente cuando se entrega a un tercer Estado la llave del control migratorio y después se finge sorpresa cuando esa dependencia se convierte en capacidad de presión.
Ceuta volverá a ocurrir, allí o en otra frontera. Porque el centro capitalista pretende blindarse frente a las consecuencias de un mundo desigual mientras continúa protagonizando guerras, expolios y relaciones internacionales que reproducen esa desigualdad. Hay dinero para radares, armas, vigilancia y contratistas. Siempre lo hay. Lo que faltó en Ceuta, cuando ya solo quedaban unos miles de personas, fueron camas, abogados, funcionarios, comida y una administración capaz de tratarlas como seres humanos.
Quizá esa sea la imagen que mejor resume toda la crisis: mientras desde Madrid se discutía quién debía pagar políticamente y desde los periódicos se fantaseaba con bombardear Marruecos, en los barrios de Ceuta alguien seguía llevando leche y galletas a quien tenía hambre. The show must go on: el espectáculo siempre debe continuar. Gobiernos, oposiciones, jueces, tertulias, fabricantes de armas y titulares seguirán ocupando el escenario. Solo que cada vez cuesta más bajar el telón a tiempo para ocultar a las víctimas de esta miseria moral.
