Ya no son los casi 30.000 desaparecidos reportados durante el gobierno de Felipe Calderón. Ni los casi 40.000 que dejó Enrique Peña Nieto. En la gestión de Andrés Manuel López Obrador la cifra macabra aumenta tanto como la desesperación y reclamos de los familiares.
Porque los desaparecidos no son números. Son vidas humanas. Son esposos, hermanas, hijos e hijas. Sus familias los esperaban pero nunca volvieron. No saben dónde están. Desde entonces, los buscan. En medio del desasosiego, muchas veces su único y triste consuelo es encontrar su cuerpo, o restos de, en alguna de las miles de fosas comunes y clandestinas que pueblan el país.
La semana pasada, la Secretaría de Gobernación presentó los datos oficiales. Pero ni siquiera son totales. Todavía falta la actualización de la Fiscalía General de la República y de otras fiscalías estatales. ¿Cuántos serán, entonces? ¿Más de 70.000?
El año fatídico fue 2006. Hasta entonces, anualmente se reportaban decenas, acaso cientos de desapariciones. Pero bastó que Calderón declarara su irresponsable guerra contra el narcotráfico para que los desaparecidos comenzaran a contarse por miles. Ni con él ni con Peña Nieto los familiares tuvieron apoyo alguno por parte del Estado. Con López Obrador hay un reconocimiento de la tragedia, reuniones y promesas de búsqueda. Pero no basta. Se necesitan resultados. Respuestas. Y justicia.
En su reporte, los funcionarios fueron minuciosos. Contaron que el 74 % de los desaparecidos son hombres, el 25, 69 %, mujeres y el 0,31% con sexo indeterminado. La mayoría de ellos tenía entre 15 y 35 años al momento de su desaparición. Durante los primeros 13 meses del gobierno de López Obrador se realizaron 519 labores de búsqueda. De las 9.164 personas reportadas como desaparecidas en ese lapso, 3.980 fueron encontradas, pero 342 de ellas, sin vida. De más de 5.000 no se tiene rastro alguno.
La información es espeluznante.
Demuestra que, por sus dimensiones, México padece la crisis humanitaria más grave de la región. Es una catástrofe, como la ha calificado Naciones Unidas.
Por eso la noticia fue portada en los diarios pero, en cuestión de horas, el tema se diluyó. Horas después de ser presentado, el reporte ya no se destacaba en la mayoría de los medios de comunicación, lo que lleva a preguntarse a quién le importan, de verdad, los desaparecidos mexicanos.
Por todo el país se dispersan colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos con el apoyo de antropólogos, arqueólogos y peritos. Se organizan, marchan protestan, interpelan, desmienten, critican a las autoridades.
En estos años, se han especializado en exhumaciones a fuerza de dolor.
Los nombres se multiplican: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas en Michoacán, Brigadas de Búsqueda de Guerrero, Colectivos de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas, Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Comité de Familiares de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Red de Desaparecidos de Tamaulipas, Unidas por el Dolor, Las Buscadoras…
Son cientos de colectivos organizados con fines de búsqueda en alguna localidad en particular o que aglutinan fuerzas a nivel nacional e internacional, porque también hay desaparecidos centroamericanos, migrantes que estaban atravesando el país con la intención de llegar a Estados Unidos.
Escasos son los medios de comunicación que se destacan por su cobertura permanente y detallada de los desaparecidos y los esfuerzos de los familiares por encontrarlos, entre ellos los portales Pie de Página y A dónde (lle)van (a) los desaparecidos, que les ponen rostro y nombre y cuentan las historias de vida de las víctimas. Que evitan que sean convertidos solamente en cifras. Que investigan y demuestran la pertinencia y necesidad del periodismo comprometido en un país convertido en sí mismo en una fosa común. En un cementerio regado con sangre.
El 1 de diciembre de 2018, cuando asumió como presidente, López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Es el caso de desaparición forzada en México que tuvo mayor repercusión internacional.
Los reclamos de los familiares de los otros 40.000 desaparecidos fueron inmediatos. Un par de meses después, el presidente anunció un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. El tema está en la agenda gubernamental, pero se necesitan resultados concretos porque los desaparecidos no les faltan sólo a sus familiares. Les faltan a toda la sociedad mexicana. Nos faltan a todos. Sin ellos no hay reparación ni sanación posible de las heridas producidas por la guerra contra el narcotráfico.
La lucha por los derechos humanos es agitada y permanente. Apenas el lunes, en Jalisco se encontró una nueva fosa clandestina con restos de por lo menos 29 personas, que ahora deberán ser identificadas. El mismo día, el secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, advirtió que pronto habrá novedades sobre el caso Ayotzinapa y que se derrumbará la "verdad histórica" que quiso imponer Peña Nieto para hacer creer que los estudiantes habían sido secuestrados y quemados en un basurero por narcotraficantes. El nuevo informe despierta expectativa y esperanza para los familiares de los 43.
El próximo 23 de enero, además, se realizará la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz. Partirá de Cuernavaca y, dos días después, llegará a la Ciudad de México. La convoca el poeta Javier Sicilia, quien hace nueve años realizó una movilización similar después de que su hijo de 24 años fuera asesinado junto con otros seis jóvenes. Ahora Sicilia es acompañado por el activista Julián LeBarón. El pasado 4 de noviembre, tres mujeres y seis menores de edad miembros de su familia fueron asesinados en Sonora. Es una de las masacres que ya marcaron al gobierno de López Obrador.
Uno de los objetivos de la marcha es saber en dónde están los desaparecidos. Es un tema prioritario porque la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. No prescribe. Bien lo saben argentinos que han condenado a cientos de represores décadas después de haber cometidos sus crímenes.
Lo saben, también, Calderón y Peña Nieto. Ojalá algún día respondan ante tribunales nacionales o internacionales por el desastre humanitario que provocaron. Y que haya justicia.
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