Un halo de decepción envuelve a los peronistas que creyeron que el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de Argentina significaría la liberación en masa de exfuncionarios que ellos consideran presos políticos.
El presidente ya dijo que en realidad son políticos presos. No es lo mismo. Y que él no va a interceder para que salgan de las cárceles porque eso es un asunto que debe resolver la justicia.
La división es álgida y pública. Del lado del presidente está su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien ya reiteró que hay detenciones arbitrarias, injustas, pero no presos políticos, postura que contradicen el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el senador Oscar Parrilli.
Son algunas de las voces más potentes de una discusión que se traslada a militantes que por una parte denuncian las detenciones y se quejan de la falta de reacción de sus líderes, pero por otra evalúan la pertinencia de pelearse abiertamente cuando acaban de recuperar el gobierno, con un presidente que apenas lleva dos meses en el cargo y que debe enfrentar con urgencia la crisis económica y el endeudamiento que le heredó Mauricio Macri.
El riesgo es que la polémica alimente las especulaciones sobre la esperada disputa de poder que la oposición vaticina y desea entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de los previsibles escándalos mediáticos en contra del gobierno por "presionar" a la justicia.
Por eso, el presidente ya hizo un llamado para morigerar la batalla semántica: "Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos… lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Es una discusión innecesaria".
¿Le harán caso?
Porque el enojo existe. Bastó que Macri llegara al poder para que las causas judiciales contra exfuncionarios kirchneristas avanzaran en un contexto de selectividad de la justicia y espectáculos mediáticos montados alrededor de denuncias, procesamientos, detenciones y condenas. Las anómalas prisiones preventivas se volvieron una norma. Las sentencias de culpabilidad se dictaban de antemano en estudios de radio y televisión, portales y páginas de diarios afines al macrismo, no en tribunales.
El escenario cambió el año pasado, cuando Fernández venció a Macri y arreciaron los reclamos de liberación de "presos políticos", sin distinguir entre causas con mayor o menor sustento, y en las que se llegó a minimizar o justificar la corrupción como un factor inherente a la política.
Hay tres casos emblemáticos. Uno es el de Milagro Sala, la líder de la organización social Tupac Amaru que operaba en la norteña provincia de Jujuy y que fue detenida en enero de 2016, en las primeras semanas del gobierno macrista. La dirigente fue víctima directa de la exitosa campaña de estigmatización que llevaron a cabo los medios antikirchneristas y que estuvo cargada con un componente de racismo por su condición de indígena. Para ellos, Sala fue culpable mucho antes de que se realizaran los juicios.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le tiene una probada animadversión personal, que se tradujo en la parcialidad con la que los tribunales provinciales la imputaron y condenaron. La arbitrariedad judicial quedó demostrada a principios de febrero, luego de que el portal El Cohete a la Luna filtrara audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, reconoce que la dirigente está presa no por sus presuntos delitos, sino porque la consideran "un peligro" para el gobierno local. La ministra Gómez Alcorta fue su abogada, por eso no es casual que siga advirtiendo que hay presos políticos, aunque el presidente lo niegue.
Otro protagonista es Amado Boudou, el exvicepresidente de Fernández de Kirchner que enfrentó varias acusaciones, y que fue condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. El tribunal dio por probado que compró, a través de prestanombres, la empresa Ciccone que obtuvo millonarios contratos con el Estado cuando él era ministro de Economía. Su detención, en noviembre de 2017, fue acompañada por la filtración de fotos en las que se lo veía esposado, descalzo, en pijama, despeinado. Eran imágenes humillantes, suficientes para que los kirchneristas intensificaran denuncias por persecución, revancha, "maniobras de disciplinamiento" y shows políticos, mediáticos y judiciales.
La semana pasada, el portal El Destape reabrió la discusión por la parcialidad en los juicios contra políticos en los últimos años. Reveló que el gobierno macrista le ayudó al empresario Alejandro Vandenbroele a abrir un hotel boutique en la provincia de Mendoza con millonarios recursos públicos que le otorgó por haber sido un "testigo arrepentido", fundamental para que condenaran a Boudou. El juez Ariel Lijo ya investiga si hay delito de por medio.
El tercer caso es el de Julio de Vido, el exministro de Planificación que durante los 12 años de gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner manejó los multimillonarios recursos de obras públicas que se adjudicaban a través de un mecanismo sospechado de corrupción desde hace décadas. De Vido ya fue condenado por "administración fraudulenta" en el juicio por la llamada tragedia de Once, el choque ferroviario en el que murieron 51 personas, y en el que fue absuelto del delito de "estrago culposo", es decir, de responsabilidad directa.
En diciembre, cuatro días después de la asunción presidencial de Fernández, el exfuncionario fue beneficiado con la prisión domiciliaria, lo que hizo especular con la posibilidad de que, efectivamente, el cambio de gobierno implicaría la liberación y absolución de todos los imputados kirchneristas.
Pero eso no ocurrió, por lo que De Vido confronta abiertamente con el gobierno por regatearle su condición autoimpuesta de preso político. Desde su casa de campo en la provincia de Buenos Aires, tuitea con avidez en contra de Fernández y Kicillof, y recibe el apoyo de los sectores más radicalizados de la militancia peronista que quieren ver libres y exculpados a sus "compañeros".
Si son culpables o inocentes debería decidirlo la justicia. El problema es que la parcialidad de jueces y fiscales, el tufo de venganza con el que se abordaron muchas investigaciones, alejadas por completo de neutralidad y rectitud, entorpecieron la posibilidad de castigar de manera convincente la corrupción.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
