La guerra narco en México no se puede terminar por decreto. Tampoco con abrazos en lugar de balazos, la recurrente frase que usa el presidente Andrés Manuel López Obrador para resumir una estrategia que intenta ser opuesta a la que siguieron sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que implica que la violencia no será promovida desde el Estado.
Año y medio después de que López Obrador asumiera como presidente, el desafío es cada vez más evidente. La posibilidad de alcanzar la ansiada pacificación del país parece lejana. A veces, incluso, utópica. Y la solución excede por mucho a un gobierno.
La última semana fue un claro ejemplo del terror que está incrustado en México. La violencia se dispersó en varios estados y se tradujo en el asesinato de un juez, balaceras, cadáveres arrojados en carreteras, fosas comunes con cuerpos no identificados, policías acribillados, detenciones de narcos en operativos que generaron reacciones extremas y la exhibición de un video en el que un capo no se inmuta para lanzar amenazas.
Y todo, en medio de una pandemia que agrava la precaria situación de millones de mexicanos y que aumentará la pobreza y el desempleo, indicadores que son el perfecto caldo de cultivo para que engrosen sus filas las organizaciones criminales que disputan mercancías, negocios y territorios a sangre y fuego, en plena complicidad con actores estatales corrompidos. Porque ya se ha demostrado que, a veces, narcos y funcionarios son sinónimos.
Crímenes de Estado
El martes pasado, el juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados a tiros en la ciudad de Colima, en donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones narco más poderosas de país y que está enfrentada con el Cártel de Sinaloa.
Villegas participó en el proceso judicial que, en febrero pasado, culminó con la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito', hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del CJNG, uno de los criminales más peligrosos de México y por quien la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.
Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue contundente al calificar el doble homicidio como un crimen de Estado. Un crimen que vuelve a encender las luces de alerta en torno a los riesgos de las y los funcionarios judiciales involucrados en las investigaciones contra el crimen organizado.
El fin de semana, el panorama empeoró. La Guardia Nacional capturó en Celaya, una ciudad ubicada en el estado de Guanajuato, a 26 personas acusadas de formar parte del Cártel Santa Rosa de Lima que tiene influencia, sobre todo, en el centro del país.
Entre las detenidas se encuentran la madre, la hermana y la prima de José Antonio Yépes Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel. Las mujeres están acusadas de ser las operadoras financieras de la organización. El operativo provocó una oleada de violencia, ya que los narcos respondieron con bloqueos en carreteras, vehículos y locales incendiados y detonaciones de granadas en negocios.
Las redes sociales se inundaron de fotografías y videos que demostraban el caos en las calles y el pánico de los ciudadanos.
Se colmaron, también, con la reproducción de videos en los que 'El Marro' anunció venganza. Desde su condición de prófugo de la justicia, y al borde del llanto, el jefe narco agradeció el apoyo para su familia, pidió más respaldo, insultó a quienes se atrevieron a detener a su madre y advirtió que no tiene miedo y que está dispuesto a aliarse con el Cártel de Sinaloa para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Mientras Guanajuato se incendiaba, la atrocidad se hacía presente, de nuevo en Sonora. El sábado, una decena de cuerpos fueron descubiertos tirados, semidesnudos y amontonados en una carretera. Los automovilistas que transitaron por el lugar se encargaron de replicar videos del hallazgo.
La noche previa se había registrado un enfrentamiento armado en la ciudad sonorense de Caborca. La versión más difundida es que se trató de un episodio más de la disputa entre grupos antagónicos manejados por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y por su exsocio Rafael Caro Quintero. Los habitantes padecieron una noche de espanto, con disparos, persecuciones e incendios a casas, negocios y vehículos. El saldo fue de por lo menos 12 muertos.
¿Quiénes son?
El horror siguió recorriendo al país.
Durante este fin de semana, la Fiscalía de Jalisco reveló el hallazgo de tres fosas clandestinas con 75 bolsas que contenían restos de un número indeterminado de personas ejecutadas. En lo que va de este año, en ese estado ya se encontraron 215 cuerpos. En Puebla, el domingo también descubrieron dos bolsas con restos humanos.
Ahora viene el complejo proceso de identificación que se complica por la crisis forense que la violencia por la guerra narco desató en México, en donde no hay capacidad suficiente para hacer los análisis correspondientes que permitan reintegrar nombres y apellidos a las víctimas que han sido localizadas en más de 2.000 fosas y que forman parte de los más de 60.000 desaparecidos reconocidos oficialmente por el gobierno.
Más al sur, en el estado de Guerrero, seis policías estatales murieron asesinados y cinco fueron heridos de gravedad. Las autoridades responsabilizaron de la masacre al cártel conocido como La Familia Michoacana.
La violencia se dispersa tanto como los nombres y el poder de las organizaciones criminales, que ya no sólo producen y trafican drogas ilegales, sino que encontraron nuevas fuentes de ingreso en la extorsión, los secuestros y el robo de combustibles.
Apenas la semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, había reconocido que había una "mínima alza" de homicidios dolosos durante el gobierno de López Obrador.
Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el último año y medio fueron asesinadas 53.628 personas. Son, en promedio, 100 víctimas diarias. Con esas cifras, no sorprende que seis de las 10 ciudades más violentas del mundo sean mexicanas. El problema, además, es que el número oficial de homicidios dolosos supera, por mucho, los reportados en los primeros 18 meses de gobierno de Calderón (15.158) y Peña Nieto (26.633)
Con López Obrador la violencia está en alza. Por los altos niveles de degradación que ya existían al comienzo de su gobierno, era imposible, irreal, pensar que esta tragedia social que él no provocó sería de fácil y pronta solución. El reclamo hubiera sido injusto, pero existía la esperanza de que, por lo menos, los crímenes fueran aminorando y la pacificación asomara en el horizonte.
El problema es que está ocurriendo todo lo contrario.