Si los opositores pueden ganar las elecciones, mejor hay que evitar que se postulen.
Esta parece ser la fórmula mágica y misteriosa que recorre América Latina, ahora en particular en Ecuador y Bolivia, países en donde los oficialismos están haciendo todos los esfuerzos necesarios para impedir candidaturas o incluso la proscripción de partidos rivales.
La meta es clara y tiene nombres y apellidos: evitar a como dé lugar el retorno al poder de los partidos de los expresidentes Rafael Correa y Evo Morales.
Que sus fuerzas políticas tengan altas intenciones de voto o que incluso encabecen las encuestas significa que gran parte de la población los apoya. O sea, lo mínimo que se esperaría es que se respete a esos ciudadanos que eligen libremente quiénes quieren que los gobiernen, pero no parece que haya ninguna intención de honrar una premisa básica de la democracia.
Lo raro, bueno, no tan raro, la verdad, es que estas estrategias tan antidemocráticas se promueven al grito de: "¡Defendamos la democracia!". Y lo que debería ser un escándalo internacional se acalla gracias a la complicidad de los medios tradicionales de la región que, en una gran alianza, digitan las coberturas electorales a partir de dobles estándares: condenando a los gobiernos progresistas y avalando a los conservadores, ocultando sus crisis internas. La división entre "malos" y "buenos" ya es grotesca.
Venezuela, lo sabemos, es su caballito de batalla. Nicolás Maduro es el demonio latinoamericano. El más malo de todos los malos. Por eso el "nos vamos a convertir en Venezuela" se convirtió en el insultante latiguillo de los candidatos de derecha. Lo lanzan con tono tenebroso, para asustar, para suscitar miedos. Ser Venezuela. Qué horror. Aunque lo verdaderamente horroroso es la permanente estigmatización de las y los venezolanos, y el uso y abuso político de una tragedia humanitaria.
A los medios que se autoproclaman falsamente como independientes se suma la ayuda de la Organización de Estados Americanos, que no condena, ni investiga, ni cuestiona lo que está ocurriendo en Ecuador y en Bolivia. Bueno, si la OEA avaló el golpe de Estado contra Morales, mucho más no podemos esperar.
Democracias en riesgo
Y no olvidemos al Poder Judicial que actúa de manera selectiva y que, extrañamente, acelera procesos judiciales contra líderes políticos populares en épocas electorales. Ya lo padeció Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Eso es lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. Las elecciones presidenciales se realizarán el 7 de febrero de próximo año, pero la presión judicial contra Correa ya logró que sea sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho, en el marco de la causa conocida como "caso sobornos", que investiga aportes ilegales al movimiento correísta Alianza País. La condena todavía no está firme. Si se ratifica, el expresidente radicado en Bélgica no podrá volver al país ni postularse a ningún cargo.
Por supuesto que los presuntos actos de corrupción deben ser investigados y condenados, el problema es cuando los procesos se llevan a cabo con un halo más de venganza que de justicia. Ya lo vivió Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
Además, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador les negó el registro a cuatro partidos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, con el que Correa aspira a candidatearse a la vicepresidencia.
El pretexto legal es que el partido de Correa no cumple con el 1,5 % de las firmas del padrón electoral que exige la ley para obtener el registro. Lo que llama la atención es el acendrado encono hacia la principal fuerza opositora al gobierno de Lenin Moreno y que, de acuerdo con las encuestas, es uno de los partidos con mayor intención de voto, aun sin haber definido a su candidato a presidente. El tufo a prescripción es evidente. Más antidemocrático, imposible.
Postergaciones bolivianas
En Bolivia, el panorama no pinta mejor.
La ultraderechista presidenta de facto Janine Áñez y aliados lograron retrasar de nuevo las elecciones, que estaban previstas para el 6 de septiembre. Ahora se supone que serán el 18 de octubre, pero la verdad es que desde el año pasado nada puede darse por seguro en este país.
Para empezar, Áñez se autoproclamó como presidenta el 12 de noviembre y aseguró que solo ocuparía el cargo unas semanas. También juró que no se postularía a la presidencia en las elecciones en las que Bolivia intentará recuperar su sistema democrático.
Si se concreta la nueva fecha de los comicios, resultará que la mejor amiga de Jair Bolsonaro durará más de un año en un cargo para el que nadie nunca la votó, salvo, claro, la OEA y algunos cómplices más. Pero no las y los bolivianos.
Ah, y parece que le agarró gusto al poder, porque Áñez incumplió su promesa y sí terminó postulándose, pero como las encuestas la ubican en un lejanísimo tercer lugar, dado el desastre de su manejo de la pandemia, ahora anda haciendo esfuerzos denodados para impedir el registro de Luis Arce, el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo que encabeza la intención de voto.
Si el Tribunal Supremo Electoral cede a las presiones y encuentra un artilugio para impedir el registro del MAS, será imposible vislumbrar el regreso de la democracia en este lastimado país. Por increíble que parezca, quieren sancionar a Arce con la suspensión de su registro por haber difundido una encuesta. De ese nivel es la campaña de odio que recibe escasa visibilidad y condenas.
Las agresiones y persecuciones a los militantes del MAS están a la orden del día. La violencia política y las violaciones a los derechos humanos se hicieron norma en Bolivia sin que ello alarme demasiado a la "comunidad internacional", esa entelequia que a veces parece más bien un club de amigos y enemigos.