¿Terminará el presidente su mandato?
La permanente duda que existe en Argentina, sin importar quién gobierne, se sustenta en el devenir de su historia y es revivida cada tanto de acuerdo con intereses políticos que solo sirven para exacerbar los ánimos de un país hoy polarizado entre el peronismo, que representa el gobierno de Alberto Fernández, y el antiperonismo, en el que se aglutinan opositores partidarios, mediáticos y empresariales.
Pero los vaticinios funestos no provienen siempre de los rivales.
Ahora fue el expresidente interino Eduardo Duhalde, otro peronista, quien se encargó de atizar la desconfianza hacia la estabilidad democrática argentina. Predijo en televisión abierta, sin ningún gesto de duda, que las elecciones legislativas del próximo año se suspenderán porque el presidente sufrirá un golpe de Estado.
En #AnimalesSueltos Duhalde acaba de decir que el año que viene no va a haber elecciones, porque habrá un golpe de Estado militar. Así nomás... pic.twitter.com/3fSOFKhh7e
— Sospechoso Javier Smaldone (@mis2centavos) August 25, 2020
A la misma hora, en otro canal, un mediático economista se ponía en sintonía y anticipaba una inminente guerra civil. Hace semanas, una famosa actriz y conductora fue pródigamente difundida por haber preguntado en vivo si Fernández terminaría o no su mandato. Luego se disculpó. Un líder opositor ya cuestionó "cuánto demora esto en explotar". El exministro del Interior del macrismo aseguró: "Estamos cerca del 'que se vayan todos'".
Quien hable mal o en contra del peronismo tiene garantizada una amplia repercusión en medios de comunicación. Cada vez que sale a marchar, la oposición más radicalizada exige el fin del gobierno de Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un gobierno que, vale recordar, comenzó hace apenas ocho meses y medio después de haber ganado una elección transparente y democrática, que recibió una grave crisis económica que le dejó la gestión de Mauricio Macri y que de entrada tuvo que enfrentar una pandemia mundial.
Las críticas al oficialismo, siempre necesarias en los sistemas democráticos, aquí se impregnan de una peligrosa sobreactuación que resucita el temor de que se generen climas de inestabilidad que deriven en nuevos episodios de la violencia política que tanto conocen los argentinos.
Argentina comenzó en 1930 una historia de intermitentes golpes de Estados que impidieron la consolidación de la democracia. Entre una y otra dictadura, la tensión política era latente y enturbiaba los esfuerzos por sostener a los gobiernos elegidos por la vía de los votos.
En 1976, el golpe contra María Estela Martínez de Perón dio inició a la sexta dictadura argentina del siglo pasado y la más sangrienta, la que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos, cientos de niños robados por los represores y miles de muertos y sobrevivientes de las cárceles clandestinas. También sería la última.
El problema es que la recuperación de la democracia no implicó estabilidad política. Crisis económicas, pactos partidarios y estallidos sociales alteraron de manera recurrente el calendario de gobiernos democráticos.
Raúl Alfonsín, por ejemplo, fue electo para el periodo del 10 de diciembre de 1983 al 10 de diciembre de 1989, pero la crisis económica marcada por la histórica híperinflación de ese año lo obligó a adelantar cinco meses la entrega de la banda presidencial.
Al ganar los comicios, Carlos Menem debía gobernar de 1989 a 1995 sin posibilidad de reelección, pero justo a un año de terminar su mandato logró una reforma constitucional que acortó los periodos presidenciales de seis a cuatro años con posibilidad de una postulación consecutiva. Menem aprovechó la oportunidad y terminó gobernando el país durante una década.
Su sucesor, Fernando de la Rúa, fue electo para el periodo del 10 de diciembre de 1999 al 10 de diciembre de 2003, pero tuvo que renunciar a la mitad del mandato. El 21 de diciembre, en medio del último estallido social que ha sufrido el país, De la Rúa salió de la Casa Rosada en helicóptero, lo que, junto con los cacerolazos, se ha convertido en un símbolo de la expulsión de un presidente argentino.
La hecatombe política, social, económica e institucional que enfrentó el país en 2001 provocó que Argentina tuviera un récord de cinco presidentes en 11 días: De la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde, quien asumió de manera interina el 1 de enero de 2002, en principio para terminar el mandato presidencial hasta diciembre de 2003.
Sin embargo, como la crisis política continuaba, Duhalde tuvo que adelantar las elecciones. Finalmente, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la Presidencia. Las circunstancias eran tan irregulares, incluido la renuncia de Menem a participar en la segunda vuelta, que en lugar de gobernar cuatro años, como establece la Constitución, el periodo de Kirchner fue de cuatro años y medio.
Cristina Fernández de Kirchner, en cambio, se convirtió en la primera presidenta de Argentina desde la recuperación de la democracia que inició y termino en tiempo y forma los dos mandatos para los cuales fue electa (2007-2011 y 2011-2015).
Luego le siguió Mauricio Macri (2015-2019), quien, a sabiendas de la larga historia de crisis institucionales y anomalías en los traspasos presidenciales, presumió como uno de sus logros el cumplimiento formal de su periodo de cuatro años de gobierno.
La consistencia política en Argentina ha sido excepcional. Estos últimos 37 años representan su periodo más largo de democracia. Pero pervive la costumbre de comparar al gobernante de turno con una dictadura y de desearle una pronta partida "en helicóptero". Así lo han padecido particularmente Fernández de Kirchner, Macri y ahora Alberto Fernández.
Las declaraciones de Duhalde provocaron un repudio generalizado desde su propio partido y de los organismos de derechos humanos que siguen luchando para que haya justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Porque no todo vale para invocar tragedias y utilizar políticamente capítulos dolorosos para una sociedad.
Desde el gobierno nacional salieron a reprobar al expresidente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. También cuestionaron sus dichos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el exministro kirchnerista Aníbal Fernández.
En la reacción en cadena participó la Cámara Electoral, que, de manera inusual, recordó en sus cuentas en las redes sociales que está trabajando con miras a las elecciones legislativas del 24 de octubre del 2021. Incluso posteó fotos de las reuniones.
Hasta el jefe de Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, lamentó los dichos de Duhalde. "Constituyen comentarios fuera de época. Reafirmo el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución Nacional", escribió.
La expresidenta y hoy vicepresidenta Fernández de Kirchner aludió a los vaticinios de golpes de Estado. En un documento en el que analizó la reforma judicial que debate el Congreso, habló de "tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos".
Los organismos de derechos humanos, encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo, fueron más contundentes. Repudiaron al expresidente interino, lo calificaron de "irresponsable" y advirtieron la gravedad de que emita sus presagios sobre muertes y violencia política en medio de una pandemia.
"El pueblo argentino ha decidido –y lo volverá a reafirmar cada vez que sea necesario– que (la que comenzó en 1976) fue y seguirá siendo la última dictadura. Tenemos que estar alerta y señalar las acciones desestabilizadoras, pero sobre todo mantener la unidad y apostar al bien común sabiendo que somos la vasta mayoría. No permitamos que los discursos que pretenden sembrar el miedo y el caos le ganen al amor y a la ternura", afirmaron en una carta en la que también recordaron el mantra que defiende a la democracia argentina: Nunca más.
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