La persecución política en contra de expresidentes progresistas de América Latina se anotó esta semana un par de triunfos con la confirmación de las proscripciones de las candidaturas de Rafael Correa y Evo Morales.
No por esperada, por previsible, la noticia deja de impactar. Sobre todo porque la prensa tradicional de la región blinda con un manto de justicia decisiones que están marcadas por la venganza, el odio y el desprecio a determinados movimientos políticos y a sus líderes. Son fallos que afectan todavía más a los ya lastimados sistemas democráticos de Ecuador y Bolivia y, por lo tanto, a Latinoamérica.
En una misma jornada, tribunales de los dos países decidieron que Correa, exiliado en Bélgica, no podrá ser candidato a la vicepresidencia y que Morales, refugiado en Argentina, no podrá postularse al Senado, como tenían previsto.
Las elecciones en Ecuador están pactadas para el 7 de febrero del próximo año. En Bolivia se supone que los comicios serán el 18 de octubre pero, a pesar de que después de dos postergaciones hay un acuerdo político de que la fecha ya es inamovible, nada puede darse por seguro en ese país tomado por una dictadura.
Ahora los esfuerzos de sus enemigos se centrarán en la lucha para impedir, a como dé lugar, la participación de Fuerza Compromiso Social y Movimiento al Socialismo, los partidos de Correa y Morales, en las elecciones. Porque no se trata sólo de eliminarlos a ellos, sino de anular a sus fuerzas políticas. La razón más importante es que en ambos casos lideran las encuestas, por lo tanto hay que prohibir a toda costa que participen porque pueden ganar.
La presión judicial contra Correa logró que se confirmara la sentencia de ocho años de prisión en su contra por el delito de cohecho, en el marco del llamado "caso sobornos", que investiga aportes ilegales al movimiento Alianza País en el periodo de 2012 a 2016. Además, lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos durante 25 años. Cuando venza esta pena, Correa tendrá 82.
Si no fuera un caso de extrema seriedad, la sentencia podría tomarse con sorna debido a los términos en los que fue redactada, ya que en ninguna parte aparecen pruebas contundentes de que Correa hubiera entregado o recibido sobornos.
"La prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho pasivo propio agravado", señaló el fallo.
Así que la máxima prueba para los jueces fue un "influjo psíquico". Como bien ironizó uno de los abogados del expresidente, parece que más bien se refieren a un caso de parapsicología y no a una decisión que golpea de lleno un proceso electoral que debería ser maduro, incontrovertible y democrático.
La proscripción en Ecuador tiene nombre y apellido y es sólo para impedir la participación de Correa. Así lo demuestran otras dos candidaturas que avanzan sin mayores cuestionamientos.
Una es la Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, quien saltó a la fama política como golpista en el año 2000 al encabezar el derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad. En 2002 ganó, ahora sí en elecciones, el cargo de presidente, pero su gobierno estuvo marcado por escándalos de corrupción y denuncias de autoritarismo. Fue obligado a renunciar tres años más tarde, acosado por violentas revueltas sociales.
El otro candidato es Abdala Bucaram, el expresidente que en 1997, después de gobernar menos de seis meses, fue destituido por el Congreso nacional, que determinó que tenía "incapacidad mental". Su breve tiempo en el poder alcanzó para que estuviera involucrado en múltiples casos de corrupción por los que hasta ahora no ha sido condenado, a diferencia del proceso exprés que enfrentó Correa.
Apenas en junio pasado, en plena pandemia, Bucaram fue detenido como parte de una investigación por anomalías en la comercialización de insumos médicos. Los cargos en su contra son añejos y múltiples, pero mientras no sea condenado, puede postularse a cualquier cargo. Por eso, a principios de agosto anunció que volverá a ser candidato a la presidencia. Suerte (impunidad) que tienen algunos.
Algo similar ocurre en Bolivia, en donde lo único que importa es que el MAS no se postule, mucho menos ahora que, a poco más de un mes de las elecciones, las encuestas siguen anticipando el triunfo de su candidato Luis Arce, el exministro de Economía de Morales.
La candidatura del expresidente al Senado ya había sido rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Luego de una impugnación, los magistrados votaron para definir si derogaban la inhabilitación. Hubo empate. Entonces la decisión final la tenía que tomar el juez Alfredo Jaimes Terrazas, quien optó por cerrar la puerta a la continuidad de la carrera política de Morales en las urnas.
El pretexto para prohibir su participación no se basó en causas por corrupción ni en otros delitos de extrema gravedad. Fue apenas un tecnicismo. Lo acusaron de incumplir con el requisito de tener por lo menos dos años de residencia permanente en Bolivia.
Pero, ¿cómo iba a tenerlos si en noviembre tuvo que salir del país para salvar su vida después del golpe? No se fue de vacaciones ni viajó de manera voluntaria. Vive en Buenos Aires, forzado por la crisis institucional que estalló después de las fallidas elecciones del año pasado. Es una situación excepcional que no fue tomada en cuenta por los jueces.
El expresidente ya advirtió que no peleará por su candidatura. Confía en que el MAS ganará y el país recuperará la democracia. De esa esperanza nace el título de su más reciente libro: "Volveremos y seremos millones".
Quizá sea cierto que sacarlo del centro de la contienda puede favorecer al Movimiento al Socialismo. Pero el panorama no es tan fácil. De la misma manera que ocurre con el partido de Correa en Ecuador, en Bolivia continúan los intentos para prohibir también la participación del MAS en las elecciones. Es la única candidatura impugnada. La única fuerza política que quieren desaparecer de las boletas.
En cambio, la presidenta de facto Jeanine Áñez puede postularse sin problema alguno a pesar de que, cuando se autoproclamó, prometió que sólo permanecería en el cargo durante unos meses y no buscaría ningún cargo de elección popular. Su incumplimiento ya le valió repudio masivo social y sólo araña una intención de voto del 10 %. Pero sigue firme como candidata.
Y ni hablar de Jorge Tuto Quiroga, el exvicepresidente del dictador Hugo Bánzer, a quien tuvo que suceder cuando murió por un cáncer. Quiroga gobernó el país de 2001 a 2002 y ha estado acusado en varias causas por corrupción. Luego intentó ganar la presidencia por la vía electoral, pero siempre perdió ante Morales. El rencor es claro. De ahí su apoyo al golpe contra el expresidente y sus festejos por su derrocamiento.
Otro ejemplo es el de Luis Fernando Camacho, quien se suma a Añez y a Quiroga como algunos de los candidatos ultraderechistas a la presidencia que abundan en Bolivia.
Aunque simulan, la verdad es que sólo están dispuestos a respetar la voluntad popular si les favorece porque, como tantos otros líderes en la región, creen que la democracia sólo existe cuando ellos son los que gobiernan.
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