En Argentina, cada tanto se instalan campañas xenófobas. Ahora el pretexto fue que el presidente Alberto Fernández derogó un decreto de su antecesor, Mauricio Macri, quien en 2017 modificó la ley para aplicar procesos sumarios que violaban el debido proceso y los derechos humanos de las personas migrantes. Y que eran inconstitucionales.
Cualquiera que leyera este viernes a gran parte de la oposición y la prensa argentina (en muchos casos son lo mismo), pensaría que el gobierno peronista beneficiará "a delincuentes", "a asesinos" y "a narcos". Esas fueron las palabras más usadas en los titulares para estimular la indignación social.
La malintencionada confusión no explicaba que, en realidad, antes de que gobernara Macri, la Ley de Migraciones de Argentina era reconocida a nivel mundial por su enfoque integral respetuoso de los derechos humanos. Y, además, ya limitaba el ingreso de personas condenadas por delitos en otros países. Ese no fue un cambio impuesto por el expresidente.
El decreto derogado lo único que hizo fue facilitar expulsiones de inmigrantes en tiempo récord, aun sin que se comprobaran los delitos que se les adjudicaban o a pesar de que ya hubieran cumplido su pena. Se les negaba el derecho a la defensa. Se les condenaba sin juicio. Se les separaba de su familia argentina. Se les impedía volver al país.
Por eso hubo denuncias del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales.
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró que el decreto era inconstitucional, pero el gobierno de Macri apeló y el caso llegó a la Corte Suprema, que hasta ahora no resolvió. Ya no hará falta, porque la reforma que desató un intenso debate social cargado de prejuicios, quedó anulada.
Para defender el decreto en 2017, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manipuló estadísticas que vinculaban de manera automática a los inmigrantes con la inseguridad y el crimen organizado. Solo a los latinoamericanos, por supuesto, porque de los estadounidenses y europeos que lavan el dinero narco, jamás tenemos noticias.
Sin cifras que avalaran ninguna emergencia migratoria, en los medios que apoyaron al macrismo se fortaleció el prejuicio de que los extranjeros venían en masa para atenderse gratis en los hospitales públicos, estudiar gratis en la universidad pública, traficar drogas, trabajar en las calles para no pagar impuestos y cobrar jubilaciones sin haber trabajado.
Lo raro era que, si otros países aplicaran la reforma de Macri, ni el expresidente argentino ni muchos de sus exfuncionarios podrían viajar debido a las múltiples investigaciones judiciales que tienen encima.
Una y otra vez, Bullrich, quien hoy lidera al principal partido de oposición, repitió que el 33 % de las personas detenidas por delitos vinculados con drogas eran extranjeras. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) demostró que esos datos correspondían únicamente a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Si se tomaba en cuenta la totalidad de presos en el país, resultaba que la cifra de extranjeros detenidos por delitos de drogas se reducía al 17 %.
En números absolutos, en ese momento eran 1.426 personas. Representaban una proporción que se había mantenido estable en los últimos 15 años. Otro dato a destacar es que las y los extranjeros representan únicamente el 4,4 % de la población total en Argentina.
Para peor, si se desglosaban los casos, se descubría que muchos de los acusados o condenados eran víctimas de las redes de explotación del narcotráfico, desde revendedores menudistas hasta mujeres utilizadas como "mulas" para transportar drogas ilegales. Es decir, los escalafones más bajos del multimillonario negocio.
Con su discurso, Bullrich alimentó el prejuicio de que "los extranjeros" venían a delinquir, principalmente en el mercado narco. ¿Cómo negarse a que se les impidiera el ingreso y la radicación, a que se facilitara su expulsión?
Lo que muy pocos explicaban es que es una obviedad que en todos los países haya extranjeros detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico, ya que es un crimen transfronterizo pero, ¿en realidad era tan grave en Argentina que ameritaba cambios en la ley? Pues no.
La campaña del macrismo para defender su decreto permitió que en las redes sociales, en los titulares de los medios, en los comentarios de lectores, en programas de radio o televisión, a diario y durante semanas, se pudieran leer o escuchar frases como: "Los inmigrantes delincuentes", "¿Por qué delinquen los extranjeros?", "Deberían exigirle el triple de requisitos a los bolivianos", "Hace 30 años Mendoza tenía gente muy hermosa trabajadora, ahora uno camina por el centro de las ciudades mendocinas y solo se ve gente enana, fea, morocha de mal aspecto", "El paraguayo que viene a trabajar va a ser bien recibido, pero aquel que tiene malos antecedentes, ¿qué puede aportar a la Argentina?", "Seguimos importando extranjeros pobres", "En otras épocas los inmigrantes venían a trabajar, ahora vienen a delinquir". Las decían funcionarios y periodistas.
"Acá vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga… muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como capitalistas o como 'mulas', como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico", dijo Bullrich en su gira mediática para reforzar la estigmatización. El gobierno de Bolivia reclamó. Denunció el discurso xenófobo y Evo Morales incluso mandó a una delegación oficial a Argentina.
De las palabras, el macrismo pasó a los hechos. Extranjeros fueron acusados de delitos que jamás se probaron. O luego de demostró que eran inocentes. No importaba. Ya habían sido maltratados, condenados. El daño estaba hecho.
En abril de 2019, los artistas chilenos Gabriela Medrano y Felipe Zegers fueron detenidos y acusados de terrorismo por dejar en el hotel unos parlantes que habían usado para su performance. La Policía los confundió con una bomba. "No fueron prolijos en su accionar, se fueron sin pagar y dejaron un portafolio que la policía de Córdoba y un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas", fue toda la justificación de Bullrich.
La violencia institucional también la padecieron en octubre de 2018 el ciudadano turco Anil Barán, los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas y el paraguayo Luis Fretes, quienes fueron detenidos durante una represión policial frente al Congreso. "Queremos que sean expulsados del país. Que vengan a Argentina y generen acciones violentas, no va", acusó la entonces ministra de Seguridad. Lo mismo exigían a gritos periodistas de los principales medios de comunicación.
Pero la causa se cerró porque ninguno de ellos había participado en la protesta. Fueron detenidos al voleo, como ocurre tantas veces durante las cacerías desatadas por las fuerzas policiales para reprimir la protesta social.
Y cómo olvidar a los hermanos Axel Ezequiel y Kevin Gamal Abraham Salomon, quienes en noviembre de 2018 fueron detenidos por tener supuestos "vínculos" con Hezbollá. Los acusaron de terrorismo y de poseer un arsenal que era inexistente. El gobierno presumió éxitos en su lucha "contra los delincuentes extranjeros". Cuatro meses después, fueron liberados porque no había prueba alguna contra ellos.
En abril del año siguiente, el Gobierno deportó al equipo de futsal de Pakistán que venía a competir en el Mundial que ese año se realizaba en la provincia de Misiones. El pretexto fue "cuestiones de seguridad nacional" que jamás se aclararon. Ese mismo mes, en Mendoza, las autoridades retuvieron a siete medallistas olímpicos colombianos "para revisar su pasado judicial". El prejuicio siempre se impuso para justificar el maltrato.
Antes, en febrero de 2019, Vanessa Gómez Cuevas, una ciudadana peruana que residía en Argentina desde hacía 15 años y que tenía a tres hijos menores nacidos aquí, fue deportada. El pretexto fue que en 2013 había sido condenada a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Cumplió su pena. Al salir, estudió enfermería, consiguió un trabajo y siguió con su vida. Para el pasado Gobierno no fue suficiente. La expulsó con el menor de sus hijos y le impidió volver al país. Solo pudo hacerlo meses después, gracias a las denuncias y reclamos de organizaciones nacionales e internacionales.
Estas son solo algunas de las historias de abusos y violaciones de derechos humanos cometidas al amparo del decreto firmado por Macri y derogado por Fernández.
Lo deseable sería esperar que no vuelva a haber retrocesos, pero las críticas lanzadas hoy por la oposición, basadas en falacias y propagadas por un amplio sector de la prensa, demuestra que la xenofobia, la discriminación y el racismo estarán siempre presentes. No hay que cederles el protagonismo.
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