El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, quiso despedir al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, pero no pudo. Y el caso reveló la primera gran pelea interna que enfrenta la alianza peronista Frente de Todos, que comenzó a gobernar en Argentina en diciembre de 2019.
Guzmán representa al presidente Alberto Fernández, y Basualdo, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que el choque tantas veces anunciado y desmentido entre ambos, ahora sí quedó confirmado.
La discusión de fondo tiene que ver con la política económica. Guzmán, con el apoyo de Fernández, apuesta a subir las tarifas de los servicios públicos de energía, que en Argentina se cobran con diferentes niveles de subsidio, mientras que Basualdo, respaldado por la vicepresidenta, se niega, al considerar que una medida de este tipo afectará a los más desfavorecidos en medio de una pandemia que ha profundizado la pobreza en el país sudamericano.
Al interior del Gobierno, el kirchnerismo acusa a Guzmán de querer obedecer al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone las subas tarifarias como requisito para renegociar la multimillonaria deuda de Argentina. Del lado más "albertista", advierten que si no se actualizan los precios, no se podrá reducir la emisión monetaria y, por lo tanto, tampoco la inflación, que es uno de los principales dolores de cabeza en este país.
El viernes, desde el Ministerio de Economía filtraron a la prensa que, con el pleito en su punto máximo, Guzmán, en acuerdo con el presidente y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había despedido a Basualdo, a quien culpó de no haber cumplido con su misión de diseñar una segmentación de tarifas acorde con los ingresos de la población, para evitar que paguen más quienes menos tienen.
Las horas pasaron y la salida del funcionario se dio como un hecho. Pero el fin de semana se confirmó que seguía y seguiría en su puesto, gracias a la intervención de Fernández de Kirchner.
Que un presidente haya apoyado el despido de un funcionario de primer nivel y que la vicepresidenta haya logrado mantenerlo abre un punto de inflexión en el peronismo gobernante, ya que deja al descubierto disputas que benefician a la oposición que siempre ha argumentado que la que verdaderamente gobierna "es Cristina".
La confrontación debilita principalmente a Alberto Fernández, quien queda plantado como un presidente que no puede imponer su visión. Ni siquiera reacomodar a su propio gabinete.
No parece el mejor escenario en un momento en el que las encuestas coinciden en que la valoración negativa del gobierno supera el 50 %, cuando faltan menos de seis meses para las elecciones legislativas que renovarán el Congreso y en las que el oficialismo puede perder la mayoría.
En ese momento, al peronismo todavía le restarán dos años de gobierno y se encaminará a buscar la reelección, a lo que puede sumarse la complicación de un parlamento opositor.
Las fricciones en el peronismo no sorprenden (su fundador y máximo líder Juan Domingo Perón advirtió que, cuando parece que los peronistas están peleando, en realidad se están reproduciendo). En este caso, las dudas sobre la fortaleza de la alianza gobernante son fundacionales porque el pragmatismo se impuso con el objetivo de impedir la continuidad de Mauricio Macri en la presidencia en las elecciones de 2018. Para lograrlo, hacía falta que todos y todas se unieran.
En ese proceso, Fernández y Fernández de Kirchner dejaron atrás viejos rencores. Él había renunciado en 2008 a ser su jefe de Gabinete, inconforme con la manera en la que la entonces presidenta manejó la crisis con las patronales agropecuarias. Luego pasó años criticándola.
El macrismo los reconcilió. Tanto, que en mayo de 2019, Fernández de Kirchner, en una jugada política magistral, sorprendió al anunciar que sería Alberto Fernández, y no ella, quien encabezaría la fórmula presidencial. Ganaron, pero desde el principio muchos se preguntaron quién de los dos ejercería realmente el poder, si podrían intercambiar los roles para que ella dejara de ser "la jefa".
Ahora, la disputa por las tarifas y la permanencia del subsecretario de Energía abona estos conflictos palaciegos que siempre estuvieron latentes (Fernández de Kirchner ya había hablado de "funcionarios que no funcionan") y que se reflejan incluso en las corrientes partidarias que apoyan a uno o a otra. Las lealtades son claras.
El caso es que Basualdo sigue en su puesto pero no se sabe por cuánto tiempo, porque en estas condiciones difícilmente podrá permanecer subordinado (burocráticamente, no en los hechos) a Guzmán. Los rumores de renuncia del ministro de Economía tampoco han cesado, porque también es cierto que quedó desautorizado políticamente en un momento en el que enfrenta la dura renegociación con el FMI.
La incertidumbre sobre el manejo del país poco ayuda en un contexto en el que la pobreza ya supera el 42 %, mientras que la inflación acumula el 13 % durante el primer semestre y todo apunta a que superará el 29 % que preveía el Gobierno para el 2021, el año en el que se espera el inicio de la recuperación económica post pandemia.
Están, además, los efectos de la crisis sanitaria. Con poco más del 15 % de la población vacunada hasta principios de mayo, Argentina es el tercer país de la región, por detrás de Chile y Uruguay, con mayores niveles de inmunización. Si recibe las dosis comprometidas y acelera la campaña de vacunación, el balance del Gobierno puede mejorar más allá de los pleitos internos.
Pero los problemas no cesan. El presidente acaba de perder una batalla judicial sobre uno de los debates centrales durante la pandemia: la presencialidad de las clases que él prohibió por decreto. El martes, la Corte Suprema consideró que Fernández no tiene atribuciones para impedir el derecho a la educación. Es decir: le dio la razón al gobierno de la Ciudad, que encabeza el opositor conservador Horacio Rodríguez Larreta y precandidato presidencial rumbo a 2023.
La decisión permitió mostrar las coincidencias de fondo que sí mantienen el presidente y la vicepresidenta.
"La Corte acaba de decidir... que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño", acusó Fernández de Kirchner al cuestionar nuevamente la parcialidad del Poder Judicial.
"Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencias. Soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia", advirtió el presidente.
Con la presión opositora partidaria, mediática y judicial encima, pareciera que lo que menos hace falta son pugnas peronistas que pongan en riesgo la unidad gobernante. Eso sí que es de verdadera necesidad y urgencia.
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