El expresidente Mauricio Macri y varios de sus exministros están enredados en un laberinto de contradicciones ante la denuncia del Gobierno de Luis Arce sobre el envío de material represivo a Bolivia para apoyar al régimen de facto de Jeanine Áñez después del golpe de Estado contra Evo Morales.
Primero negaron por completo que hubieran mandado un cargamento. O que no sabían nada. Después afirmaron que la carta que así lo demostraba había sido falsificada. Más tarde, reconocieron que sí lo habían enviado, pero aseguraron que "sólo" era para custodiar a la Embajada argentina en La Paz, no para ayudar a Añez a cometer sus violentas represiones.
Uno de los principales problemas de las versiones de los exfuncionarios, que aclaran poco y nada, es que intentan deslindarse pero en sus declaraciones adhieren a la narrativa impuesta por la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) que desconoce que el 10 de noviembre de 2019 en Bolivia hubo un golpe de Estado. El macrismo jamás admite las presiones y amenazas que sufrió Morales por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para que renunciara y que incluso pusieron en riesgo su vida.
Más allá de que el envío del material está bajo investigación, en los hechos concretos no hay que olvidar que el pasado Gobierno argentino le negó refugio al expresidente boliviano, por eso el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández (quien en ese momento ya era presidente electo) tuvieron que organizar un cinematográfico operativo de rescate. Días más tarde, Macri se atrevió a pedirle a Fernández que reconociera al Gobierno de Áñez.
"Valoro la responsabilidad que ha asumido la senadora Áñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, espero que (Fernández) oficialice la labor que está llevando la presidenta electa", dijo en un lapsus que, además de otorgarle una legitimidad inexistente a la boliviana, omitía las masacres de Sacaba y Senkata llevadas a cabo por su régimen y que dejaron un saldo de decenas de muertos, por lo que hoy son investigadas como crímenes de lesa humanidad.
La facilidad con la que Macri aceptó un gobierno de facto no sorprende. Ya antes había sido el primer presidente en reconocer con entusiasmo a Michel Temer, a pesar de que habían pasado cinco minutos del golpe a Dilma Rousseff. Y hasta hoy, se niega a lanzar crítica alguna a Jair Bolsonaro, el brasileño que encabeza uno de los regímenes más autoritarios de la región. Su obsesión, lo sabemos, es la Venezuela de Nicolás Maduro. El expresidente argentino adolece de un extraño republicanismo selectivo.
Su apoyo político a Áñez fue público, evidente. Si a ello efectivamente le sumó el envío ilegal de material bélico, lo determinarán las justicias de ambos países en las próximas semanas.
Macri ha desmentido las acusaciones con argumentos vagos. Sin referirse de manera concreta al armamento, insiste en que Argentina sólo protegió su embajada y prestó "ayuda humanitaria" a Bolivia.
¿Cuál fue esa ayuda humanitaria? ¿Por qué el general de la Fuerza Aérea boliviana agradeció la colaboración argentina y enlistó el material bélico recibido? ¿Por qué no quiso ayudar a Morales? ¿Por qué nunca condenó el golpe?
El militar se defendió asegurando que su firma en la carta había sido falsificada, pero las autoridades bolivianas ya verificaron su autenticidad. Además, la misiva fue recibida oficialmente en la Embajada argentina. Rarísimo que el exembajador siga diciendo que no la recibió. ¿No se la habrán pasado? ¿Se la escondieron?
La exministra de Seguridad macrista ha sido más enfática. "Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana", aseguró Bullrich el pasado 8 de julio, la misma noche de la denuncia.
Fue la noche de los deslindes, ya que el exministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, aseguró que la cancillería "nunca participó de esto", mientras que el exministro de Defensa, Oscar Aguad, declaró que ni el contingente policial ni el armamento enviados fueron decididos por la cartera a su cargo. Ambos le dejaron la responsabilidad a Bullrich, quien días más tarde, ya con las pruebas acumuladas de las irregularidades de esta operación, se explayó en una larga carta en la que insistió en despegarse de cualquier delito.
"Nuestro gobierno en todo momento ha apoyado la democracia en el continente", afirmó el 12 de julio, a pesar de que el macrismo validó el golpe en Brasil contra Rousseff y jamás reconoció y mucho menos denostó el golpe contra Morales.
Las cifras entre lo que se pidió y autorizó en Argentina y lo que se reportó y entregó en Bolivia no coinciden.
En lo que sí tiene razón es en que en la Embajada argentina fueron protegidos dos ministros de Morales: Carlos Romero y Mariana Prado Moya. Lo que Bullrich omite es que Macri a quien no quiso ayudar ni asilar en Argentina, fue al derrocado presidente boliviano.
A diferencia de su primer mensaje, en el que negaba todo, en esta carta Bullrich ahora sí reconoce que se envió material represivo. El problema, de nuevo, es que el inventario que ella consigna no coincide con lo que salió de Argentina y lo que llegó a Bolivia, además de que valida la explicación de Gendarmería sobre el uso de los 70.000 cartuchos en "entrenamientos" del Grupo Alacrán, lo que sus propios integrantes ya han desmentido.
Hoy sabemos que el 11 de noviembre, un día después del golpe contra Morales, la Gendarmería argentina solicitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados la autorización para enviar a La Paz armas y municiones con el fin de reforzar la protección de la sede de la embajada en medio de las protestas y la violencia política que enfrentaba el país.
El 12 de noviembre, el mismo día que Áñez se autoproclamó como presidenta, Gendarmería aumentó la lista del material que sería enviado a Bolivia. Sumó 70.000 cartuchos anti-tumultos, 100 gases pimienta y 661 granadas de gas, pero las autoridades sólo autorizaron los cartuchos.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Policía boliviana autorizaba el ingreso de 3.600 cartuchos calibre 12-70.
Con los trámites avanzados en los dos países, por la noche salió de Buenos Aires un avión Hércules C-130, del Ejército argentino que, de acuerdo con los registros, llevaba los cartuchos pero también el gas lacrimógeno que no había sido autorizado. En el caso de las granadas, fueron selladas como no embarcadas, pero hay indicios de que, de todas formas, las metieron en la nave. El cargamento también incluía chalecos antibala, cascos, visores nocturnos, binoculares, ametralladoras, fusiles y detectores de metales.
El 13 de noviembre, el general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, quien hoy está procesado por sedición, envió una carta al entonces embajador argentino Normando Álvarez García para agradecerle por haber mandado "material bélico" consistente en 40.000 cartuchos, 18 gases lacrimógenos y 71 granadas de gas.
El gobierno de @mauriciomacri proveyó por debajo “material bélico” al régimen de facto de @JeanineAnez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza. Las masacres de #Sacaba y #Senkata no pueden quedar en la impunidad. pic.twitter.com/8UnTodJVDK
— Rogelio Mayta (@RogelioMayta_Bo) July 9, 2021
Las cifras entre lo que se pidió y autorizó en Argentina y lo que se reportó y entregó en Bolivia no coinciden.
Aunque Álvarez García lo negó, en los registros oficiales de la embajada quedó probado que la carta de agradecimiento sí había sido recibida.
El 15 de noviembre, la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, autorizó el viaje a Bolivia de once miembros del Grupo Alacrán, un cuerpo de élite de la Gendarmería, también supuestamente para custodiar la embajada.
Entre ese día y el 19 de noviembre, el régimen de Áñez cometió las masacres de los municipios de Sacaba y Senkata en las que fueron asesinadas por lo menos 27 personas pero, además, las represiones fueron generalizadas en el resto del país.
Una de las principales líneas de investigación apunta a que parte del material argentino ingresó como contrabando y fue usado por las Fuerzas de Seguridad boliviana en esas represiones.
Finalmente, el 26 de junio del año pasado el Grupo Alacrán volvió a Argentina junto con el material que no había sido utilizado. Las irregularidades siguieron.
Para empezar, en esa vuelta se registraron las granadas que supuestamente no habían sido enviadas. Y de los 70.000 cartuchos ya no había rastro. La explicación de Gendarmería fue que los once miembros del Grupo Alacrán los habían usado en Bolivia para hacer ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro.
Es decir, no se usaron para custodiar y defender la embajada, que se supone era el propósito original. Pero también quedan muchas dudas sobre esta versión, ya que los efectivos de este equipo de élite no están entrenados ni preparados para realizar operativos antidisturbio, ante la eventual posibilidad de que la sede diplomática fuera atacada, cosa que nunca ocurrió.
Lo concreto es que los 70.000 cartuchos jamás regresaron a Argentina y se desconoce quiénes y para qué los usaron. O dónde están. La incógnita se acrecienta porque en el cargamento solo iban tres escopetas que, debido a su capacidad de disparos, son insuficientes como para que los integrantes del Grupo Alacrán hubieran usado todas las municiones durante los poco más de de seis meses que estuvieron en Bolivia.
Parte del misterio comenzó a develarse el lunes, cuando el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, mostró el material argentino encontrado en un depósito de la Policía.
Ahí hay 26.900 cartuchos que formaban parte de los 70.000 enviados originalmente y que estaban guardados en bolsas y en cajas selladas por Gendarmería, lo que confirma que las Fuerzas de Seguridad que estaban bajo el mando de Áñez tuvieron el armamento argentino.
Además, la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ya reveló parte de las declaraciones de los miembros del Grupo Alacrán que han sido indagados en los últimos días. A diferencia de lo reportado por Gendarmería, aseguran que ellos no se entrenaron con las municiones, que no las usaron en ningún entrenamiento y que jamás llegaron a la embajada.
Por eso, cada día que pasa, con cada nueva prueba y ante el cúmulo de revelaciones, se complica la situación de Macri y de sus exfuncionarios. Y es muy probable que, en algún momento, tendrán que aclarar ante tribunales de ambos países si ayudaron con armamento a una dictadura.
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