Ayer tarde, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en España, hizo oficial un cambio ministerial que, sin embargo, puede resultar determinante para el devenir político del país. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, dimitía, pasando a ocupar su puesto Carolina Darias, que dejaba así libre la cartera de Política Territorial, ministerio al que se incorpora Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y anterior candidato a la Generalitat, papel que ahora jugará Illa de cara a las próximas elecciones autonómicas que, previsiblemente, se celebrarán el 14 de febrero. La jugada, de estrategia impecable, es algo más que un baile de caras y sillones ya que en ella se entrecruzan diferentes problemas que han afectado al país en los últimos años.
Pero, al margen de la estrategia política, cabe preguntarse si es un buen momento para cambiar al máximo responsable de la Sanidad en España teniendo en cuenta que el país está en el pico de la tercera ola de repunte del virus e iniciando su proceso de vacunación. La respuesta más obvia es que no parece lo más adecuado sustituir a quien lleva el timón del barco en medio de la tormenta, sobre todo si desde el Gobierno se ha defendido la labor de Illa al frente de la crisis sanitaria. Su rivales políticos, sin embargo, que ahora afean la decisión, paradójicamente llevan pidiendo meses, en bastantes ocasiones a gritos, su dimisión. No es tan sólo una inversión de papeles, es la constatación de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno, aun llena de errores, no es percibida por la población como negativa.
¿Y al margen de las percepciones, ha sido o no positiva la gestión de Illa al frente de Sanidad al enfrentar la pandemia? La respuesta, esta vez y como en casi todos los países del mundo, es de difícil solución. Desde el estallido en China hasta la llegada del virus a Europa, hubo una obvia minusvaloración de la amenaza. Se tomaron medidas, sobre todo en lo referente al control de las personas que venían de China e Italia, que a principios de marzo de 2020 eran los epicentros de la catástrofe, cuando ya el virus circulaba libre por todos los países europeos desde mucho antes, algo que desconocía no sólo Illa, sino cualquier responsable sanitario del continente. Tampoco hubo previsión, antes de que la primera ola arrasara el país, en adquirir material para la protección de los sanitarios.
Por contra, en una de las situaciones más difíciles en muchas décadas, se consiguió doblegar la curva de contagios y fallecimientos a una velocidad mayor que en cualquier país del entorno, siendo este un triunfo conjunto que, sin embargo, se vio ensombrecido por una oposición de derechas que, con el apoyo de los ultras, llegó a tensar a la sociedad y a las instituciones hasta un nivel peligroso. No se puede decir que Salvador Illa lo hiciera mejor que cualquiera de sus homólogos europeos antes del desastre, sí que cuando este aconteció supo encarar la situación con templanza, pedagogía y seriedad. Tras el verano, con la vuelta de las competencias de Sanidad a las Comunidades Autónomas, su labor, compartida con los consejeros regionales, estuvo más centrada en la coordinación de un marco general.
En todo caso, nadie pone a un candidato que cree que puede perder unas elecciones o que por su labor previa va a lastrar el resultado. Que en sus rivales políticos haya cundido el nerviosismo, tanto en los catalanes como en los nacionales, es otra señal de que ellos mismos saben que la percepción general respecto a la gestión no es negativa. Las encuestas pronostican que Salvador Illa, que encabezará la lista de los socialistas catalanes, puede quedar entre el primer y el tercer puesto, en unas elecciones que tienen fecha para el 14 de febrero aunque su celebración pende de una decisión judicial. El pasado 15 de enero, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, firmó un decreto anulando las elecciones por motivos sanitarios. Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente el decreto de anulación electoral.
Aunque todo indica que la sentencia final permitirá la celebración de los comicios, desde los partidos que conforman el actual Gobierno autonómico, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts, esta decisión judicial se ha leído como una nueva intromisión en su labor ejecutiva. No así desde el resto de formaciones, que calificaron de arbitrariedad la suspensión ya que, aunque el riesgo sanitario es cierto, tanto la actividad laboral como la hostelería, con restricciones, permanecen en funcionamiento en Cataluña. En mi opinión, la suspensión de las elecciones tiene más que ver con intentar atenuar el efecto al alza para los socialistas catalanes tras proclamar a Salvador Illa como candidato, que a la situación sanitaria en sí misma. Otro consejero del Govern pidió la pasada semana aflojar las restricciones a la movilidad para el turismo de nieve.
Al margen de esta situación electoral anormal, que se une a la anormalidad general que vive el país por la pandemia y la crisis asociada, Cataluña arrastra desde el 2017 una situación de anormalidad específica tras el intento independentista de otoño de ese mismo año, que implicó a los partidos que ahora componen su Gobierno autonómico, soberanistas de derecha, Junts, y progresistas, ERC. De hecho, las elecciones de las que surgió este Ejecutivo no fueron convocadas como hubiera sido lo habitual por el anterior president, sino por el anterior presidente del Gobierno nacional, Mariano Rajoy, al suspenderse el autogobierno tras la proclamación, efímera y virtual, de la República Catalana.
Este Gobierno catalán ha tenido un papel muy poco relevante en la política cotidiana de la región, lastrado por un president, Quim Torra, que acabó inhabilitado en septiembre del pasado año y, sobre todo, por estar varado entre continuar con el proceso independentista o darlo por concluido. La situación, además, se complica ya que los miembros del anterior Ejecutivo, quienes protagonizaron la proclamación independentista, están en prisión o residiendo en el extranjero, calificados de exiliados o prófugos, según la parte a la que se pregunte. La sociedad catalana ha vivido una profunda división, materializada en los importantes disturbios del otoño de 2019.
En este contexto, estas elecciones son decisivas para desbloquear la política catalana, entendiéndose así la importancia de la irrupción de Salvador Illa como candidato. Que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, haya sido nombrado ministro de Política Territorial responde a la estrategia de los socialistas, que refuerzan la atención simbólica a Cataluña. Esquerra Republicana, partido que puede también ganar las elecciones autonómicas, mantiene una postura de colaboración puntual con el Gobierno central, lo que le ha costado las acusaciones de traición de su socio, Junts, de derechas pero radicalizados en el independentismo. La amalgama que ha quedado de las ruinas de la antigua coalición democristiana nacionalista, Convergencia i Unió, que gobernó Cataluña por décadas, es, tras el proceso independentista, un laberinto escindido en varias fracciones donde caben hasta los candidatos abiertamente xenófobos con lo español. La CUP, la tercera opción independentista, no pasa por su mejor momento de protagonismo.
A las elecciones también concurrirá la izquierda con En Comú Podem, referencia de Unidas Podemos, la parte minoritaria del Gobierno progresista central, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Su resultado será también decisivo ya que podría aupar a Salvador Illa a la presidencia o bien formar un tripartito con el PSC y ERC, que recordara al que gobernó Cataluña entre 2003 y 2010. Ni PSC ni ERC van a admitir previamente esta posibilidad, ya que podría perjudicarles electoralmente. Esta posibilidad alteraría en gran medida el panorama político, ya que en Cataluña se rompería la entente independentista que se fraguó en la pasada década, avanzando hacia un nuevo escenario.
La derecha españolista también se presenta dividida entre el Partido Popular, los ultras de Vox y Ciudadanos, un partido liberal-populista que se aupó con la victoria en las pasadas autonómicas aunque no pudo formar Gobierno. Si Ciudadanos captó votos de zonas de clase trabajadora descontentas con los independentistas, que consideraban a su opción tradicional, el PSC, demasiado tibios con los soberanistas, queda por ver, con el retroceso electoral de Ciudadanos en toda España, si esos votos vuelven a los socialistas o permanecen en el españolismo yendo a Vox, ausente ahora del Parlamento catalán. Si JxCat y Vox, partidos antagónicos pero complementarios, obtienen un buen resultado, la situación se complicaría sobremanera.
De lo que suceda en Cataluña no depende del todo la estabilidad del Gobierno central, que se apoya también puntualmente en los partidos vascos, pero sí que la legislatura sea larga y provechosa, sobre todo por una victoria de Salvador Illa, lo que sería un espaldarazo al PSOE y por ende al Gobierno, si además la izquierda de En Comú Podem obtiene un resultado relevante. Un pacto con ERC significaría el inicio de la vuelta de Cataluña a la integración y protagonismo en un proyecto nacional, sobre todo ahora que la incertidumbre de la pandemia hace muy complicadas otro tipo de aventuras. ¿Esta posibilidad sería aprovechada por la derecha y los ultras para atacar al Gobierno de Sánchez? Sin duda. Pero con la misma munición gruesa que ya emplean a diario desde hace un año. La amenaza del "se rompe España" pierde fuerza con el aspaviento continuo.
Todas las cartas están sobre la mesa y todo indica que las elecciones tendrán lugar el 14 de febrero, a no ser que se diera un empeoramiento sanitario que obligara a confinar domiciliariamente. Suceda lo que suceda el cambio será determinante, uno que puede hacer crecer la división en Cataluña y con el resto de España, uno que pueda acercar posturas entre las partes, en un momento en que el país, inmerso en una crisis sanitaria, económica y con la amenaza de una involución democrática, no se puede permitir.
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