Cada año, el departamento de Estado, la cancillería de Exteriores de Estados Unidos, publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. La intención declarada es ofrecer al Congreso norteamericano un documento detallado sobre el contexto de los derechos y libertades de todos los países que componen la ONU, la subliminal afirmar a los Estados Unidos en una posición de liderazgo vigilante sobre sus socios y adversarios. Este tipo de informes, como el factbook de la CIA, son a la política internacional lo que la nota de las agencias de calificación, también norteamericanas, al sistema financiero. El motivo, la vigilancia de los derechos humanos, parece loable, la finalidad, adjudicarte la capacidad de juicio de forma unilateral no tanto: el que toma el papel de maestro se libra de las calificaciones de los demás.
En España la salida del informe ha levantado un notable revuelo mediático. La razón es que en dos párrafos del capítulo referido a este país, de 36 páginas, se cita al presidente Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, quien ocupó el cargo de vicepresidente hasta el último día de marzo, por supuestos ataques contra la libertad de prensa. "Hubo múltiples informes de ataques verbales de funcionarios del Gobierno a determinados medios de comunicación y periodistas específicos", explica el departamento de Estado, aunque en el encabezado del apartado 2A, sobre la libertad de expresión, también afirma que la Constitución garantiza estos derechos que "el Gobierno suele respetar".
¿De qué acusa específicamente el informe a Sánchez e Iglesias? Al presidente de atribuir el 1 de marzo de 2020 a los medios conservadores que "agitan la sociedad" cuando la derecha pierde unas elecciones. Al entonces vicepresidente de afirmar que la prensa crítica con el Gobierno había "ofendido la dignidad del periodismo" y de amenazar a un periodista con enviarlo a prisión por publicar informaciones "comprometedoras" sobre la financiación de su partido. El informe destaca también a Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, por atacar la profesionalidad de un presentador. Dedica, así mismo, un párrafo al partido ultraderechista Vox por vetar a algunos medios en sus ruedas de prensa.
Para cualquier lector del informe que no conozca de primera mano la realidad española, la situación de la libertad de prensa no parece alarmante, pero quizá sí digna de preocupación al destacarse dos cargos públicos de tal importancia como los causantes de acoso hacia la prensa. Una gran parte del sistema mediático ha reaccionado con un regocijo indisimulado ante estas acusaciones, convirtiendo esos dos párrafos en un asunto de turbación nacional con titulares que vienen a destacar como Estados Unidos "afea" y "critica" al actual Gobierno sus "ataques" contra los periodistas. El principal partido de la oposición, PP, ha declarado que la imagen internacional del país se resiente por culpa de estas acusaciones.
Es destacable, en primer lugar, que la derecha española, bien política, bien mediática, olvida su furor nacionalista cuando de lo que se trata es de encontrar un motivo más para atacar al Gobierno progresista, aceptando que un tercer país emita juicios de valor que nadie le ha reclamado, como si España fuera una colonia que necesita de supervisión moral del amigo americano. Algo que por otra parte los sucesivos Gobiernos, independientemente de su color, han hecho con países latinoamericanos como Venezuela o Cuba. Una actitud, la de comportarse de manera servil con el fuerte, pero implacable con el que se considera más débil, muy poco edificante para un país que presume de ser una potencia diplomática por sus lazos históricos con las Américas y Oriente Medio.
Lo cierto es que los medios de comunicación en España, prácticamente en su totalidad en manos privadas, desde hace unos años además participados por capitales de fondos de inversión extranjeros, hacen y deshacen los temas que consideran de relevancia para la sociedad sin que ningún poder público ejerza ningún tipo de amenaza ni censura. Como en cualquier democracia liberal, los sucesivos Gobiernos tratan de influir en los medios mediante las relaciones informales y el reparto de publicidad institucional lo que, sobre todo para los periódicos, es parte de una financiación no declarada. El problema en España, a mi juicio, no es la influencia que el Gobierno ejerce sobre el sistema mediático, sino cómo esos medios se creen con la capacidad no de informar o editorializar, sino de alterar los resultados de las elecciones y el devenir parlamentario.
Se dice que en España la valía de un director de prensa radica en la capacidad de poner y quitar ministros que tenga. Dejando a un lado los obvios intereses cruzados con bancos, constructoras y otras grandes empresas, que bien por su publicidad, bien por la participación accionarial directa, condicionan la labor informativa de esos medios, en estos últimos años hemos visto maniobras que probablemente hayan traspasado las líneas legales en lo que se refiere a la fiscalización periodística de la política. A Podemos y a su líder Pablo Iglesias se le ha tratado con especial inquina por parte de casi todos los grupos de comunicación, llegando a publicarse informes falsos, fabricados por mandos policiales corruptos, con la intención de dañar el prestigio de esta opción política.
Es extraño y llamativo que un sistema mediático que se queja con tal amargor de las supuestas amenazas a su libertad por parte del Gobierno, informe de una manera tan parcial y acrítica sobre el documento estadounidense, destacando unos cuestionables elementos que dañan a este Gobierno, pero a la vez haciendo la vista gorda con aquellas críticas que afectan, especialmente, a los aparatos de seguridad del Estado. Quizá debería ser la propia prensa española, la que a la luz de su papel de los últimos años, debiera auditarse así misma para encontrar todo aquello que salta a la vista aunque nunca sea publicado.
Con la llegada al poder de la coalición progresista en enero de 2020, la situación se recrudeció, más si cabe, sacando a pasear el fantasma de la ilegitimidad, algo que se volvió de una virulencia inusitada en los difíciles meses del inicio de la pandemia. Cuando el presidente Sánchez aludió a que la prensa "agitaba la sociedad" cuando la derecha perdía unas elecciones podía referirse a las columnas donde se le calificaba de "felón", "traidor" y de "vender España a los terroristas de la ETA", organización disuelta hace más de diez años. Esto antes, recordamos, de que determinados medios jugaran a la necropolítica con la llegada de la covid y pidieran insistentemente un Gobierno de concentración no respetando el mandato popular en las urnas.
Cuando se acusa a Iglesias de amenazar a periodistas con la cárcel, el informe del departamento de Estado obvia que las palabras del entonces vicepresidente literalmente fueron: "Quiero decir hoy con toda claridad que nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de 'la cloaca' estén donde tienen que estar: en la cárcel", refiriéndose al citado entramado creado desde el ministerio del Interior bajo mandato del PP, coaligado con determinados mandos policiales y periodistas afines, que publicaban los escándalos fabricados aún sabiendo que eran falsos. Resulta paradójico que un informe que pretende medir la libertad de prensa no tenga en cuenta el contexto que todo análisis requiere, a no ser que lo que pretenda sea señalar a políticos españoles que no son del agrado de Estados Unidos.
Resulta también desconcertante que los medios españoles hayan hecho tal hincapié en dos párrafos de 36 páginas, pero hayan obviado el resto del informe por completo, donde se recogen 70 casos de maltrato policial, el hacinamiento extremo al que se ven sometidos los inmigrantes en los centros de detención temporal, las posibles torturas a un preso en la cárcel de Estremera, la muerte del joven marroquí Ilias Tahiri en un centro para menores inmigrantes o la preocupación del relator de la ONU por los políticos independentistas catalanes presos. El informe, por otra parte, afirma que la llamada Ley Mordaza "se utilizó contra los periodistas que informan sobre la acción policial durante las protestas", algo que también parece pasar desapercibido en las noticias que han salpicado la actualidad estos días.
Es extraño y llamativo que un sistema mediático que se queja con tal amargor de las supuestas amenazas a su libertad por parte del Gobierno, informe de una manera tan parcial y acrítica sobre el documento estadounidense, destacando unos cuestionables elementos que dañan a este Gobierno, pero a la vez haciendo la vista gorda con aquellas críticas que afectan, especialmente, a los aparatos de seguridad del Estado. Quizá debería ser la propia prensa española, la que a la luz de su papel de los últimos años, debiera auditarse así misma para encontrar todo aquello que salta a la vista aunque nunca sea publicado.
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