Opinión

Los ultras de Vox y la delincuencia: pirómanos antes que bomberos

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Las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo están calentando el ambiente político español más si cabe de lo que ya estaba. Desde la izquierda se atisba la posibilidad no sólo de hacerse con el Gobierno de la región, una de las más importantes del país tras 25 años de control derechista, sino también parar a las corrientes más extremas del conservadurismo que han encontrado en la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, uno de sus referentes. Sin embargo, es por parte de la derecha donde se detecta un mayor nerviosismo y aumento de la tensión. Una victoria supondría algo más que revalidar su mandato en Madrid, ya que se plantearía como un pulso al Gobierno estatal progresista. Por otro lado, una derrota significaría perder no sólo el control sobre la región, sino probablemente el fin del proyecto más extremista dentro de sus filas.

Aunque el Partido Popular, la organización hegemónica de la derecha española, ha pasado en estos últimos años a adoptar posiciones más conservadoras, su candidata para Madrid, Ayuso, directamente se ha destapado como la alumna más aventajada del trumpismo en España. Esto ha provocado que los ultraderechistas de Vox corran incluso peligro de quedarse fuera del parlamento madrileño u obtener un resultado insuficiente, ya que su espacio radical ha sido devorado por la que se supone que es su aliada. Este miedo al fracaso se empieza a notar ya en la campaña. Tanto que Vox ha sacado toda su artillería para conseguir minutos de actualidad que le permitan obtener un número de escaños suficientes para pactar con una Ayuso que está lejos de la mayoría absoluta.

Daniel Bernabé, escritor y periodista.
Daniel Bernabé, escritor y periodista.
Si la política es la disciplina que supuestamente tiene como misión solventar los problemas de nuestra sociedad, en el caso de Vox sucede justo lo contrario: ellos crean los problemas para después ofrecer unas soluciones tan peligrosas como inútiles.

Esa artillería va cargada con la habitual munición de los ultraderechistas: agitar conflictos de baja intensidad o inexistentes para pasar a ser ellos quienes se atribuyan la capacidad de solucionarlos. Si la política es la disciplina que supuestamente tiene como misión solventar los problemas de nuestra sociedad, en el caso de Vox sucede justo lo contrario: ellos crean los problemas para después ofrecer unas soluciones tan peligrosas como inútiles. De momento comenzaron la precampaña acudiendo a Vallecas, un barrio de clase trabajadora del sur de la capital, con una larga tradición izquierdista, para buscar el conflicto con los vecinos y ocupar el papel de víctimas de una inexistente persecución ideológica. En otros distritos como Orcasitas o Aluche han logrado congregar a unas decenas de personas, un resultado netamente pobre en lo escenográfico pero que deja siempre la incógnita de un posible voto oculto.

Que Vox haya elegido para calentar sus motores electorales distritos de clase trabajadora tiene una explicación sencilla: intentar quitarse de encima la imagen de un partido fuertemente elitista con un apoyo notable de las capas medias-altas. Sus políticas, decididamente neoliberales, no son especialmente bien recibidas en los barrios obreros. Para evitar este conflicto entre interés y realidad, los ultras recurren a una batería de distracciones donde una de las más llamativas es adjudicar a la inmigración el ascenso de la delincuencia en España. El tema es uno de sus fetiches recurrentes, conocedores de que, en un momento de incertidumbre como este, siempre es más efectivo buscar un chivo expiatorio de los problemas que afectan a los barrios que, precisamente, identificar correctamente los problemas reales y proponer soluciones prácticas a los mismos.

España es un país con una tasa de delincuencia inferior a la media europea. Mientras que Finlandia, Alemania o Bélgica tienen una tasa de homicidios superior a 1 por cien mil habitantes, en España se sitúa en 0,62. Mientras que en Francia las agresiones sexuales se sitúan en 73,82 por cien mil habitantes, en España la tasa es del 24,89. Mientras que en Dinamarca los asaltos a viviendas son de 949 por cien mil habitantes, en España el ratio es de 323. Es decir, lo que los datos nos indican es que España no es un país más peligroso que los países de su entorno, algunos con cifras macroeconómicas mucho mejores, sino que incluso es un país bastante más seguro.

¿Y qué nos dicen las cifras de la delincuencias asociada a la inmigración? Pues que en 2019 los condenados por delitos de diversa índole fueron el 74,6% de nacionalidad española y el 25,4% extranjeros, de los cuales un 7,3% corresponden a africanos, población inmigrante a la que Vox tiene especial animadversión, llegando a expresar en diferentes ocasiones que los barrios donde viven estas personas se habían transformado en "estercoleros multiculturales". Hay un hecho cierto: los porcentajes de criminalidad entre extranjeros son mayores que el porcentaje que ocupan entre la población española, que es del 11% en total y el 2,9 para los africanos. Algo que no nos debería sorprender demasiado.

Como parece obvio, cuanto mayor es la pobreza y exclusión de una población mayores suelen ser sus actividades delincuenciales, fenómeno que suele suceder independientemente del país de origen de las personas. Los barrios con mayor pobreza en España, antes de la llegada de los inmigrantes, eran los que registraban un mayor número de delitos. Por otro lado esto no significa que la mayoría de los extranjeros delinca, ni mucho menos que la mayoría de esos delitos sean violentos. En términos generales, además, pueden existir zonas concretas donde esa presión delictiva sea mayor, desde lugares turísticos con un mayor índice de hurtos hasta barrios, con altos índices de desempleo, donde el tráfico de drogas se hace dueño de la economía informal. Pero ni de lejos es un fenómeno uniforme en todo el país.

Daniel Bernabé, escritor y periodista.
Daniel Bernabé, escritor y periodista.
Los análisis no van con Vox, simplemente, porque su objetivo no es acabar con la delincuencia, una que repetimos no es un problema de primer orden en España, sino presentarla de forma exagerada para obtener réditos políticos.

Analizar la delincuencia no es entrar en ningún tipo de justificación moral de la misma, sino realizar una labor indispensable para poder atajarla. Sin embargo, los análisis no van con Vox, simplemente, porque su objetivo no es acabar con la delincuencia, una que repetimos no es un problema de primer orden en España, sino presentarla de forma exagerada para obtener réditos políticos. ¿Cómo pretenden los ultras situarse como solución a estos problemas? Creando una narrativa donde la izquierda es laxa con el crimen además de blanda con otras culturas no europeas cuya supuesta pretensión es destruir occidente. Y ahí, ellos, como cruzados de un viejo cuento imperial, aparecen para restablecer el orden perdido.

La izquierda ha pecado, estas últimas décadas, de una tendencia hacia el relativismo cultural que ha perjudicado en gran medida su capacidad de proponer soluciones prácticas a problemas concretos. Si la izquierda se distinguía por su pretensión universalista, que las ideas sean aplicables independientemente de su lugar de origen y de destino, pasó, como en otras tantas cuestiones, a sucumbir ante la duda permanente para evitar, en su encarnación europea, ser poco respetuosa con las especificidades de otros lugares del mundo. Lo que comenzó siendo un distinguido intento de distanciarse de la arrogancia de la metrópoli, acabó en demenciales teorías posmodernas donde todo debía medirse por la libertad individual, algo muy poco de izquierdas. Así, por ejemplo, sectores del progresismo liberal temen decir que la vestimenta rigorista islámica es discriminatoria hacia las mujeres, bien para no ofender los sentimientos religiosos, bien incluso expresando que es un síntoma de empoderamiento de la mujer.

Del otro lado se sitúan los ultraderechistas para los que la cultura no es algo permeable y en permanente cambio, sino una especie de marcador que distingue por el lugar de origen aquellas personas de las que nos podemos fiar de las que no. Un trasunto culturalista del racismo decimonónico, que tantas tragedias provocó en las siguientes décadas, que casi nadie se atreve a manejar en público hoy pero que sigue latente en estas acusaciones. La cultura depende en gran medida de elementos materiales de la sociedad desde la que parte y a la que forma, por lo que es netamente absurdo pretender hacer análisis definitivos sobre la misma. El mundo árabe es el ejemplo paradigmático: a mitad del siglo XX, tras sus revoluciones nacionales, se llegó a un laicismo estatal que sin embargo fue sustituido desde los años 90 por una radicalización religiosa, que pretendía ser ariete contra la pujanza de esos países, y que fue patrocinada tanto por las monarquías autoritarias del Golfo como por Occidente. Misma cultura, misma región, diferentes resultados dependiendo del contexto.

Daniel Bernabé, escritor y periodista.
Daniel Bernabé, escritor y periodista.
La radicalidad republicana debe ser el motor ideológico que guíe este debate, una que marca que independientemente de nuestro lugar de origen, cultura o especificidad todos tenemos las mismas obligaciones ciudadanas, pero también los mismos derechos.

Las poblaciones no son más o menos violentas por llevar adosada a su personalidad una suerte de genética cultural, sino por contextos históricos más o menos favorables. Al igual que es lógico pensar que la población de una zona de guerra está marcada por la violencia en el momento en que el conflicto sucede, uno donde las más elementales normas de civilidad desaparecen, esa misma población puede transformarse con el paso del tiempo. Si no deberíamos deducir que los alemanes y su cultura son peligrosos por sí mismos, que los belgas y su cultura gustan del genocidio de africanos o que los suizos y su cultura llevan instrinsecamente asociada actividades como el blanqueo de dinero. Estos días se ha conocido un horrendo crimen que ha tenido lugar en Logroño, una ciudad española del noroeste, donde un grupo de jóvenes han asesinado a un repartidor cuando este se negó a darles un cigarro. Sabemos que en Logroño tienen diferentes rasgos culturales, como por ejemplo su rica tradición vinícola, pero a nadie se le ocurriría deducir que hay algo generalizado en sus habitantes que les impulsa a matar al primero que les niega el tabaco. Evidentemente habrá que investigar no sólo el delito, sino qué ha impulsado a tan atroz crimen para intentar que no se vuelva a repetir y, sin duda, encarcelar a los perpetradores como marca la ley.

De un lado tenemos el problema en sí mismo, el de la seguridad ciudadana. Uno que, repetimos, en España no es un conflicto de primer orden, pero que sí puede resultar preocupante en zonas muy determinadas de su geografía. No hay demasiados atajos para este tipo de problemas delincuenciales más allá de los ya conocidos: además de un aumento de las fuerzas públicas, sobre todo atajar aquellos problemas sociales que puedan servir como combustible a la aparición del crimen.

Sin embargo, para atajar el discurso ultra, desde mi punto de vista, se requiere algo más que datos y apelaciones a la solidaridad. Como ya hemos dicho, en momentos de incertidumbre y escasez, y este lo es, se suelen buscar asideros y refugios guiados más por el miedo que por la lógica, lo que nos puede hacer caer en malas manos, sobre todo de aquellos que probablemente agraven el problema en vez de solucionarlo. La radicalidad republicana debe ser el motor ideológico que guíe este debate, una que marca que independientemente de nuestro lugar de origen, cultura o especificidad todos tenemos las mismas obligaciones ciudadanas, pero también los mismos derechos. No se trata de ser más o menos duros dependiendo de la nacionalidad del delincuente, se trata de entender la delincuencia como un problema común en el que cualquier ciudadano tiene derecho a su seguridad y el Estado el deber de garantizarla, con medidas punitivas, pero también preventivas. La mejor política de seguridad es aquella que evita las causas del delito antes que penaliza sus consecuencias.

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