En política hay algo peor que tartamudear perdiéndote entre los papeles y es que nunca se debe contestar con un dramatismo exagerado a una pequeña maniobra de tu adversario político. En primer lugar otorgas importancia al movimiento y en segundo demuestras que, lo que en el fondo sucede, es que te ha pillado con el pie cambiado. Ante lo inesperado, en vez de contrarrestar con argumentos, unos de los que careces, sacas la artillería del dramatismo a la desesperada. Hiperventilar ante un tema menor da una imagen manifiestamente mejorable. Un episodio bajo esta premisa ha tenido lugar en España ofreciéndonos unas valiosas enseñanzas políticas.
En el Parlamento de Comunidad de Madrid ha dado comienzo el debate de investidura donde, presumiblemente, Isabel Díaz Ayuso será elegida como presidenta autonómica. En el habitual discurso donde el candidato presenta las medidas estrella para la legislatura, Ayuso ha dado una relativa sorpresa al prometer una ayuda a la maternidad para mujeres menores de 30 años de 14.500 euros, que serían distribuidos en pagas mensuales de 500 euros hasta el segundo año de vida del menor. La medida, que pretende fomentar una natalidad cada vez más declinante, fenómeno que España comparte con el resto de Europa y en general con el mundo desarrollado, estaba condicionada a llevar residiendo diez años en Madrid y tener una renta bruta inferior a 30.000 euros al año.
Decimos sorpresa porque Ayuso pertenece al Partido Popular, de ideología conservadora, algo que podría indicarnos una defensa de la familia tradicional, pero también con un marcado componente neoliberal, contrario a la intervención pública redistributiva. Decimos relativa porque Ayuso, además, se ha constituido como la rama trumpista de los populares, es decir, alguien con un manejo hábil del populismo, el efectismo y las maniobras con doble fondo. Dar un cheque-bebé no es en sí mismo populista, añadir algunas cláusulas al mismo, para buscar una determinada narrativa, otorga a la medida este carácter.
Primero las cifras. El propio Gobierno autonómico estima que esta ayuda beneficiará a unas 14.000 mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística residían en Madrid a 1 de julio de 2020, 450.559 mujeres de 20 a 29 años. A ese casi medio millón de mujeres habría que restar aquellas que superan los 30.000 euros de renta, una corrección que parece positiva, ya que deja fuera a las rentas altas que no necesitarían la ayuda pero que, al tratarse de jóvenes con una carrera profesional aún en sus inicios, incluiría a casi toda la franja de edad a la que se dirige.
Lo que sí parece una clara medida segregatoria es la exigencia de llevar residiendo en Madrid más de diez años. Si bien parece normal que se exija un tiempo mínimo de residencia para evitar los empadronamientos interesados, diez años dejan fuera a un número apreciable de estas mujeres, tanto españolas de otras comunidades autónomas como extranjeras. La cláusula parece un claro brindis al partido ultraderechista Vox, el cual va a apoyar a Ayuso en su Gobierno, para que pueda vender entre sus votantes que estas ayudas beneficiarán sólo a las españolas, algo mezquino pero que en el fondo ni siquiera es cierto.
Si hay un detalle de difícil explicación entre las previsiones del plan y su supuesta dotación presupuestaria, de unos 250 millones de euros anuales. Si la ayuda es de 6.000 euros al año, en el primer ciclo de este cheque había dinero para unas 40.000 personas, casi cuatro veces más de la población que se alcanzaría según Ayuso. Es obvio que no todo el dinero puede ir a la ayuda directa, que la implementación de un programa requiere gastos, así como que en los siguientes años en los que la medida entre en funcionamiento habrá que repartir el dinero entre aquellas que ya lo cobraban y las nuevas solicitantes, lo que no parece, no obstante, suficiente para explicar el desfase. A no ser que simplemente deduzcamos que estas cifras, como la propia propuesta de Ayuso, que aún no es ni un proyecto de ley, no sea más que una promesa sin un estudio serio tras de sí.
Es cierto que la media de edad para tener el primer hijo en Madrid se sitúa en torno a los 33 años, quedándose fuera de esta ayuda la gran mayoría de las madres. Algo que por otro lado se podría responder con que el cheque lo que precisamente pretende es bajar la edad en la maternidad. La principal pretensión resulta difícil de valorar ya que, si un niño tiene un coste estimado de alrededor de siete mil euros al año, cantidad que casi estaría cubierta, los bajos salarios y el elevado precio de la vivienda hacen muy difícil tener hijos en la veintena. Es decir, que la medida, pese a ser ambiciosa, es excluyente con grupos poblacionales muy concretos, como los inmigrantes, tanto nacionales como extranjeros, parece poco definida en lo presupuestario y no demasiado efectiva si no se acompaña de cambios en el trabajo y la vivienda. Pero para muchas personas será mejor que nada.
Sin embargo, aunque no se cumpla el objetivo declarado esta maniobra será exitosa por la siguiente razón: en Madrid hubo en 2020, según estadísticas oficiales, 13.602 nacimientos por madres debajo de 30 años, es decir, una cifra muy parecida a la estimada por la propia Ayuso. Si a esos nacimientos descontamos los de aquellas madres que por renta o tiempo de residencia no podrán acogerse a la ayuda y le sumamos aquellos que pueda fomentar, seguramente la cifra permanezca inalterada. Es decir, que la medida no fomentará la natalidad en esa franja de edad, dejará a gente fuera con un criterio de residencia segregacionista, pero proporcionará a muchas madres jóvenes un dinero nada desdeñable que ahora no perciben. Esas madres tendrán presumiblemente parejas, familia y amigos a los que trasladarán su satisfacción por algo positivo que no esperaban, dejando a Ayuso como una defensora de la familia y la infancia cuando, realmente, gran parte de las nuevas familias quedarán fuera de la medida.
En política es mucho mejor para el promotor de un plan diseñarlo para que llegue a poca gente pero que quede satisfecha, que prometer una gran revolución presupuestaria que deje a la mayoría descontenta, como así pasó con el Ingreso Mínimo Vital lanzado por el Gobierno central hace unos meses con malos resultados. En aquel entonces la derecha hablaba de "paguita" y de desmesurado gasto de dinero público, en esta ocasión, como es habitual, guarda silencio con hábil hipocresía. Por otro lado, en un país con fuertes tensiones territoriales, exigir en otras comunidades un tiempo tan grande de residencia previa hubiera sido tachado de racismo nacionalista excluyente, algo que la mayoría de medios no harán en esta ocasión. Tampoco buscarle las vueltas a una Ayuso que, constantemente, acusa a la izquierda de decirle a la gente "cómo tiene que vivir su vida", pero que parece empecinada en marcar, nada más y nada menos, la edad a la que se tienen los hijos.
Este análisis, humildemente, parece una buena manera de analizar críticamente la medida, encontrar sus motivaciones de marketing político y su baja efectividad respecto a las intenciones declaradas. Aún así conviene, cuando se trata de este tipo de cuestiones, sobre todo si se habla desde el escaño de la oposición, celebrar la novedad para a continuación dar las razones por los que tú lo harías mejor: la gente suele mirar con suspicacia a quien, ante el reparto de dinero, pone pegas. La izquierda institucional no ha entrado a valorar profundamente la ayuda, dejando, una vez más, un espacio discursivo a un progresismo mediático-digital que, entre la necesidad de relevancia y unos presupuestos ideológicos cada vez más débiles, ha vuelto no sólo a hacer el ridículo, sino que ha proporcionado la foto perfecta a la derecha y los ultras para gritar el supuesto odio de la izquierda a la familia. El meme de "why can't just be normal" nos viene al pelo en este caso.
Desde esta tribuna y otras cuantas he argumentado que España vive un momento problemático con el resurgir de la ultraderecha, que no sólo se limita al partido Vox sino que es una trama que empapa a diferentes instituciones del Estado, medios de comunicación y empresarios. Estos mismos días se ha producido un asesinato de clara motivación racista. Hay demasiados elementos en nuestra actualidad que marcan una clara intencionalidad de involución democrática. Es decir, que la situación es meridianamente seria. Pero, precisamente por esto, determinado progresismo debería ser más cuidadoso que nunca a la hora de intentar salir de atolladeros como el que una derechista proponga medidas sociales con algo más que exageraciones. De tanto apelar al antifascismo, incluso en un tema menor como este, algunos ciudadanos despistados pueden sacar la conclusión de que si el "fascismo" les da 500 euros al mes por hijo no será algo tan malo.
He podido leer dentro del gallinero progresista digital a periodistas hablando de "defensa de la nación biológica", a activistas recurriendo a las comparaciones con el nativismo de los países de Visegrado, a feministas hablando de "mujeres vasija", incluso a alguna diputada autonómica completando sus tuits con un "bienvenidos a Gilead", en referencia a la serie El cuento de la criada. De nuevo han surgido además las acusaciones de rojipardismo a cualquiera que desde la izquierda, sorprendido, pidiera un poco de contención en la ópera que se desarrollaba en las redes. Se diría, viendo el espectáculo sin tener demasiada idea de las profundidades del progresismo español que, efectivamente, si la izquierda se pone así por un cheque-bebé es que mucho aprecio no tiene a las familias. Una imagen desastrosa en un momento donde la gente lo que quiere son medidas concretas y pocos aspavientos apocalípticos, como la propia derecha ha sufrido en la poco numerosa manifestación de la Plaza de Colón este pasado fin de semana.
Para reivindicar que el tiempo de residencia debería bajar a dos o tres años, que es lo que marcan otras ayudas similares, no hace falta hablar de "madrileñismo racista", sobre todo cuando cualquier hija de inmigrante nacida en Madrid alrededor del año 2000 o cualquier mujer que resida desde 2010 podrá percibir la ayuda, un número mayoritario de ellas. Algo que sin duda será aprovechado por Ayuso que no dudará en hacerse la primera foto sujetando el cheque al lado de alguna joven madre de orígenes extranjeros. ¿Es el elevado tiempo de residencia un brindis a los ultras, como dijimos unos párrafos más arriba? Lo es. Pero, repetimos, si en vez de exigir la rebaja de esta cláusula, se descalifica la medida en su totalidad como "fascista", la mayoría de la gente, además de no entender nada, verá a los críticos como unos desequilibrados que amenazan algo bueno que les puede pasar.
Peor lo ponemos si ante una medida de fomento de la natalidad se recurren a sesudos análisis culturalistas sobre la opresión de la mujer como máquina gestante para la producción de mano de obra. Sí, normalmente la gente trabaja, sí, normalmente gran parte de esos trabajos son precarios y alienantes, pero por otro lado casi nadie cuando tiene un hijo le mira como si fuera una unidad explotable de producción, más bien lo celebra y, llegado el momento, le sugiere que se afilie a un sindicato. Esta confusión, entre el análisis estricto de la familia en la sociedad capitalista y el papel de la familia como sostén solidario en tiempos de crisis, está situando al progresismo dramático-digital en unas posiciones entre lo marciano, lo incompetente y lo antipático, algo que acaba pagando el resto de la izquierda real. Más teniendo antecedentes como la ayuda del presidente socialista Zapatero o el reciente cheque de Biden en Estados Unidos.
Ayuso y Vox, un matrimonio muy bien avenido, comportan un peligro grande para el país por otras cuestiones, no precisamente por esta ayuda, que entre otras cosas está hábilmente diseñada para despertar las iras de un progresismo liberal que, a base de buscar fantasmas, está cavando la tumba de la izquierda. Uno de los peligros de Ayuso y los ultras, algo que comparten con el trumpismo, es el manejo de un determinado discurso social basado en lo individual y lo excluyente, con pequeñas repercusiones en la vida cotidiana, pero con un gran poder narrativo, sobre todo para situar a sus adversarios en una posición de alejamiento de sus bases tradicionales de voto, los trabajadores, que fueron minusvalorados como sujeto político considerando más apta para la tarea emancipatoria hasta a la cola de clientes de unos grandes almacenes en rebajas.
Ayuso no tiene reparos en implementar una medida que divide a la población porque sabe, que por miserable que resulte, en tiempos de incertidumbre la gente se agarra con uñas y dientes a lo poco que consigue, sin que le importe demasiado quién se queda fuera. El fenómeno ya fue explorado por Trump que buscó el apoyo, con cierto éxito, entre inmigrantes de segunda generación que aplaudían la construcción del muro, uno más espectacular que real, repetimos, porque no veían a los nuevos inmigrantes como iguales, sino como la competencia más directa que podía poner en peligro sus conquistas. La derecha en Madrid, de hecho, ha utilizado una táctica similar con la educación concertada y la salud privada, algo de lo que la izquierda no parece aún haberse dado cuenta.
¿Qué deben hacer entonces los izquierdistas? ¿Copiar las maneras reaccionarias y excluyentes de estos populistas conservadores? Quizá, mejor que eso, recordar sus raíces y tradiciones e implementar políticas útiles para la mayoría. Políticas sociales que beneficien no sólo a muchos, sino que creen conciencia de clase entre quienes las reciban: antes trabajadores con derechos que propietarios temerosos. Ahí se encuentra la verdadera lucha identitaria a librar por la izquierda, en buscar cuáles son aquellos elementos que nos unen, más que en sobredimensionar aquellos que nos hacen desigualmente diversos. Esperemos que la izquierda madrileña, en el inicio de esta nueva legislatura, opte más por la razón que por la zarzuela
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