No había un solo preso que se salvara de 'Frank Masacre', el más temido de los 'pranes' de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).
Por muy raro que parezca, este líder negativo no era un procesado de la justicia, aunque ahora sí lo es. Entró sin cargos y por voluntad propia, a la que por décadas fue la cárcel más violenta del país, apoyándose en el poder que le daban las armas y a dinero producto del narcotráfico.
Sobornó a funcionarios corruptos que le permitieron la entrada para 'enconcharse' o esconderse de las consecuencias de sus propias actividades delictivas, llevadas a cabo en libertad.
Dentro de la PGV, se convirtió a sangre y fuego en el más fuerte entre los reclusos y, tras su llegada, generó un violento motín que duró casi un mes y hasta octubre del año pasado.
El motivo del alzamiento fue la pérdida de dinero que le suponía el avance del nuevo régimen penitenciario y los continuos traslados de los privados de libertad a otros recintos.
"Es que para él cada preso era una mercancía", nos explica el reportero de la fuente de sucesos, Eligio Rojas. "Le cobraba a cada recluso 2.000 bolívares semanales. Si el domingo, después de la visita de los familiares, no le pagaban ese monto, pues venía la retaliación", recuerda el periodista.
"Nosotros habíamos ido sacando poco a poco a los privados de libertad de la PGV a otros recintos con nuevo régimen, porque era nuestra forma de ir adecentando esta situación y fue así como estalló el conflicto", explica la ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela.
Antecedentes
El 'cobro de causa' o de impuestos a los privados de libertad comenzó en los penales venezolanos a finales de los años 80. El uso de drogas intramuros, el grave hacinamiento, la represión como política de Estado y la desatención gubernamental convirtieron a los centros de reclusión del país en verdaderos infiernos.
Uno de los más trágicos sucesos de esa época fue la masacre del Retén de Catia, consumada durante la rebelión militar del 27 de noviembre de 1992. En esa oportunidad, las autoridades de la prisión, en medio del apogeo del levantamiento, abrieron los calabozos de los reclusos para luego declarar la aplicación de la comúnmente llamada 'Ley de Fuga'.
Como resultado de ello, "más de 60 personas (privadas de libertad) fueron acribilladas por efectivos de la antigua Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional de la Cuarta República, que estaban bajo el mando del entonces gobernador del Distrito Federal, Antonio Ledezma y del General de la Guardia, José Barrios", denuncia el portal web denuncialaverdad.org.
También es tristemente célebre el escabroso motín de la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia: corría el año 1994 cuando más de 100 reclusos fallecieron incinerados el lunes 3 de enero.
Un reportaje de José Andara Rivas, publicado en 2015 por la versión web del diario 'La República', resaltó que según una fuente interna, "el día anterior un interno fue decapitado, con su cabeza jugaron al fútbol, al igual que en diciembre de 1990; hecho que llenó de ira a los compañeros que esperaron la penumbra, encadenaron las puertas de salida y procedieron con el incendio".
Para el reportero, "este dantesco hecho ponía al descubierto el submundo y las deformaciones del sistema penal venezolano". Pero este no fue un caso único.
Dos años después se repetía el hecho, cuando otras 100 personas privadas de libertad terminaron calcinadas en el retén de La Planta en la Caracas de 1996.
"Esa fue una situación que se consiguió el Comandante Hugo Chávez a su llegada en 1999. El proceso constituyente que él impulsó y donde yo participé por el estado Táchira, permitió abrir las discusiones sobre este y otros asuntos en esta materia", cuenta la ministra Iris Varela, que es abogada penalista.
"Oler a preso"
No ha sido fácil acabar con las mafias, que han empeorado, a través de los años, con el narcotráfico. La reticencia de los privados de libertad a ser requisados y a perder sus privilegios llegó a generar varios motines de gravedad, ya en tiempos del presidente Hugo Chávez.
El último de esa era fue el de la cárcel de El Rodeo. Los privados de libertad se levantaron con armamento de alto calibre contra las autoridades.
Para el periodista Eligio Rojas, quien cubrió los hechos para el periódico 'Últimas Noticias', el motín duró demasiado tiempo: "Solo con el primer anuncio de la enfermedad del propio Chávez cesó el conflicto".
Pero aún así, el comandante no lo dejó pasar por debajo de la mesa y así ordenó la creación de un ministerio exclusivo para esta materia el 26 de julio de 2011: el de Servicios Penitenciarios.
"Lo primero que hice cuando el comandante me dio la orden de crearlo fue levantar toda la información que me conseguí en cada uno de los centros. No queríamos hacer una gestión desde una oficina de Caracas. Queríamos constatar de verdad lo que vivían los privados de libertad, tener el contacto cara a cara con ellos. Sabíamos que para poder transformar el sistema, teníamos que, como me dijo un trabajador, oler a preso", apunta Varela.
Para ello, recorrió los recintos uno a uno. Lo hizo, afirma, sin el uso de chalecos antibalas, porque de lo contrario "habría demostrado una falta absoluta de autoridad", recalca.
Mutilamientos, armas de altísimo calibre, cobro de 'causas' o 'vacunas' para poder vivir en algún sitio eran parte de las prácticas delictivas de vieja data con las que se consiguió. Sin embargo, a su juicio, uno de los aspectos más difíciles de la gestión era contrarrestar las mentiras y manipulaciones de los 'pranes' e, incluso, de familiares de los privados de libertad que actuaban bajo amenaza en no pocas ocasiones.
"Cuando se intentaba hacer una requisa o intervenir de alguna forma en el caos para poner orden, los líderes negativos usaban las redes sociales para manipular a la opinión pública. Decían que violábamos sus derechos humanos, que les negábamos los alimentos y las medicinas. Lamentablemente, muchos medios cayeron en la trampa", asevera la ministra.
Los videos de estos y sus familiares eran grabados bajo coacción, según narra Varela, y eran utilizados por los propios pranes para presionar a la colectividad y mantener el 'statu quo'.
"Los medios sirvieron de caja de resonancia. Es insólito: a la persona que estaba liderando aquí la revuelta, le dieron más de media hora, casi en una cadena de medios de comunicación, incluida la CNN. Después yo quise hablar y no me tomaron la declaración", asegura.
Revolución penitenciaria
Poco a poco, cárceles de todo el país han sido transformadas bajo el nuevo régimen penitenciario. Este incluye: el reacondicionamiento de los penales, instalación de cámaras de seguridad, la instauración de rutinas diarias para ejercicio físico, estudio, actividades artesanales, orden cerrado, entre otros aspectos. El cambio, dicen los propios reclusos, es del infierno a la tierra.
Ahora, los privados de libertad de algunos centros participan en actividades culturales, como por ejemplo, las del Sistema de Orquestas Penitenciarias, aprovechando la experiencia del sistema de acción social por la música, creado por el maestro José Antonio Abreu.
Pero también se activan cada año en jornadas agroproductivas. En los alrededores de la antigua Penitenciaría General de Venezuela, por ejemplo, hay 6 casas de cultivo.
José Félix Martínez, supervisor del Instituto Autónomo Caja Penitenciaria ,en el estado Guárico, asegura que los privados de libertad trabajan en esas casas y generan 5 mil kilos de tomates y pimentón por ciclo.
"Cada año se planifican cuatro ciclos y como resultado se obtienen unas 120 toneladas anuales de estos rubros. También producen maíz blanco y amarillo, se siembran en mayo y se cosechan en octubre 600 toneladas anuales".
Los resultados de todas prácticas, los demuestran los propios privados de libertad en el siguiente reportaje audiovisual.
Hablan las cifras
Para el lunes de 6 de febrero de 2017, la población penitenciaria de Venezuela ascendía a 52.828 personas. De ellas, 2.690 eran mujeres y 50.138 eran hombres. Del total de personas privadas de libertad, 15.229 eran personas penadas o con sentencia, mientras que 37.599 eran procesados, es decir, en fase de juicio.
"La gente pregunta, ¿por qué hay tantos procesados? Porque todos los días alguien se mete en un problema. Entonces, cuando cae aquí, viene es en calidad de procesado. Y después del juicio es que pasa a la condición de penado", advierte Varela, aunque reconoce que el Ministerio Público debe acelerar sus propios procesos, al igual que el poder judicial.
Además, de los 96 penales en control del Ejecutivo Nacional, 6 fueron clausurados y 7 recintos aún están en transición: el Internado Judicial de Yaracuy, la cárcel de Tocuyito, el recinto de Vista Hermosa, uno de de los penales del gran centro de Tocorón, el Centro Penitenciario de Los Llanos y las cárceles de Puente Ayala y La Pica.
El resto de las centros, que dan un total de 83, ya tienen nuevo régimen penitenciario. Un hito del que casi nadie conoce en el propio país, solo los involucrados.
Sin embargo, aún hay otros penales que siguen en llamado régimen abierto. Están en manos de gobernaciones y alcaldías, tras el proceso de descentralización de los años 90. En estos recintos, aún queda mucho por hacer.
"Después de que se acabó con el mito de la PGV entonces me empezaron a llamar. Ministra nosotros queremos incorporarnos al nuevo régimen. Y les digo, ¿ustedes están dispuestos a uniformarse? Sí, Ministra, estamos dispuestos a uniformarnos. Y yo les digo: bueno, pero ustedes saben que para uniformarse, hay que limpiar los penales de armas. Estamos dispuestos. Yo les digo: bueno, vamos poco a poco, porque uno sabe que todo tiene unas consecuencias, ¿no? Hay gente que de repente, muchos, la mayoría pueden querer. Pero si hay alguien que no quiere, ese alguien oculta, ese alguien después pretende salir, entonces dejaron a los demás desarmados, quieren salir, tomar control, o sea, es un temazo. ¿No? Entonces, por eso se declara la transición y se va avanzando, se avanzando. Compromiso de paz, va, se empiezan a hacer requisas, se empiezan a hacer requisas, hasta que se logra definitivamente limpiar de armas y de sustancias y de objetos no permitidos los penales y luego se les implementa el régimen.
Vigilar a los vigilantes
El proceso de la transformación carcelaria no es viable sin la depuración de la plantilla de funcionarios que permitieron durante años la corrupción del propio sistema.
Según datos del propio Ministerio, sólo desde su creación, cerca de 2000 funcionarios han sido removidos en estos 6 años. De ellos, más de 800 están hoy tras las rejas por su vinculación con las mafias carcelarias.
Para evitar viejos vicios, se requisan también las áreas administrativas y se practican pruebas antidoping tanto a funcionarios como a los privados de libertad. El método para limpiar los recintos de cualquier delito interno es vigilar a los vigilantes, explica la Ministra.
Hasta ahora, lo que sí lamenta es que el propio comandante Hugo Chávez no haya visto a los privados de libertad haciendo tareas de orden cerrado y su actual disciplina. Su mayor logro, asegura, es la transformación que ha evidenciado en muchos de estos seres humanos, quienes son ahora mujeres y hombres nuevos.