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Éxodo de refugiados y migrantes, víctimas de la crisis entre Venezuela y Colombia

Publicado: 2 sep 2015 18:58 GMT

En este momento la frontera colombo-venezolana se encuentra cerrada y miles de colombianos residentes en Venezuela están siendo expulsados en masa de regreso a su país de origen. Esta situación ha provocado una crisis regional que ha enardecido seriamente los ánimos políticos y diplomáticos hasta el punto de que ambos gobiernos llamaron a consultas a sus respectivos embajadores y convocaron a sesiones de emergencia en la OEA y UNASUR.

Mientras esto sucede, las redes sociales y los medios tradicionales han difundido masivamente innumerables fotografías, videos y testimonios que no dejan de ser preocupantes. En ellos no solo se ven cientos de familias cruzando los ríos y caminos fronterizos con las pocas pertenencias que pudieron llevar consigo, sino que también se pueden observar a docenas de personas concentradas detrás de alambres de púas en campos de detención provisional para su expulsión inmediata, donde incluso se habla de vejámenes a manos de los militares y policías que los capturan y custodian.

Además, no son menos graves las denuncias de que las casas de los expulsados fueron marcadas para ser demolidas de inmediato y que las pertenencias que dejaron atrás fueron confiscadas. Son hechos muy inquietantes en los que ampliamente se viene denunciando que una comunidad está siendo desplazada a la fuerza en virtud de su origen nacional, sin que para ello medie el debido proceso a que toda persona tiene derecho. Es más, la misma ACNUR declaró que muchos de los deportados tienen estatus de refugiados y que por ende gozan de una protección especial que no ha sido respetada.

¿Cuál es la causa de esta situación tan alarmante? El gobierno venezolano manifiesta que está cansado de que Colombia le exporte pobreza y violencia paramilitar a Venezuela y de que el gobierno del presidente Santos no haga nada para contener el contrabando de productos venezolanos a ese país. Y no solo eso, entre otras razones el gobierno de Maduro también ha acusado por largo tiempo a Colombia de no tomar acción para detener los planes que adelantan algunos sectores colombianos para acabar con el chavismo. Cierto o no, en este momento las consecuencias directas las están sufriendo esas miles de personas que están siendo desplazadas forzosamente desde Venezuela hacia Colombia.

Las autoridades venezolanas constantemente descubren y denuncian a empresarios que obtienen jugosos réditos acaparando productos de primera necesidad y a especuladores financieros que han logrado enormes ganancias a costa de la fragilidad de la economía venezolana, mientras que en Colombia muchos se benefician del contrabando de gasolina y otros bienes venezolanos, al tiempo que se exporta violencia y narcotráfico a ese país. Y encima de todo esto, aún queda por responder una duda que todavía flota en el aire, ¿hasta dónde llega el poder desestabilizador de los intereses extranjeros que quieren controlar las reservas petroleras venezolanas?

Independientemente de las muy complejas causas de la crisis binacional, la realidad es que el caos social y económico tiene sumidas a Venezuela y Colombia en graves divisiones internas y al borde de sufrir severos cambios institucionales a través de las vías de hecho. Ahora, como las elecciones se acercan en Venezuela y el proceso de paz está en un punto álgido en Colombia, los ojos de la comunidad internacional se posan sobre esas naciones y empiezan a aparecer causas comunes que desvían la atención general lejos de la complicada capacidad de los gobiernos para controlar las críticas situaciones de sus respectivos países.

Es muy frecuente que en momentos de crisis la fórmula mágica de todo político sea la búsqueda e identificación de un enemigo común que se convierta en la causa unánime que no solo conecte a opositores y oficialistas, sino que les dé una identidad colectiva. En este caso particular, pareciera que el enemigo común es la crisis colombiana, cuyas dificultades son tan graves y reales como las venezolanas y cuyos efectos se han propagado más allá de la frontera por décadas. Es así como la situación social que se vive en ambos países se convierte una vez más en el escenario perfecto para desviar la atención pública, mientras la fogosidad de opositores y oficialistas en ambos lados de la frontera se trata de enfocar y unir en una causa común.

Las denuncias y razones del gobierno venezolano para cerrar la frontera y desplazar forzosamente a los miles de colombianos que está expulsando tienen mucho de verdad y algo de desinformación. Es innegable que durante décadas miles de colombianos migraron hacia Venezuela huyendo tanto de la miseria y la pobreza, como de la violencia militar, paramilitar y guerrillera. No es menos cierto que el mismo conflicto armado y el narcotráfico colombiano han migrado también hacia Venezuela, donde han dejado a su paso una estela de violencia y un deterioro social que ha sido ampliamente difundidos y denunciados.

Además, el antagonismo y animadversión del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe hacia la figura de Hugo Chávez y su legado, no solo lo han llevado a él y a su movimiento a convertirse en enemigos declarados y abiertos del gobierno venezolano, sino también a estrechar relaciones con cuestionables personajes de la oposición venezolana y a ser partícipes notorios de la desestabilización política de ese país.

Sin embargo, así como no se puede negar que la crisis interna colombiana es una realidad que durante largos años ha afectado a Venezuela, también es evidente que esos problemas se convirtieron en la excusa perfecta para que los líderes de ambos lados de la frontera los quieran usar en beneficio de su causa propia. Y lo peor de todo es que esa búsqueda de culpables llegó al punto de revictimizar a esos miles de refugiados que habían huido hacia Venezuela para escapar de la violencia en Colombia y que ahora están siendo obligados a volver a su país para que sus verdugos terminen lo que dejaron pendiente.

No deja de ser interesante que la expulsión de nacionales jamás se ejecutó o siquiera se contempló en los escenarios más graves de conflicto entre Colombia y Venezuela, tal y como lo fue el de la Corbeta Caldas en 1987 o cuando los gobiernos de Uribe y Chávez casi llevan a Colombia y Venezuela a la guerra en el año 2008. De hecho, esta nueva política del gobierno venezolano es un escenario que no solo es reflejo del radicalismo que se vive actualmente en Venezuela, sino también de la complejidad y la profundidad de la crisis social colombiana, el conflicto armado y el narcotráfico.

Lamentablemente el daño está hecho. Las víctimas de este desplazamiento jamás podrán ser reparadas y difícilmente podrán olvidar la injusticia sufrida. Es una infracción que no va a ir más allá de álgidos discursos, notas diplomáticas de protesta, llamadas a consulta a embajadores, y denuncias ante la corte penal internacional presentadas por iracundos e indignados juristas, cuyo único fin es generar polémica.

El derecho internacional, la realidad y la historia indican que estos hechos jamás van a generar responsabilidad alguna en los que aparentemente serían los directos responsables: por un lado el Estado colombiano y los actores del conflicto armado que desplazaron esas miles de personas hacia Venezuela, y por otro lado el Estado venezolano y los ejecutores de las órdenes de Miraflores que están forzando por decreto el éxodo de colombianos de regreso a su país, donde su triste destino es menos que incierto.

 

 

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