El pasado 30 de agosto apareció un artículo en el New York Times firmado por el periodista Azam Ahmed en el que se daba a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto, en una reunión privada con hombres de negocios le habría dicho a Claudio X González Laporte, prominente empresario, que su hijo debería de ser menos crítico con el gobierno y que "la sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción".
El hijo al que se refería Peña Nieto es Claudio X González Guajardo, empresario y presidente de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Claudio X González padre ha sido un bastión del régimen por años. Presidente del Consejo Mexicano de Negocios que agrupa a los empresarios más importantes y acaudalados del país y miembro de distintos consejos directivos (Kimberly Clark, Televisa, América Móvil, Grupo Carso, JP Morgan entre otros), González Laporte le respondió al presidente, según lo afirma el periódico estadounidense, diciendo "estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo".
Pero, ¿cuál es el trabajo que está haciendo González Guajardo? Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha presentado una serie de investigaciones que tienen en común irregularidades y posibles actos de corrupción de funcionarios. Son conocidas sus investigaciones sobre Odebrecht y sus lazos con Emilio Lozoya exdirector de Pemex, las de gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Javier Duarte (relacionado también con Odebrecht) y Roberto Borge. También han realizado investigaciones sobre políticos tanto de derecha como Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), así como algunos ubicados a la izquierda del espectro político como Ricardo Monreal acusado de otorgar obra pública a amigos de su hija. Otras investigaciones han versado sobre el espionaje que ha ejercido el gobierno a activistas y reporteros, la corrupción que hay en el sistema de carreteras (CAPUFE) o el nepotismo descarado que existe en el sistema de justicia mexicano. Abrir tantos frentes le ha generado antipatías al más alto nivel al colectivo de MCCI.
González Guajardo fue espiado por el gobierno con el software Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group y que supuestamente debería ser adquirido por los gobiernos para combatir al terrorismo, carteles de drogas o grupos delictivos. Este software se utilizó contra personajes con distintos perfiles como Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e impulsor de la Ley3de3 que busca transparentar los ingresos, patrimonio y posibles conflictos de interés de los funcionarios; Miguel Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que representa a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa; y Carmen Aristegui, periodista que dio a conocer la “Casa Blanca” de Enrique Peña y los nexos con la constructora Higa, entre otras personas que han sido objeto de espionaje.
Aunque el texto apenas ha sido publicado, la conversación data de tiempo atrás, concretamente del 11 de mayo. ¿Cuál era el contexto de este diálogo?En España estaba en su apogeo la investigación de la 'Operación Lezo' que involucra por presunta corrupción a Juan Miguel Vilar Mir, principal accionista y presidente de la constructora Obrascón Huarte Lain (OHL), a Javier López Madrid, directivo de OHL y yerno de Vilar Mir, a Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar y a más de 60 miembros del Partido Popular (PP) y empresarios acusados de malversación de fondos públicos, falsedad documental, lavado de dinero y fraude entre otros cargos.
Entre los miembros del Partido Popular acusados está Ignacio González expresidente de Canal Isabel II (empresa hidráulica de gestión pública) y expresidente de la Comunidad de Madrid a quien OHL le hizo un presunto pago por una comisión de 1.4 millones de euros relacionada con la adjudicación del contrato de construcción y explotación de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles y Nalvalcarnero, proyecto que nunca se llevó a cabo. Según las autoridades españolas el depósito que se hizo a un banco suizo salió de las cuentas de la filial de OHL en México.
A la par de estas acusaciones en España y de los vínculos y financiamientos electorales al Partido Popular en 2011 y 2015 que se reavivaron en abril y mayo de 2017, OHL fue puesto bajo la lupa en México el 9 de mayo por Emilio Álvarez Icaza ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Álvarez Icaza denunció que el PRI y OHL habían montado un esquema de corrupción y desvíos de recursos para financiar las campañas electorales, principalmente las tres últimas del Estado de México y la presidencial que ganó Peña Nieto en 2006. El esquema, denuncian Álvarez de Icaza y el abogado Paulo Diez Gargari, se habría hecho a través de fraudes y aumentos de tarifas en la construcción del Circuito Mexiquense y del Viaducto Bicentenario en concesiones que se han ampliado hasta el 2051 y donde los costos podrían pasar de los 5.600 millones pesos del proyecto original (280 millones de dólares) hasta más de 60.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares). A eso hay que aumentarle la ganancia en el cobro de peaje y la posible manipulación de los estados financieros para aumentar la cotización en la Bolsa de Valores.
¿Cómo es qué una compañía constructora de segundo o tercer nivel en España consiguió abrirse tantas puertas en México de manera tan rápida? La respuesta parecería estar en su parte directiva. José Andrés de Oteyza y Fernández, ex Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial fue director de OHL México hasta abril del año pasado, cuando renunció debido a los escándalos de audios que circulan en internet desde 2015 donde los propios directivos de OHL reconocen estar haciendo fraude en la construcción de las carreteras del Estado de México. Además, en su consejo de administración participaron tres ex directores de Pemex, incluido Emilio Lozoya. De hecho, Lozoya renunció a OHL para tomar la batuta de Pemex en tiempos de Odebrecht.
OHL ha utilizado un esquema bastante similar al de Odebrecht. En España financió campañas electorales del Partido Popular y otorgó comisiones por obra pública a funcionarios. En Latinoamérica también se ha extendido a Chile, Colombia y Perú, principalmente. En México, nada ilegal se ha demostrado según las autoridades judiciales y electorales por lo que hasta ahora sigue operando con normalidad.
El presidente Peña Nieto demanda que la sociedad civil no hable más de corrupción. El caso Odebrecht es por un supuesto soborno de 10 millones de dólares, entonces, ¿cómo podríamos ignorar aumentos en los costos de inversión por 3.000 millones de dólares?
Claudio X González Guajardo no ha dudado en señalar a OHL y sus directivos entre los más corruptos del sector privado en México. Actualmente, directivos de OHL y políticos del Partido Popular están siendo juzgados en España. ¿Cuánto tardará en estallar la burbuja mexicana? ¿Lo hará con una Fiscalía General y un Sistema Nacional Anticorrupción a modo? Parece poco probable.