Sin duda la nota de esta semana en cuanto al proceso electoral mexicano ha sido que el candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador lleva ya una ventaja de más de 20 puntos al segundo lugar, algo no visto desde la contienda electoral de 1994. La brecha que se ha abierto entre el líder de las encuestas y sus adversarios políticos ha hecho que muchos analistas ya empiecen a hablar de una ventaja prácticamente irremontable. La estrategia que siguen hoy los candidatos rezagados no es la de contrastar propuestas sino que buscan "golpear" la figura del puntero para evitar su fuga en el sprint final. Los días por venir auguran la repetición de una "guerra sucia" o campañas de difamación como las que se han dado en otros procesos, principalmente en el 2006.
Sin embargo, en el contexto actual hay que poner especial atención en las actitudes o posiciones que privilegian el choque y la violencia verbal. No podemos olvidar que la situación en México se ha deteriorado tremendamente en los últimos doce años y que el país se ha convertido, por causa de la violencia, en la tumba de más de 250.000 personas en este lapso. Y aunque los ojos de todos están en los candidatos presidenciales, la violencia política que se vive en estos tiempos electorales es algo presente y preocupante.
Hace unos días vimos una caravana de casi cien personas que huían por la inseguridad y la violencia de San Miguel Totolapan, un pueblo en Guerrero, al sur del país. Lo insólito de las imágenes es que el éxodo era custodiado por el ejército. Incapaz de proveer de seguridad permanente, la función de los militares se redujo a la de simples escoltas por unas horas para el escape de la comunidad. Algunas consecuencias que se derivaron ha sido la cancelación de cinco casillas electorales en la región. ¿Cuántos sucesos similares a este se reproducirán al acercarse las elecciones? ¿Cuántos serán por la violencia inoculada por años y cuántos por acciones realizadas ex profeso para inhibir el voto? Un funcionario del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero declaró que "ahora el INE no solamente organiza elecciones o cuenta los votos de los ciudadanos, también busca las condiciones, dialoga con diferentes grupos fácticos, legítimos o no legítimos". Las palabras develan el clima de violencia en México y su incidencia en el proceso electoral.
Asesinato de candidatos y líderes políticos
Pero la violencia política no se reduce a la cancelación de casillas electorales. Todas las semanas leemos o escuchamos sobre los asesinatos de alcaldes, regidores o síndicos a lo largo y ancho del territorio. En los últimos dos sexenios han sido asesinados 116 alcaldes, entre ediles en funciones, electos y ex alcaldes. 49 de ellos fueron acribillados durante el sexenio de Felipe Calderón y 67 en lo que va del mandato de Enrique Peña Nieto. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) elaboró un mapa en donde identificó a Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, el Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas como las entidades más peligrosas para los alcaldes en México.
Muchos de esos municipios son poblados menores a los 10.000 habitantes donde se hace evidente la presencia del crimen organizado y la debilidad de las instituciones de gobierno y de seguridad. De acuerdo al estudio de Justice in Mexico, un alcalde tiene doce veces más de probabilidad de ser asesinado que un ciudadano común. Tal vez muchos de esos alcaldes están involucrados con el narcotráfico pero, probablemente todavía un porcentaje mayor sea el de los que se niegan a colaborar con los grupos delictivos, dado que muchos de los asesinados eran alcaldes electos que todavía no habían tomado posesión del cargo o incluso candidatos en pleno proceso electoral.
Es tal la magnitud del problema que ya prendió los focos rojos a nivel internacional. Hace un mes Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró en Madrid que "nos preocupan varios elementos en la elección mexicana. El primero es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país". Después de las declaraciones de Almagro, otros cinco alcaldes han sido asesinados mostrando que la problemática está más vigente que nunca.
Violencia generalizada
¿Cuál es la calidad de la democracia en un país donde las autoridades locales son eliminadas a placer con un alto grado de impunidad para los responsables? No hay que olvidar que en este país ya un candidato presidencial fue asesinado hace veinticuatro años. Sin duda, la violencia política tiene una amplia relación con la violencia generalizada que se vive en el país y ambas tienen una incidencia directa en la vida democrática nacional. Toques de queda, un amplio número de desplazados por motivos de seguridad y comunidades donde el Estado no tiene el monopolio legítimo de la violencia impactan negativamente en las aspiraciones y cualidades democráticas del país.
A poco más de dos meses de las elecciones esto es un foco rojo aunque a veces el centralismo que ha vivido México hace que lo saquemos de la ecuación. El que no se puedan instalar casillas electorales, exista una constante inhibición de la participación política en las comunidades menos pobladas, el robo de urnas que seguramente habrá en algunos lugares por grupos armados son situaciones que nos perjudican a todos. La OEA o diferentes organismos y ONG’s internacionales que han denunciado los hechos podrían coordinarse con instituciones nacionales que dominan la geografía nacional y participar en la vigilancia de los comicios y denunciar las irregularidades.
La violencia común, la violencia política y el miedo que emana de ambas deben ser erradicadas de la participación política si México aspira a la consolidación de un régimen democrático, tarea todavía inconclusa.