Toda nueva etapa genera expectativas y dudas y eso aplica para la relación que habrá de sostener López Obrador con los medios de comunicación y los periodistas cuando asuma la presidencia de México. La incertidumbre ha crecido porque, históricamente, la prensa mexicana y los grupos empresariales dedicados a la comunicación mantienen fuertes vínculos con el gobierno en turno y una parte muy importante de sus ingresos proviene de la publicidad oficial. El New York Times afirmaba en diciembre pasado que el dinero invertido por el gobierno no se refleja solo en la publicidad sino que permite controlar la información, evita la crítica y hasta genera un ambiente de autocensura entre más del 66% de los reporteros, por lo que afecta directamente a la libertad de expresión.
Hace una década, con Peña Nieto lanzado como candidato, se gestó una polémica relación entre los medios de comunicación y el entonces gobernador mexiquense, que incluía entrevistas a modo en distintos programas de televisión. Lo burdo de la situación ocupó un lugar estelar en el proceso electoral de 2012 a tal punto que surgió el movimiento estudiantil #YoSoy132, que rechazaba la imposición mediática y cuya principal demanda era la democratización de los medios de comunicación. Ante los cuestionamientos, Peña Nieto se comprometió a crear una nueva legislación electoral que incluyera los temas de publicidad oficial y comunicación política, pero esto quedó en promesa ya que la realidad fue que se gastaron alrededor de 3.000 millones de dólares en publicidad gubernamental y cuyos principales beneficiarios (aunque no los únicos) fueron medios que manifestaban afinidades con el oficialismo, principalmente la televisión que concentró el 80% de las contrataciones.
Consciente del rechazo de la gente a estas prácticas por el derroche que se hace del dinero público en la construcción de una imagen gubernamental idílica, AMLO ha propuesto reducir en un 50% el gasto de publicidad y centralizar la comunicación oficial ya que en esas áreas hay demasiada gente trabajando que no hace funciones de comunicación y que responden a favores políticos o a la colocación de familiares y amigos de los funcionarios. Derivado de esta nueva relación, seguramente habrá medios que se vean altamente afectados en sus ingresos, algunos de ellos probablemente tengan que cerrar, lo cual demostraría que vivían principalmente del erario público y no de un periodismo de calidad.
De hecho, algunos medios ya han empezado con la reducción de la plantilla laboral que se ve reflejado en el despido de algunas plumas con amplia trayectoria. Esto encendió las alarmas lo mismo en el antiguo oficialismo hoy convertido en oposición como en otros sectores que legítimamente cuestionan cuales son los mecanismos que ayudarán a la libertad de expresión. Hay que decir que la censura se ha expresado en los últimos gobiernos con algunos casos tan sonados como el de Vicente Fox contra el periodista José Gutiérrez Vivo o el de Peña Nieto contra Carmen Aristegui por haber destapado el escándalo de la 'Casa Blanca'. Ambos periodistas fueron removidos de sus espacios radiofónicos por estas disputas con los presidentes.
Entonces, ¿cuál sería la posible relación de López Obrador con los medios de comunicación y con los periodistas? ¿Existe la posibilidad de una censura similar a la que practicaron gobiernos anteriores? Primero hay que diferenciar entre dos tipos de medios de comunicación: por un lado, están las grandes empresas de radio y televisión que son las que suelen acaparar el dinero de la publicidad oficial y cuyos colaboradores principales tienen salarios de miles de dólares y, por otro, los medios independientes, digitales muchos de ellos, y con profesionales que apenas ganan lo mínimo. Es de esperarse que los más afectados sean los medios tradicionales, esos conglomerados empresariales que verán mermados en altos porcentajes sus ingresos comerciales ante las restricciones de la publicidad gubernamental. No sería raro que esos medios y sus principales corifeos enarbolen críticas sin mucho sentido o sustento contra el nuevo gobierno, movidos más por una cuestión visceral al ver perdidos muchos de sus privilegios económicos.
Es importante reconocer que sin libertad de expresión no hay democracia pero, igualmente, que no toda prensa es democrática ya que en muchos casos son simples apéndices de grupos económicos o empresariales de mayor envergadura. El cuarto poder es el único que no es votado ni elegido democráticamente, y que en no pocas ocasiones vela más por los intereses de una minoría empresarial que por los de la mayoría social. Así como hay liberalismo autoritario (Lorenzo Meyer dixit) también hay una prensa con esos mismos rasgos y que suele manejarse con la impunidad de quien ha compartido el poder por décadas. Incluso, en Brasil la han nombrado como "coronelismo informativo".
Varios de los gobiernos progresistas de Latinoamérica se han enfrentado con este escollo. El fortalecimiento de la televisión pública o el rompimiento de los monopolios comunicativos a través de nuevas concesiones del espacio radioeléctrico pueden ser motivo suficiente para que una empresa se dedique a golpear de manera sistemática a un gobierno o a un político. Hay que estar atentos a esto y pensar, como dice el periodista español Pascual Serrano, que "a diferencia de otros poderes, los medios no tienen un contrapoder. El gobierno tiene una oposición, los empresarios tienen unos sindicatos, las empresas tienen asociaciones de usuarios.[Pero] no hay contrapoder al mediático. Se intentó con los denominados observatorios de comunicación pero no se han consolidado". Tal vez, en el futuro cercano el derecho de las audiencias, de reciente introducción en México (2013-2014), deba volverse en un eje fundamental para la libertad de expresión, tanto o más que la libertad de prensa.
Mientras, por otro lado, están los medios y el periodismo independientes que captan pocos recursos públicos, cuyos colaboradores tienen ingresos exiguos y que, en México, se juegan la vida descubriéndonos noticias sobre la corrupción política, el narcotráfico o la violencia endémica que azotan al país. Medios impresos y portales digitales como Animal Político, La Silla Rota, Sin Embargo, Contralínea, Río Doce, Semanario Zeta o el sempiterno Proceso, entre otros, dan fe que un periodismo crítico y alejado del oficialismo es posible. A nivel personal, existe un periodismo de investigación liderado por mujeres y hombres con un alto compromiso ético y social como lo demuestran las investigaciones ya indispensables de Lydia Cacho, Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, Adela Navarro, Marcela Turati, Javier Valdez, Laura castellanos y muchos otros que han producido una extensa literatura en los temas más espinosos de la realidad mexicana, a veces a costa de su propia seguridad e incluso de su vida. Este tipo de periodismo es el que debe mantenerse y ampliarse de ser posible, un periodismo siempre incómodo con el poder pero siempre basado en investigaciones profundas y concretas y no en meros pareceres u opiniones sin fundamento.
Sin duda es una acción positiva el que el próximo gobierno no busque derrochar dinero público en la promoción de una imagen personal o institucional. A la vez debe garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las audiencias, algo en lo que sus predecesores claudicaron muy rápidamente. Y también, de manera inmediata, debe ayudar en la protección y seguridad para los periodistas en un país que está catalogado como el más peligroso para ejercer la profesión. Si cumplen en estos pequeños pero indispensables puntos realizará más por el periodismo y la libertad de expresión que lo que hicieron sus antecesores inmediatos.
@BuenrostrJavier
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